Posteado por: Javier | marzo 16, 2011

La regulación de la propiedad: servidumbres administrativas (II)

Terminé la entrada anterior con la pregunta de si es irrazonable toda intervención pública en la propiedad privada.

En el Código Civil se regulan una serie de límites y servidumbres entre particulares que suponen un menoscabo del dominio pero que no son inaceptables, por muy amplio concepto de las facultades de la propiedad privada que se tenga. En materia de limites y servidumbres al dominio de carácter público es cierto que hay mucha inflación de ley de la época franquista, pero son leyes que no han sido declaradas inconstitucionales ni derogadas por otras en la misma materia (como aquí lo que parece que más interesa es legislar sobre ingeniería social nos olvidamos de otras cosas), pero ahora vamos a ver algunos ejemplos de Derecho público, por motivo del “bien común” o “interés general” y si son o no irrazonables desde un punto de vista liberal, de forma más o menos resumida, sin extender mucho un “rollo” jurídico.

El artículo 350 del Código Civil, recordamos, prescribe que “El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía”. Y, de hecho, en el subsuelo existe un dominio público, de acuerdo a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en su artículo 2.1, y el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en su artículo 12. En concreto, según la Ley de Minas, Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso”, y, de acuerdo con la Ley de Aguas, “El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad, con la salvedad prevista en el apartado 2 del artículo 54″, la explotación de aguas de manantiales cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos.

En cuanto al vuelo, también hay una serie de límites determinados en las distintas leyes urbanísticas autonómicas o en la ley estatal del suelo y la gestión del espacio aéreo, es decir, la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. El límite que determina esta Ley es que ningún propietario puede impedir que pasen las aeronaves por su territorio.

Igualmente, existen límites en la zona marítimo-terrestre, tal como vemos en el artículo 132.2 de la Constitución: “Son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”. En este artículo se inspira la ley 22/1988, de 28 julio, de Costas. Según el artículo 23 de esta Ley, existe una servidumbre de protección que recae sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. Y, de conformidad con el artículo 25, dentro de esta zona estarán prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación, la construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio, las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos, el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión, el vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración o la publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. Para las actividades permitidas será necesaria la licencia de la Administración del Estado.

También existen en las costas las conocidas como servidumbres de tránsito y de acceso al mar. La de tránsito recae sobre una franja de 6 metros, ampliables a 20 metros para lugares de tránsito difícil o peligroso, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. La de acceso público y gratuito al mar recae sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. Según el apartado 2 del artículo 28 de la Ley de Costas, para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de especial protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación. Son de utilidad pública a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre de paso por la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado anterior. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la Administración del Estado, termina diciendo el apartado 4 de este artículo.

Algo que hay que aclarar. Estas “servidumbres” constituyen límites a la propiedad (no son indemnizables), y es un error legislativo catalogarlos, en muchos casos, de “servidumbres” puesto que son verdaderos deberes positivos del dueño, mientras que, en otras ocasiones, consisten en deberes de tolerar o de no hacer, que cuando recaen sobre bienes inmuebles tiene alguna similitud con las servidumbres, de ahí el nombre de “servidumbres administrativas” que reciben.

El artículo 530 del Código Civil define “servidumbre” como un “gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto propietario”. Estas servidumbres reales conllevan la existencia de dos inmuebles, uno conocido como “predio dominante”, en favor del que se establece la servidumbre, y otro como “predio sirviente”, el que soporta el gravamen. Las servidumbres entre particulares pueden tener su origen en la voluntad de los propietarios o en la Ley.

Para la doctrina jurídica de nuestro entorno, en Derecho público deben admitirse en Derecho público las categorías pertenecientes al privado que coincidan en lo esencial con el primero. Sin embargo, la española, aunque no de forma unánime, solamente contempla las servidumbres sobre bienes privados en favor de bienes públicos. Para el ya difunto Fernando Garrido Falla, autor del famoso Tratado de Derecho Administrativo” con el que han estudiado numerosas generaciones de alumnos de Derecho, en las servidumbres de Derecho público no era lo esencial la existencia de un predio dominante, como es el caso de las que existen en el Código Civil en favor de particulares, es más, normalmente, ni siquiera existe un “predio dominante”. La servidumbre pública se establece en favor de la comunidad, sin que ello suponga un uso del predio sirviente por parte de la misma. Es por ello que no siempre es exacto denominar “servidumbre” a estos límites: abarcan cualquiera impuesta sobre la propiedad privada por razón de interés público, no solo las reales.

Las distintas leyes, en consecuencia, establecen, bien llamándolas “limitaciones” o bien “servidumbres”, algunas como las siguientes, aparte de a las que he hecho referencia antes: la colocación de buzones, farolas y placas, las de paso para conducciones eléctricas, las de paso, acueducto, de estribo de presa y parada o partidor, de abrevadero y saca de aguas, de camino de sirga, las “servidumbres militares”, las limitaciones en interés de la defensa nacional, las limitaciones por razones histórico-artísticas, por razón de proximidad al dominio público, montes, carreteras, ferrocarriles, la prohibición de venta o arrendamiento de las viviendas de protección oficial durante un plazo de x años desde su adquisición (normal, no esperará el adquirente lucrarse con un inmueble abaratado mediante la inyección de dinero público, de dinero de todos), delimitaciones sobre la propiedad agraria, etc.

Hemos visto toda una demostración de “socialismo” en esta legislación, por supuesto. Sí, señor.

Como nunca me cansaré de repetir, el liberalismo necesita un Estado y un marco legislativo en el que los ciudadanos de ese Estado desarrollen su libertad. Si la ley, con ocasión de un interés general, no pudiera establecer una regulación de la propiedad privada y el contorno de las facultades de los propietarios, con sus límites, caeríamos en una selva anárquica en la que las obligaciones que debe cumplir el Estado no podrían cumplirse. Es por eso que la protección a la propiedad privada, aparte de todo, no se encuentra dentro del Capítulo I del Título I la Constitución (ahí sobran varios “derechos fundamentales” pero no es este el caso).

Algo que deben entender hasta los lectores más “libertarian”, dentro de la audiencia: fijar limites legales a todo el haz de facultades del propietario no es ni violar la propiedad ni despojar de ella a su titular. No es “comunismo” ni volver al “koljos”.

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Responses

  1. Me ha gustado lo que usted ha respondido en el hilo anterior para poner a determinadas tendencias peligrosas en su sitio.

    Es cierto que en la CE es interesante ver que lo de la propiedad no está incluido en el Título I, Cap.1. De hecho tiene su lógica, porque hay intereses generales como la vivienda para determinados “grupos” fruto del consenso de la Transición.

    También me hace muchísima gracia, cuando no me provoca ganas de burlarme, ver como los libertarians utilizan argumentos tipo “BUENO LOS FUNDADORES DE EEUU CREÍAN EN LA PROPIEDAD PRIVADA ABSOLUTA”. No, paletillo, NO.

    APRENDE HISTORIA, IMBÉCIL. Veamos —

    La “economía”, en la época de la Guerra por la Independencia de los EEUU, era una red compleja de monopolios y todo tipo de regulaciones contra la competitividad. El propio WILLIAM BLACKSTONE, jurista liberal de la época por excelencia, pensaba que era OBVIO que el gobierno obligara a los granjeros a triturar el maíz en un sitio designado, atención, PARA TODOS.

    Los dueños de pequeñas embarcaciones de la época podían hasta demandar a los constructores de puentes por competencia desleal en ese periodo. Si le interesa a usted el caso avíseme.

    Los pueblos americanos regulaban, de forma habitual, los impuestos que se cobraban a los granjeros, y prohibían la construcción de carreteras privadas que cobraran peaje, ya que esto era una competencia contra el gobierno.

    Estoy harto, hartísimo de que como los libertarianos repugnantes utilizan la Constitución de los EEUU como si fuera una tabla de contacto directo con los espíritus de políticos que han muerto hace más de dos siglos. Me recuerdan un poco a los españolitos fachas que no paran de hablar del “honor el honor el honor” y las “injurias”. Me MOFO de esa gente.


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