Posteado por: Javier | septiembre 8, 2010

El Tribunal Supremo confirma el procesamiento del juez estrella

Buena noticia ayer, sinceramente, para el Estado de Derecho. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado por unanimidad el auto dictado el pasado mes de abril en el que el magistrado de este órgano Luciano Varela resolvía sentar en el banquillo de los acusados al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo. La Sala, integrada por los magistrados Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo avala en el auto, fechado el pasado 26 de julio y notificado hoy, la instrucción realizada por Varela, que había sido impugnada de forma reiterada por el juez suspendido de la Audiencia Nacional.

Probablemente, volveremos a tener a toda la progresía chillando de aquí a poco, en un coro de griterío y añoranza de aquellos días de marzo de 2004, en los que el consumo de botellones y porros se disparó y las meadas fétidas inundaron las calles en toda España. Siendo unos auténticos analfabetos, y no sólo jurídicos, se han dedicado a defender a Garzón de la única forma que pueden, dentro de su incapacidad: apelando a las vísceras, agitando emociones y fabricando eslóganes y consignas. Hasta un lector medio de “Público” y “El Plural” sería capaz de entender, a la vista de los preceptos legales, sin necesidad de ser un experto conocedor de la jurisprudencia penal española, el motivo por el cual el juez estrella va a tener que sentarse en el banquillo. Pero no: Garzón es un “perseguido” por ser “valiente” y “atreverse” a “investigar el franquismo”. ¡Ea! Entre comillas por supuesto, y muchas comillas, lo de “investigar el franquismo”, puesto que Garzón supuestamente, de ser ciertas las acusaciones, no solamente habría vulnerado las normas procesales de la forma más grosera, sino que es más, lo dejó guardado en el cajón del olvido durante dos años (sólo ha “sacado en claro” que Franco está muerto y enterrado), sin desempolvarlo hasta que pensó que le podía servir publicitaria y mediáticamente.

No es el difunto dictador fascista Francisco Franco Bahamonte ni los imputados en la trama Gürtel quienes tipifican la conducta de un juez como prevaricadora, sino el Código Penal. Garzón está imputado no en una, como se insiste constantemente (la relacionada con la Memoria Histórica), sino en nada menos que tres causas por prevaricación. Algo verdaderamente digno del “Guinness”.

Tiene toda la pinta de ser el fin de una carrera de búsqueda continua de la fama. Así lo acredita su gusto por pretender perseguir a sátrapas y dictadores. Aparte de que, curiosamente, siempre se olvida de los de izquierdas (y eso que, con estos tiene material de sobra para entretenerse), pudiera ser algo noble en apariencia si no fuera porque todo parece haberlo hecho meramente con fines publicitarios, guardando los asuntos en el cajón del olvido y desempolvándolos cuando le venía bien a su ego. El Tribunal Constitucional consagró en 2005 la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar delitos de genocidio perpetrados fuera de las fronteras del Estado, incluso aunque no hubiera españoles entre las víctimas, y aunque, sinceramente, esto me parece un disparate puesto que la competencia del juez, en el Derecho Penal español, se rige por la territorialidad, por el sitio donde se haya perpetrado el delito, donde se hayan descubierto pruebas o donde haya sido aprehendido el reo, es jurisprudencia constitucional y debo respetarla, aunque no la comparta.

Aparte del presunto delito de cohecho en el asunto del “querido Emilio”, en lo que hay que insistir es en que, en su pretensión de juzgar a Franco y sus colaboradores, Garzón se habría saltado a la torera cuando pretendió ignorar sus competencias jurisdiccionales, la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, los plazos de prescripción de nuestro Código Penal, la vigente Ley de Amnistía de 1977, que le impedían abrir su disparatada y sectaria causa penal contra el franquismo. Eso sí, Garzón, y esta es otra, sentó una curiosa doctrina en el auto por el cual se declaró competente para la investigación de los crímenes del franquismo. Los consideró “crímenes contra la Humanidad” en base a que se cometieron contra “instituciones legalmente establecidas o Altos Organismos del Estado” no así los del Frente Popular, que no merecerían el mismo calificativo por no dirigirse contra “instituciones legales”. Según esta doctrina, por ejemplo, el intento de golpe de Estado contra Hitler y la cúpula nazi en 1944, con un frustrado atentado mortal incluido, podría considerarse un “crimen contra la Humanidad”. En cambio, el Holocausto, por no dirigirse contra un gobierno ni instituciones legales no sería un crimen contra la Humanidad, según esta delirante idea garzonita. Es de locos.

Con todo, incluso más grave aún sería la cuestión de las escuchas de las conversaciones entre los imputados en la trama Gürtel y sus abogados, las cuales sólo pueden ser intervenidas en los casos de terrorismo o cuando el propio abogado esté implicado en la comisión del delito, y eso mediante la oportuna y expresa autorización judicial. Es evidente que el caso Gürtel no tiene ninguna relación con el terrorismo sino con el blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y tráfico de influencias, tal y como el propio Garzón atestiguó en su auto de procesamiento. Y es cierto que llevaba la defensa de Correa un abogado presuntamente implicado en la causa, pero éste dejó su defensa a otro letrado, pese a lo cual, presuntamente se realizaron las escuchas sin anular el auto anterior que las autorizaba ni emitir uno nuevo que autorizase a seguir interviniendo sus conversaciones, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De confirmarse en sentencia firme todas las acusaciones que pesan sobre él, ayer, martes, habrá sido de nuevo un gran día para el Estado de Derecho.

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