Posteado por: Javier | enero 15, 2011

La pena de muerte: algunas otras cuestiones (conclusiones)

Conclusión (por fin) de esta serie de entradas que, por diversas cuestiones, se había quedado colgada y sin terminar desde finales de diciembre.

Recordando la última, en ella terminé hablando de la moratoria de facto en la aplicación de la pena capital que provocó la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Furman v. Georgia, en 1972.

A día de hoy, la situación en la siguiente: la doctrina acerca de la constitucionalidad de la pena de muerte es la de la sentencia de la Corte Suprema en el caso Gregg v. Georgia, de 1976, en la cual, el Alto Tribunal declaró por una mayoría de 7 votos a 2 (los de los magistrados abolicionistas William J. Brennan y Thurgood Marshall) que este castigo tenía cabida constitucional en los casos de asesinato, al no violarse la Octava Enmienda de la Constitución, según la cual “no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles e inusuales”. La Octava Enmienda, en primer lugar, por tanto, prohíbe las penas crueles, que serían las que causan un dolor innecesario y gratuito, así como las que resultan inusuales, en el sentido de que sean totalmente desproporcionadas en relación con el delito cometido. Como la Constitución no prohíbe la pena de muerte y su aplicación tiene siglos de historia su uso tiene perfecta cabida en el marco constitucional estadounidense por cuanto que, en los casos supuestos de asesinato, no es desproporcionada en relación al delito cometido. Deben ser los distintos legisladores, estatales y federal, quienes valoren la necesidad o conveniencia de implantar este castigo.

Hay que recordar, no obstante, que Furman v. Georgia no cuestionaba la constitucionalidad, en sí, de la pena capital sino un aspecto concreto de su aplicación, considerando, como vimos en la entrada anterior, tras las numerosas presiones de los grupos “pro-derechos civiles”, que la misma era “arbitraria” y “discriminatoria” por “motivos raciales”, dejándola en suspenso hasta que los estados adaptasen sus legislaciones a los requisitos establecidos por la Corte Suprema en la sentencia. Introdujeron en sus leyes penales, en sustitución del procedimiento unitario anterior, las dos fases:

1. El juicio de culpabilidad: en el que se realiza la selección del jurado, debiendo ser miembros partidarios de la pena de muerte, en este proceso concreto (es obvio y es absurdo que participara un reconocido abolicionista), lo que no quiere decir que, por ello, deban sentirse conminados a aplicarla al caso que se esté ventilando. A continuación, las exposiciones de apertura, en la que los abogados de cada parte presentan sus alegatos sobre los hechos y las pruebas en que los fundamentan, recayendo la carga de la prueba en el fiscal, existe una presunción de inocencia del acusado, y la exposición final, en la que los abogados informan en conclusiones y piden al jurado que aplique la ley en favor de su cliente. Finalmente, el jurado, tras reunirse en privado, hace público su veredicto de inocencia o culpabilidad.

2. El juicio de determinación de la pena: si el veredicto del jurado ha sido de culpabilidad, se procede al examen de las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en el caso, con los testimonios de los testigos e implicados en los hechos que sirvan para evaluar el daño financiero, físico y psicológico provocado por el delito cometido en la víctima y su familia. El jurado decide entre pena de muerte o la inmediatamente inferior, dictando el juez, a continuación, la sentencia. A partir de ese momento, se invierte la carga de la prueba y esta corresponde al reo, quien tendrá que probar que hubo defectos en el juicio (a través de la apelación directa) , poner en duda la actuación de los fiscales o el jurado (la revisión post convictum) o solicitar el habeas corpus, en este último caso, mediante una solicitud de la defensa de que el acusado comparezca de nuevo ante el juez para exponer sus alegaciones contra las causas de la detención o las condiciones en que ésta se produjo. La decisión sobre la validez o la nulidad del procedimiento puede ser recurrida ante el Tribunal Federal de Apelaciones y la de ésta, ante la Corte Suprema.

Gregg v. Georgia, en 1976, dio el visto bueno a la reforma y a este procedimiento bifurcado en dos ramas, confirmando la constitucionalidad de la pena capital. Desde entonces, el Tribunal Supremo no ha vuelto a emitir ningún veredicto sobre la constitucionalidad, como en Furman, sino sobre su aplicación o no a algunos delitos. La pena de muerte no ha sido tumbada, es cierto, pero poco a poco, paso a paso, ha ido restringiéndose cada vez más, con el Supremo erigido en “tasador” de la mayor o menor “proporcionalidad” de la ley (OJO: NO de la constitucionalidad de la misma) o en si la aplicación de la pena a ciertos criminales estaba respaldada por un verdadero consenso nacional.

Comenzó, de esta forma, un proceso por el cual Coker v. Georgia, en 1977, consideró inconstitucional la imposición de la pena de muerte para el delito de violación, Edmund v. Florida, en 1982, a los cómplices que, sin ser autores directos de la muerte de la víctima, habían participado en un robo, en el transcurso del cual, se había producido un asesinato, Ford v. Wainwright, en 1985, prohibió la aplicación de la pena capital a reos que sufran un trastorno mental en el momento de la ejecución de la pena, Atkins v. Virginia, en 2002, y Roper v. Simmons, en 2005, dictaminaron la inconstitucionalidad en el caso de retraso mental o ser menor de 18 años.

Algo aún más lamentable, en 2008, Kennedy v. Louisiana declaró la improcedencia de la pena de muerte como castigo para la violación de niños, decisión adoptada por 5 votos a 4. El recurrente ante el Tribunal Supremo, un sujeto llamado Patrick Kennedy, había sido condenado a muerte en Luisiana por haber violado brutalmente a su hijastra, hasta el punto de que la niña, de solo ocho años de edad, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a causa de las lesiones sufridas en la zona anal y vaginal. Kennedy, utilizando a la menor, hizo creer a la policía, en un principio, que ésta había sido violada por dos jóvenes que se habían dado a la fuga. Sin embargo, las investigaciones y la confesión final de la menor llevaron a concluir la culpabilidad de Kennedy, quien fue condenado a la pena de muerte (decisión adoptada por unanimidad) por el jurado de Luisiana, donde las ley penal prevé la pena capital para la violación de un menor de doce años. Kennedy basaba su recurso ante la Corte Suprema en la posible falta de constitucionalidad de la pena impuesta a partir de la prohibición de penas crueles e inusuales contenida en la Octava Enmienda. El Tribunal Supremo declaró, con el voto a favor de los cuatro magistrados “liberales” (progresistas diríamos aquí) más el de un “moderado” y el contrario de los cuatro “conservadores”, que la pena de muerte solo es legítima en el caso de su imposición “a aquellos delincuentes que incurren en el reducido catálogo de crímenes más graves y cuya extrema culpabilidad les convierte en los principales merecedores de la ejecución”. Para estos cinco magistrados, no existía un consenso nacional, pues la última vez que en EEUU se había ejecutado a alguien por violar a un niño había sido en 1964, en el Estado de Misuri. Después de Furman, solo Georgia, Carolina del Norte, Luisiana, Florida, Misisipí y Tennessee habían reintroducido en sus legislaciones la pena de muerte para el delito de violación, pero, al declarar el Supremo, en Coker v. Georgia, solo un año después de Gregg, que la pena de muerte en los casos de violación de una mujer adulta era inconstitucional, no pudo volver a producirse ninguna condena por este motivo. Luisiana había reintroducido la pena de muerte en 1995 para las violaciones de niños, sin embargo, por estos magistrados se entendió que, al no contemplarse en más estados, aparte de Georgia, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas, ni en la legislación federal, no existía el suficiente consenso nacional para su aplicación. Sin embargo, el verdadero argumento peregrino fue aquel, según el cual, la proporcionalidad en la aplicación de la pena de muerte se basa en los “cambiantes estándares de decencia que trazan el progreso de una sociedad que madura, que obligan a la moderación y la contención” en la aplicación de la pena capital.

Entre estos recortes decretados por el Supremo, un rayo de luz: Tison v. Arizona, en 1987, mantuvo que la pena de muerte es constitucional cuando el reo, pese a no ser autor material de la muerte de la víctima, hubiera participado de forma notable en la ejecución del crimen y con un notorio desprecio por la vida humana. Eso sí, una decisión por cinco a cuatro a favor de la pena de muerte, lo que da una idea de que, en no pocos casos, la decisión sobre los distintos casos en que es o no admisible este castigo, que no su constitucionalidad en sí, como he explicado, depende del juego de las mayorías en el Tribunal. La constitucionalidad no se cuestiona, pero, caso a caso, poco a poco, se va erosionando la pena capital.

En 1994, el magistrado Harry Blackmun, quien había votado en 1976, en Gregg v. Georgia, por la constitucionalidad de la pena de muerte, decía en el voto discrepante que emitió en Callins v. Collins, que “finalmente este Tribunal llegará a la conclusión de que los esfuerzos por eliminar la arbitrariedad y preservar la imparcialidad ‘en la causación de la muerte están tan claramente condenados al fracaso que debe desistirse de ellos y abandonar, al mismo tiempo, la pena”. En 2008, al decidirse sobre la constitucionalidad de la inyección letal como método de ejecución, en Baze v. Rees, el magistrado John Paul Stevens, que también había votado favorablemente en 1976, afirmó que la existencia aún de la pena de muerte en EEUU era fruto de “la fuerza de la costumbre y la desatención y no de un proceso deliberativo razonable que pondere los costes y los riesgos de administrar esta pena con aquellos beneficios susceptibles de ser identificados, basándose en buena medida en una errónea asunción de la fuerza retributiva de dicha pena”.

La voluntad de un par, al menos, de magistrados del Tribunal Supremo es claramente abolicionista. Las legislaciones estatales, viendo ejemplos como los de estos estados que ampliaron la pena de muerte a la violación de niños, en general, no parecen estar por una reducción de los casos a aplicar este castigo, mientras que constitucionalmente no parece viable, al menos a corto plazo, una enmienda expresamente tenga como resultado la abolición de la pena de muerte. El actual presidente, Barack Obama, y John McCainn se mostraron partidarios del mantenimiento de la pena de muerte en la campaña electoral de 2008. El legislativo, poder cuyos representantes son elegidos democráticamente por el pueblo, hoy por hoy, no tiene visos de que vaya a expulsar la pena de muerte del sistema legal norteamericano. Es un órgano no elegido democráticamente, como el Tribunal Supremo, el que se encarga de pretender erigirse en protagonista de la abolición de la pena de muerte en EEUU. Tanto es así, que, con independencia de la asfixia de la pena capital, reduciéndola de facto cada vez más, que ha ido provocando parece que únicamente el Tribunal Supremo es el que hipotéticamente declararía la definitiva inconstitucionalidad de la pena de muerte, a pesar de la dificultad de ello en base a la Octava Enmienda.

Esto mismo, hubo de recordarlo el magistrado Antonin Scalia, ante esta valoración de su colega Stevens, en Baze v. Rees, en la línea de Clarence Thomas, al emitir su voto particular. Scalia insistió en que la valoración sobre si los beneficios que aporta la pena de muerte son suficientes para justificar su imposición, es una apreciación que  corresponde a los legisladores elegidos democráticamente y no a los jueces, siendo incuestionable que la Constitución reconoce implícitamente en varios pasajes que la pena de muerte es un castigo que tiene cabida dentro del ordenamiento de los Estados Unidos: “el pueblo ha decidido que existe una contribución adecuada a fines sociales o públicos y, por tanto, no compete a unos jueces que no han sido votados obviar tal decisión”.

Se puede tener cualquier opinión moral o legal sobre la pena de muerte (la mía es favorable), el juez puede tenerla y es muy legítima, sea la que sea, pero lo que no es de recibo es pretender convertirse en un juez estrella. El Juez está sujeto a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y es inadmisible que con una toga se dedique desde su estrado a hacer política, que eso es en lo que termina cuando piensa que puede retorcerla para darle el sentido de lo que él entienda por justicia. Es por eso que lo de Garzón, aquí en España, es intolerable. Mi opinión es la misma. Creo que Garzón es un trápala y sus motivos no es que sean muy altruistas, más bien lo que busca es autopublicitarse y promocionarse a ver si lo colocan en alguno de estos tribunales justicieros universales. Pero, suponiendo que fuera un idealista de la “justicia universal” y de que hay que honrar legalmente a las víctimas del franquismo (lo cual, dicho sea de paso, no es que esté mal), que puede ser muy noble, no lo pongo en duda, Garzón tiene todo el derecho a hacerlo colgando la toga y constituyendo una asociación y presentando una iniciativa legislativa en el Congreso, o afiliándose a un partido político, o ejerciendo su libertad de expresión en libros o conferencias, etc… pero no retorciendo o utilizándo las leyes vigentes a su antojo, como presuntamente ha ocurrido.

Lo mismo sucede con la pena de muerte y todas las limitaciones que se están imponiendo desde el poder judicial a su aplicación, llevándola de facto a un camino muy cercano a su derogación al margen del proceso legislativo.

Clarence Thomas dice que el Tribunal Supremo no está autorizado para legalizar ni ilegalizar nada, solo para determinar si algo es constitucional o no lo es, de ninguna manera para legislar desde el banquillo. Para Scalia, el órgano democráticamente elegido es el encargado de legislar.

Lo mismo digo.

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Responses

  1. efectivamente, los jueces “solo” se han de dedicar a aplicar las leyes aprobadas por el legislativo, cosa que hicieron los jueces alemanes durante la época nacionalsocialista, dictar penas de esterilización o enviar a la muerte a gente por pertenecer a determinados grupos étnicos, cumpliendo así escrupulosamente su ordenamiento jurídico

    • Toni, vaya estupidez de comentario y qué gastado está ya el argumento de la Alemania nazi (¿no se les ocurre nada nuevo?), como si acaso en los países democráticos actualmente estuviésemos en un régimen totalitario como el nazismo.

  2. Jojojojojo esta sí que es buena, uno que se autodefine como liberal defendiendo el positivismo más colectivista. Pensé que no lo vería nunca, pero ahí está

  3. Claro, liberalismo es libertad ordenada por las leyes aprobadas por los parlamentos democráticos. ¿O qué, si no?: “Como no me gusta esta ley, ¡ea, pues no la cumplo! Y si me dices lo contrario eres un tirano, eres un colectivista, tío”. Eso, ¿no?

    Hombre, no pensaría en encontrarlo sencillamente porque hoy día no hay liberalismo apenas, lo que hay (y se hace llamar “liberalismo”) no es más que libertarianismo anárquico y mucha caspa.

    Cumplir las leyes estrictamente eso es “colectivismo positivista”, ¿no? Uyyy, sí, sí, la Unión Soviética o la Cuba castrista como mínimo, es muy similar.


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