Posteado por: Javier | septiembre 20, 2010

Feminismo radical, un enemigo para las mujeres

En este tema, al igual que en la supuesta defensa de otros colectivos, como los homosexuales, podemos convencernos de que estamos metidos hasta el cuello en el fango de lo absurdo e impregnados en la dictadura de lo políticamente correcto.

Cuestión previa, decir que el mote que se le ha puesto a determinadas individuas, el de “feminazis”, es algo que rechazo. Si queremos defender algo con un mínimo de seriedad, lo mejor es no meternos en una guerra de motes a ver a quién se le ocurre el más “ingenioso” y peyorativo. Aparte, como siempre he sostenido, me producen un gran rechazo las agresiones a las mujeres, sea donde sea y por el motivo que sea, ya sea violencia doméstica o del tipo que sea, ante todo porque normalmente las protagonizan tipos que no tendrían lo que hay que tener para enfrentarse a un hombre.

Pero una cosa es defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, en el ámbito público, y otra pretender que para compensar una supuesta desigualdad de origen hay que sacarse de la chistera desigualdades justicieras o eliminar la libertad de asociación.

Esto fue algo que denunció en los últimos días de diciembre del año pasado el magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla, Francisco de Asís Serrano Castro, en unas declaraciones en las que se refirió al disparate que supone el doble rasero que introdujo en su momento la Ley de Medidas contra la Violencia de Género de 2.004, dependiendo de si el agresor es hombre o mujer, así como la multitud de casos de denuncias falsas por parte de mujeres o las silenciadas muertes de hombres que también causa la violencia domestica.

Algo de puro sentido común. Si la discriminación positiva (por más que, en algunos casos, pudiera ser bienintencionada) es algo rechazable de plano, más aún, si cabe, debe serlo en materia penal, donde nos lleva al auténtico disparate de que un mismo delito merezca distinta calificación y pena dependiendo… ¡del sexo del autor!

Esto, sin embargo, motivó la respuesta de una veintena de organizaciones feministas (entre ellas la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y el Departamento Confederal de la Mujer de UGT, etc.) quienes se lanzaron a la carga por medio de una campaña para denigrar públicamente a Francisco Serrano, llegando a elevar un escrito de queja al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, en el que solicitaban la apertura de un expediente disciplinario por causa muy grave. Quien llegó más lejos fue la representante de la Federación de Mujeres Progresistas afirmó en su intervención que el juez Serrano, “amparándose en los medios, sigue haciendo daño a las mujeres puesto que se comporta como cualquier maltratador”. Pero no se quedó corta tampoco la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez, al afirmar que las razones por las que se había puesto en marcha esta petición de investigación contra el magistrado era determinar si “los presupuestos básicos emocionales de su ideología personal le permiten ponderar con racionalidad la temática social de la violencia de género de que se ocupan los Juzgados de Familia de España”. Es decir, averiguar si Serrano no estaba bastante identificado con la ideología de género más radical como para ser juez de familia. Las feministas radicales argumentaban que el juez preside la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP), a la que vinculaban con los grupos de hombres que para defenderse de una imputación de maltrato acusan a sus parejas de manipular a sus hijos para que pierdan su custodia.

Los hechos son los que son, les guste o no a las representantes de estos colectivos: de los 9.800 procedimientos que se incoaron en 2008 en Andalucía por esta causa, más de un 90% se han archivado o han acabado en absolución. Esto no era una opinión personal y particular del juez Serrano, sino un dato de la propia Fiscalía. Naturalmente, el juez Serrano fue el primero en admitir que, en algunos casos, la falta de condena podría deberse, no a que la denuncia fuera falsa, sino a la falta de pruebas. Sin embargo, lo cierto es que también hay mujeres que se inventan esos malos tratos, bien sea por despecho, bien sea para mejorar las condiciones del divorcio, perjudicando, por otro lado, a quienes verdaderamente hayan sido víctimas de los mismos, ante el colapso judicial que crean.

Nuevamente, queda de manifiesto lo que es este feminismo, consagrado en nuestra legislación, por primera vez, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual define el maltrato a la mujer como “las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES QUE ACTÚAN SOBRE EL GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO, SITUÁNDOLA EN UNA POSICIÓN DE SUBORDINACIÓN AL HOMBRE”; mientras que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, afirma sin ningún pudor en su Exposición de Motivos que “el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella “perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros”, en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”.

Es decir, en estas dos leyes, en la primera se afirma solemnemente que la mujer es un ser en una posición tradicionalmente “subordinada” al hombre, situación ante la cual, para la segunda, la plena igualdad de toda persona ante la ley sin ningún tipo de discriminación, el principio básico de todo Estado de Derecho, no es suficiente, puesto que el hombre, habitualmente, tratará a las mujeres de forma discriminatoria con respecto a él. Para este feminismo radical, será necesario crear una nueva desigualdad, que compense dicha desigualdad de origen: la igualdad ante la ley, al garete.

En este sentido, lo declarado por el juez Serrano no era más que otra realidad: las ideas del feminismo radical son seguidas al pie de la letra por esta disparatada legislación. La ley, al hablar de violencia de género, se refiere exclusivamente al maltrato de los hombres contra las mujeres. Cuando se habla de medidas preventivas, de apoyo y de reinserción social sólo se considera posibles beneficiarias a las mujeres. Según el legislador, o no hay hombres que sufren agresiones o no merecen esas ayudas. Ello, aparte de las penas mucho más graves si los maltratadores son hombres que si son mujeres. Cuestión distinta, igualmente, es que tampoco guste a los colectivos feministas que esta verdad salga a la luz.

Como tampoco les gustará que se conozca, aunque sea un secreto a gritos, que la Ley de Medidas contra la Violencia de Género se está revelando totalmente ineficaz a la hora de erradicar la lacra de la violencia en el ámbito familiar, la cual, antes al contrario, sigue aumentando sin parar. Nadie duda de que hay que combatir esta plaga que supone la violencia contra las mujeres, pero no discriminando a los hombres. No eran leyes discriminatorias hacia los hombres, sino más medios tanto para las fuerzas de seguridad como para los órganos judiciales lo necesario.

Pero no es evitar las situaciones de violencia contra las mujeres ni apoyar a las víctimas de las mismas, el fin último de esta ideología feminista radical. Al igual que el progresismo y el ecologismo de ciertos movimientos ambientalistas, no es más que un sucedáneo, adaptado a los nuevos tiempos, de aquello que quedó hecho añicos entre los cascotes del Muro de Berlín y su objetivo no es otro más que trasladar el viejo concepto marxista de lucha de clases al ámbito familiar, y que el gobierno progre que padecemos está implantando con la ideología de género. Ya dijo Zapatero, orgullosamente, en una entrevista a la revista Marie Claire ser “rojo”, “utópico” y “feminista” y recordó, especialmente emocionado, como, en los pasillos de la ONU, una mujer mexicana le espetó: “Usted es el justiciero de las mujeres”. En España, gente con escasísima capacidad y verdaderamente tosca y limitada intelectualmente hablando ni en sus mejores sueños se hubiera visto ocupando los cargos que ocupa si no fuera por el sistema de cuotas femeninas obligatorias que defiende esta sectaria ideología, nacida de unos rescordos totalitarios, implantada por hombres que piensan que para que las mujeres progresen es necesario discriminar a otros hombres, puesto que ellas, de otro modo, es absolutamente imposible que prosperen en la vida. Una intolerante ideología marxista de sexos en el ámbito de las relaciones familiares que odia la libertad como pocas y cree como pocas en la incapacidad del individuo (en este caso mujer) para tener éxito al margen de las graciosas concesiones y migajas que le arroje el Estado.

Con respecto a la libertad de asociación y la libertad económica, allá por abril se hablaba de unos supuestos planes de llevar la ideología feminista radical a la reforma laboral, recientemente aprobada, que, por aquel entonces, estaban negociando el Gobierno junto con la patronal y los sindicatos subvencionados.

En una nueva ofensiva intervencionista en el terreno empresarial, el documento de trabajo elaborado por el Ministerio de Trabajo, incluía varias medidas para obligar a los emprendedores a contratar mujeres, poniendo en un segundo plano la profesionalidad como factor clave para incorporar trabajadores a las compañías. En concreto, esta totalitaria medida hubiera estado destinada a los contratos en prácticas: si una empresa quisiera contratar empleados en prácticas, debería tener el mismo número de chicas que de chicos con una edad comprendida entre 21 y 24 años. Todo ello sin despedir a ningún trabajador, ya que se prohibiría que los nuevos contratos de formación “conlleven efecto sustitución”. Es decir, si se contrase a un chico, forzosamente hubiera sido obligatorio contratar a una chica para no romper la paridad. Más aún, una vez que el trabajador superase el proceso de aprendizaje, el empresario tendría una mayor bonificación del sector público si decidiese contratar a mujeres, desapareciendo incluso el criterio de paridad, siendo más barato contratar a una chica que a un chico.

Lo dicho: una joven parece ser que, para estos ingenieros sociales, es incapaz de conseguir un empleo, si no es forzando coactivamente al propietario de una empresa privada a contratarla. Según estos iluminados, si es un empresario masculino, su machismo (obviamente, si es un hombre, será machista) le llevará a no contratar a una mujer aunque esté mejor cualificada que un hombre, optando siempre, en ese caso, por el segundo.

Esto era un boceto, pero miren cómo ha quedado, finalmente, en sus puntos más relevantes (Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo):

Exposición de Motivos: Se mejoran, por otra parte, las cuantías de estas nuevas bonificaciones cuando la contratación se haga para mujeres.

Artículo 10. Bonificaciones de cuotas por la contratación indefinida.

1. Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores desempleados entre 16 y 30 años, ambos inclusive, con especiales problemas de empleabilidad, inscritos en la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, de 800 euros durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.

A estos efectos, se considerará que tienen especiales problemas de empleabilidad a aquellos jóvenes que lleven inscritos como desempleados al menos doce meses y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profesional.

Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 1.000 euros o su equivalente diario.

2. Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores desempleados mayores de 45 años, inscritos en la Oficina de Empleo durante al menos doce meses, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, de 1.200 euros durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.

Si estos contratos se conciertan con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 1.400 euros o su equivalente diario.

3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de 2011, transformen en indefinidos contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 700 euros o, en su caso, por su equivalente diario.

Artículo 17. Empresas de trabajo temporal.

La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, queda modificada en los siguientes términos:

[…]

Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en materia de protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de los menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Contrato para el fomento de la contratación indefinida.

1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos temporales, podrá concertarse el contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.

2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes:

  1. a.    Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones:
  • Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive.
  • Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo.

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado de la siguiente manera:

Uno. El apartado 2 del artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:

2. En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación directa o indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo.

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Responses

  1. Creo que al gobierno español debería caerle un fuerte correctivo por parte de Bruselas.

  2. Algo le han enmendado la plana. De hecho, las palabras de Zapatero sobre las declaraciones de la comisaria Reding, en relación a la expulsión de los gitanos por Sarkozy, parece que tuvieron de trasfondo que esta señora califico de “chapucera” una euroorden sobre protección de mujeres maltratadas emitida por España durante el semestre de la presidencia europea.

    ¿No les gusta tanto Europa? Ahí tienen Europa.

  3. Ser progre no es malo, lo malo es ir de progre y no cumplir, los politicos en general y los nuestros en particular tienen mucho a desear, ninguno cumple ni actua como debe, ninguno, la prepotencia, las estafas, los chanchullos, el amiguismo, los regalitos, el “no lo sabe aun nadie, ofrece poco que luego subira, o lo compramos a medias pero yo no puede constar” y tantas y tantas trampas y robos mas que hacen de estos politicos unos estafadores de “guante blanco” pero no dejan de ser unos ladrones y reitero en el momento actual no hay ningun politico que sirva para algo.

  4. La estupidez de la ley de todo al 50% es intolerable, elque sirve para un puesto, sirve y quien no no sirve, no es natural que por el mero echo de ser hombre o mujer ocupes un lugar de trabajo para el que no estas preparado, eso demuestra que nuestros politicos no funcionan bien, la igualdad de derechos y deberes es una cosa, y la obligacion de paridades una cagada.


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