Posteado por: Javier | diciembre 19, 2010

La pena de muerte: algunas otras cuestiones (II)

Tras la entrada anterior sobre la legitimación exclusiva del Estado para la ejecución de la pena capital, en la presente voy a hablar un poco de Estados Unidos y como el abolicionismo se está abriendo camino a través del sistema judicial de este país hasta el punto de que, poco a poco, y paso a paso, está consiguiendo la “muerte de la pena de muerte” en este país. Aparte están las presiones totalitarias de la Unión Europea tanto a Estados Unidos como a Japón también, por cierto, pero eso es cuestión aparte y otra historia. Pero, ¿dónde queda la soberanía de las naciones para esta organización proto-fascista, la UE?

En Estados Unidos, la pena capital es legal en el territorio de todo el país en delitos federales y militares, así como en la mayor parte de los Estados (menos en Alaska, Hawai, Iowa, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y West Virginia, más el Distrito de Columbia), en los delitos estatales.

La mayoría de los delitos comunes pertenecen a la Jurisdicción Estatal, y por lo tanto están tipificados en la legislación penal de cada Estado, pero existe un conjunto de delitos (que representan una minoría del total de tipos penales que existen en el país) que pertenecen a la Jurisdicción Federal y por lo tanto están contemplados en la legislación penal federal (nacional). Las asambleas legislativas de cada Estado tienen la competencia para debatir, aprobar y sanciona el Código Penal Estatal, así como las reformas parciales del mismo, promulgados por el Gobernador del Estado. En ese Código Penal del Estado se incluyen aquellos delitos que pertenecen a la Jurisdicción Estatal. Cada Estado es libre de incluir o no la pena capital en su Código Penal. En caso de que la incluyan, los acusados son juzgados por los Tribunales de dicho Estado y, en caso de ser condenado a muerte el reo, el Gobernador, salvo en algunos Estados en que no tiene atribuida esa potestad, tiene la última palabra para confirmar la condena a muerte o conmutarla por la cadena perpetua. Recordarán algunos la polémica, surgida en diciembre de 2005, cuando Schwarzenegger, Gobernador de California, no concedió la clemencia al condenado a muerte Stanley Tookie Williams.

El asesinato, en la mayoría de los casos, es un delito estatal, tipificado en el Código Penal del Estado donde se haya cometido el crimen y juzgado por la justicia de ese Estado.

No obstante, existen casos en que puede ser un delito federal, juzgado por los Tribunales Federales, que son paralelos e independientes de la justicia de los Estados (los jueces federales son nombrados por el Presidente con la aprobación del Senado): si se asesina a un empleado federal (del FBI, de la DEA, del Departamento del Tesoro, o cualquiera de las otras agencias y departamentos del gobierno federal) con motivo del cumplimiento de su deber, o si se asesina al Presidente o al Vicepresidente, a un Senador o Representante, a un Magistrado de la Corte Suprema, a un Secretario del Gabinete, incluso cuando se trata de funcionarios electos que todavía no han tomado posesión de su cargo o de candidatos presidenciales o vicepresidenciales que ni siquiera han sido electos aún. Igualmente, el delito es federal si un preso que está cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal asesina a una persona dentro de la cárcel o lo hace después de escapar de ella.

Una persona también puede ser condenada a muerte, como autora de un delito federal, por traición a la patria, espionaje, crímenes de guerra que causen la muerte de la víctima, el genocidio, el uso de un arma química que cause la muerte de la víctima, etc.

Cuando una persona es juzgada por un Tribunal Federal y condenada a muerte de acuerdo al Código Penal de los Estados Unidos, es el Presidente de los Estados Unidos, y no un Gobernador de Estado, el que tiene la última palabra para perdonarle la vida cambiando la condena por la cadena perpetua, o por el contrario para confirmar la sentencia y ordenar su ajusticiamiento.

La pena de muerte, en consecuencia, existe en todo el territorio de los Estados Unidos, puesto que constitucionalmente los Estados no tienen competencia para prohibir a los Tribunales Federales y al Presidente de los Estados Unidos que apliquen la pena de muerte a los delitos federales cometidos en su territorio, aunque su Código Penal Estatal no la contemple. Los Estados no pueden invadir la jurisdicción federal de la misma manera que los poderes federales (Presidente, Congreso y Jurisdicción Federal) no pueden obligar a los Estados a aplicar la pena de muerte en el caso de delitos estatales.

Incluso para la ejecución de un reo condenado por un delito federal, se debe aplicar el método de ejecución usado por el Estado en cuyo territorio se haya cometido el crimen. Pero si en ese Estado no existe la pena de muerte, el Juez Federal puede seleccionar el método usado por cualquiera de los otros Estados donde sí se aplique la pena capital.

Esto ha sido un pequeño resumen, a groso modo, sobre la distinción entre delitos federales y estatales y a cuáles y en qué casos es aplicable la pena de muerte como castigo.

La cuestión de cómo, desde el poder judicial, poder no elegido democráticamente, se intenta minar la aplicación de la pena de muerte es algo que excede la defensa o no de este castigo y entra ya en el respeto que desde este poder se debe tener a la legalidad vigente establecida por las asambleas legislativas estatales.

En 1972, en la sentencia de Furman v. Georgia, pronunciada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, dio lugar de facto a una moratoria sobre la aplicación de la pena capital, hasta Gregg v. Georgia, en 1976. La Corte Suprema consolidó la doctrina establecida en Gregg v. Georgia y Branch v. Texas, invalidando, igualmente, la pena de muerte por violación.

En este caso, la víctima mortal del delito, William Micke, se despertó en medio de la noche y encontró a William Henry Furman robando en su casa, en Savannah (Georgia), el 11 de agosto de 1967. En el juicio, en una declaración no jurada, permitida en el procedimiento penal de Georgia, Furman dijo que mientras trataba de escapar, tropezó y el arma que portaba se disparó accidentalmente, causando la muerte de la víctima. Esto contradijo su declaración previa a la policía, en la que dijo que se había dado vuelta, disparando a ciegas mientras huía. En cualquier caso, debido a que el tiroteo se produjo durante la comisión de un delito grave, Furman hubiera sido culpable de asesinato, castigado con la pena de muerte de acuerdo con la ley estatal de Georgia. Furman fue juzgado por asesinato y fue declarado culpable, en gran medida, en base en su propia declaración, siendo condenado a muerte, el 20 de septiembre de 1968.

La sentencia estatal fue anulada por la Corte Suprema el 29 de junio de 1972, por cinco a cuatro, conmutando automáticamente las penas de muerte en todo el país, en base a la Octava y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, considerando que la pena de muerte estaba siendo aplicaba de forma arbitraria e inconsistente entre un Estado y otro y que constituía un “castigo cruel e inusual”. Dos de los magistrados consideraron inconstitucional la pena de muerte en todos los casos.

Otro argumento abolicionista que asumió la sentencia fue el de que las personas que eran condenadas a muerte más a menudo eran las de raza negra, “los pobres e indefensos, feos personalmente y socialmente inaceptables”, como plantearon las asociaciones de derechos civiles que se personaron en el caso.

Aunque, la mayoría de magistrados opinaban que la pena de muerte era constitucional, solamente tres de ellos que lo que necesitaba eran unas mayores garantías por parte de las legislaciones de los Estados, sin embargo, fue la primera victoria del abolicionismo en su estrategia de tupir los tribunales y suspender de facto la ejecución de las sentencias retrasando las resoluciones judiciales. Las asociaciones de derechos civiles, el Fondo de Defensa Legal (LDF) de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, fundamentalmente, dilataron enormemente el proceso presentado pruebas que, según ellos, acreditaban la falta de poder disuasorio de la pena capital, e hicieron continuo hincapié en la “responsabilidad de la Corte Suprema en la protección de derechos de las minorías”.

Cuando la Corte Suprema emitió su decisión, estaban pendientes de la misma más de 700 ejecuciones en todos los Estados Unidos, debido a la estrategia dilatoria de la LDF. Aparte de los dos magistrados abolicionistas, a los otros tres les tembló la mano al pensar en que iban a sancionar una espacie de “baño de sangre”, en caso de fallar a favor del Estado de Georgia. La presión ejercida sobre los magistrados, fuera del proceso democrático y de la revisión legislativa, hizo efecto. La Corte asumió las reivindicaciones de los grupos abolicionistas y pro-derechos “de las minorías”.

Más aún, mientras la Corte deliberaba sobre Furman, las Cortes Supremas Estatales de Nueva Jersey y la de California conmutaron por la cadena perpetua todas las condenas a muerte en sus Estados. La Corte Suprema de California (California v. Anderson, 1972) determinó que la pena de muerte violaba Octava Enmienda por constituir un castigo cruel e inusual, y agregó que la pena de muerte “degrada y deshumaniza a todos los que participan en sus procesos. No es necesaria bajo ningún objetivo legítimo del Estado y es incompatible con la dignidad del hombre y el proceso judicial “.

Por cierto, Ronald Reagan, por aquel entonces, Gobernador de California, se encontró con la conmutación de las penas en el mayor corredor de la muerte en la nación en aquel momento, con 107 presos. Reagan calificó esto como un “caso en que los tribunales se elevan por encima del pueblo y el legislativo”.

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La relación con el tema de la entrada es incidental pero en esta conferencia de prensa de 1967, vemos a Ronald Reagan criticando el movimiento estudiantil de los “derechos civiles”, condenando la violencia de los líderes negros, concretamente, en el minuto 7 habla de los tribunales que usurpan la legitimidad del poder legislativo cuando se sacan de la chistera derechos especiales para las minorías, como si fueran conejos blancos. En aquella época se empeñaban en crear derechos “especiales para negros” y ahora son derechos creados y diseñados por los tribunales, bajo presiones de los militantes de los lobbys pro-homosexuales.

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CONTINUARÁ

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Responses

  1. […] Recordando la última, en ella terminé hablando de la moratoria de facto en la aplicación de la pena capital que provocó la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Furman v. Georgia, en 1972. […]

  2. mis dos hijos y yo fuimos victimas de un desgraciado que por la voluntad de los que pueden mas que uno todavia no es juzgado como deberia ser mientras tanto nadie entiende el dolor que pueden causar este tipo de gente y no poderlo sacrificar como deberia ser ya que el esta amparado por todos los derechos infundados y el si pudo decidir sobre la vida de mi esposo matandolo a sangre fria de la forma mas cruel que puede ser muerto una gran persona no saben todo lo que uno sufre al ver que una muerte queda impune sin tomar en cuenta que el reo deberia sufrir lo mismo o algo peor y por no saber como actuar ni que hacer estas personas quedan vivos para seguir haciendo daño no solo a la persona que matan sino a otras mas.

  3. Lo siento mucho, verdaderamente, pero ya sabemos la cantidad de hipócritas que existen, más preocupados por los “pobres” criminales, de los que dicen que son “víctimas de la sociedad”, que por los que desgraciadamente sufren sus fechorías.

  4. […] torpedear el proceso judicial, llegando hasta donde hiciera falta llegar? No hay más que ver los problemas que, desde hace años, existen en EEUU para aplicar la pena de muerte a toda clase de reos, hasta a los condenados por delitos sangrientos. A día de hoy, EEUU es tan […]


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