Posteado por: Javier | diciembre 13, 2010

La pena de muerte: algunas otras cuestiones (I)

Tras la penúltima entrada, sobre la legitimación moral de la pena capital, en las presentes trato algunas cuestiones diversas.

Primero, una última cosa en relación a los pastores presbiterianos de Atlanta pro-abolicionistas. Los púlpitos están para enseñar la Biblia a los fieles, no para hacer política. La libertad de expresión se lo permite y no seré yo quien se lo niegue, pero las iglesias no están para lanzar campañas políticas. La política se ha convertido en una peligrosa tentación para muchos pastores y líderes con congregaciones a cargo, puesto que, al fin y al cabo, ejercen influencia y nada mejor que contar con los seguidores que les han conocido como predicadores, no como políticos, para invitarles a votar en una dirección u otra. Quien quiera hacer política, lo más ético es que deje el púlpito y el ministerio y se lance a la contienda. No sería una cuestión de legalidad exactamente como el de jueces que intentan hacer política con una toga, sino de ética y honradez. Ejemplos bíblicos no les faltan: el más famoso el de Mateo 22:15-22 (dar al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios), 1 Samuel 8:1-5 (la dejadez y corrupción de los hijos de Samuel, Joel y Abías, en sus funciones tras recibir dádivas y prebendas) o el de Hechos 6:1-4, En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los Griegos contra los Hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que, los doce convocaron la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra”.

Estando claro esto, la pena de muerte debe ser un recurso penal del Estado y solo del Estado a la hora de proteger a sus ciudadanos frente a delitos de sangre.

El castigo de estos crímenes no es una cuestión privada que atañe exclusivamente a los herederos de la víctima, como defienden algunos anarcocapitalistas.  

Ellos irían directamente a la cuestión de la proporcionalidad con el mal causado por el criminal así como a la del carácter intimidatorio de la pena. En el caso de un asesinato, los familiares de la víctima tendrían un “derecho” de muerte sobre el asesino (del mismo modo que la víctima de un robo tiene un derecho) Esta, precisamente, era la idea que defendía Murray Newton Rothbard: Aquí, en mi opinión, el asesino pierde precisamente el derecho del que él ha privado a otro ser humano: el derecho a que se preserve su vida frente a la violencia de otra persona. Por tanto el asesino merece ser muerto. O, por decirlo con más precisión, la víctima, en este caso su sustituto, en forma de heredero o albacea de su testamento debería tener a cambio el derecho de muerte sobre el asesino. Los libertarios ya no pueden permitirse esperar a tener una postura común sobre la pena capital. Se ha convertido en un problema demasiado acuciante”

Más aún:

“La tesis progresista de que el pena capital es brutal porque justifica el asesinato es falsa, porque toma el acto aislado de matar al asesino fuera de contexto: el contexto del asesinato anterior que había cometido el agresor. Conocemos bien la acusación común de que los progresistas, al llorar por el asesino, ignoran deliberadamente la violencia mucho más trágica que cometió sobre su víctima y esta acusación es sin duda correcta. .

Otra queja común de los progresistas es que la pena de muerte no disuade de que se cometan asesinatos. Se aportan todo tipo de estadísticas tratando de “probar” o negar esta afirmación. Aunque es imposible determinar el grado de disuasión, parece indiscutible que algunos asesinatos deberían disuadirse ante la pena de muerte. A veces el argumento progresista está peligrosamente cerca de mantener que ningún castigo disuade de ningún delito, una opinión manifiestamente absurda que podría fácilmente probarse eliminando todas las sanciones legales por no pagar el impuesto de la renta y ver si hay alguna reducción en los impuestos pagados. (¿Quieren apostar?) Además, se disuade al mismo asesino de cualquier repetición del crimen, y de una forma bastante permanente”

Rothbard entendía que la acción penal era de carácter privado y ejercitable exclusivamente por particulares en todo tipo de delitos, “Luego si se ha cometido un crimen, debería corresponder a la víctima decidir si presentar cargos o si la restitución o castigo que le corresponden debería ejecutarlo el estado. La víctima debería ser capaz de ordenar al estado no presentar cargos o castigara a la víctima en la absoluta medida en que tiene el derecho a hacerlo”.

Que, en el caso de un homicidio o asesinato la víctima ya nada puede hacer… no hay problema, “El fallecido puede dar instrucciones a herederos, tribunales y cualquier otra parte interesada sobre cómo hubiera deseado que se tratara su asesinato. En ese caso, pacifistas, intelectuales progresistas y otros pueden dejar cláusulas en sus testamentos indicando a las autoridades que apliquen la ley no matar, o incluso no presentar cargos contra un criminal en caso de su asesinato; y las autoridades deberían obedecer”.

Stephan Kinsella, en su artículo “Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach”, defiende que el castigo consistiría en el uso de la fuerza física sobre una persona en respuesta a algo que ha hecho o ha intentado hacer, con el objetivo de disuadir a los delincuentes de cometer futuros crímenes, satisfacer las ansias de venganza de la víctima y restituir el daño cometido. Kinsella entiende que el castigo podrá ser de carácter violento siempre que sea proporcional al crimen del delincuente. Si el castigo es violento, concluye, esto es problema del delincuente, quien fue el que inició la violencia sobre la víctima. Tú empezaste, ahora, arréglate como puedas.

Cierto lo de la proporcionalidad, aunque este es uno de los casos en que opino que el monopolio de la fuerza debe estar en manos del Estado, la víctima tiene un derecho de restitución de carácter civil, no penal. Puesto que, si no hay nadie con deseos de venganza, porque no existan herederos o estos decidan no actuar por el motivo que sea, ¿queda libre, pues, e impune un asesino que puede ser un peligro para otras personas? 

En todo ordenamiento jurídico serio, la persecución de los delitos contra la vida humana puede ser activada de oficio por los tribunales, sin necesidad de denuncia o querella.

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