Posteado por: Javier | febrero 7, 2011

Hamilton en el siglo XXI (I)

Como lo prometido es deuda, hoy empiezo estos artículos sobre la evolución ideológica de la derecha norteamericana (aunque éste, más que tratar directamente ese tema, es un poco introductorio) y, como trasfondo, sus implicaciones para el liberalismo en España. Esto puede parecer que es un poco ajeno para nuestro país, pero no tanto como pueda pensarse. Desde luego, no hay más que ver los derroteros del pensamiento liberal español en estos años para ver que lo que se ha fotocopiado (literalmente) son los peores excesos de ciertas corrientes estadounidenses, desechando, por otro lado, ideas que podrían ser mucho más útiles para nosotros.

No sé, probablemente sí, si tiene esto que ver con nuestra propia historia, pero, junto con la profunda tradición anarquista de España, que hace que ello impregne al liberalismo, tenemos el elemento de la dictadura franquista. El caso es que el deseo de importar lo más extremo “made in USA” parece que se une a la desconfianza casi patológica hacia el ejecutivo. Hay una tendencia a pensar que, casi de forma natural, el ejecutivo va a desplegar una acción mucho más absolutista y, a veces, casi “despótica”, que los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, con lo cual, olvidando que este poder tiene, entre sus funciones, una serie de prerrogativas en determinados ámbitos, en lo que podríamos llamar “cuestiones políticas”, para las cuales debe desplegar unas energías que no poseen los otros dos.

Sin embargo, en EEUU, vemos como los jueces buscan continuamente, desde los despachos de sus tribunales, dirigir las guerras, no solo la guerra contra el terrorismo, de estos últimos años, hay una larga tradición. Queda lejos aquella sentencia de Quirin, en 1942. Para quienes no estén muy familiarizados, es el caso de los ocho saboteadores alemanes que fueron capturados intentando entrar en EEUU, en el que la Corte Suprema declaro que no eran inconstitucionales las comisiones militares, creadas por el presidente Franklin D. Roosevelt, que juzgaron y condenaron a muerte a estos nazis. El juez Robert H. Jackson, es más, dijo que los nazis eran “prisioneros del presidente en virtud de su cargo como titular constitucional del estamento militar”, y que el Tribunal ni siquiera debería haber emprendido la revisión del ejercicio de autoridad del presidente Roosevelt, más o menos, en la línea de lo que había dicho antes en Korematsu v. Estados Unidos, que “en la naturaleza misma de las cosas, las decisiones militares no son susceptibles de apreciación judicial inteligente”. Cuando en el año 1941, Jackson, por aquel entonces, secretario de Justicia en el Gobierno del presidente Roosevelt, pasó a integrar el Tribunal Supremo, era un firme defensor del poder del ejecutivo.

Luego, curiosamente, y de forma muy lamentable, el juez Jackson dio un giro de 180º a su jurisprudencia, en relación a Truman y la Guerra de Corea. Pocas personas podrían imaginarse que solo once años después de Quirin, Jackson asumiría una postura radicalmente diferente en una de las decisiones más conocidas del Tribunal Supremo en lo relativo a los límites del poder ejecutivo. Durante la Guerra de Corea, una huelga causó el cierre de las fábricas de acero del país con la consiguiente reducción en la producción de armas y otros artículos importantes. El presidente Harry S. Truman ordenó que las fábricas de aceros fueran requisadas por el gobierno. El Tribunal Supremo declaró que la acción del presidente era anticonstitucional (Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer). El juez Jackson se sumó a la opinión concurrente que, en la actualidad, ha sido citada por el Tribunal Supremo como precedente legal en las decisiones que otorgan derechos como el habeas corpus  a los detenidos en el penal de Guantánamo. “Un presidente no puede hacer ejercicio unilateral de su poder ejecutivo”, declaró el juez Jackson y el Tribunal no avalaría las acciones del presidente sin la autorización del Congreso, pero las evaluaría en su contexto para determinar si el reclamo de poder del presidente era legítimo.

En la actualidad, la opinión más clara sobre la acción del ejecutivo y las interferencias judiciales es la de Clarence Thomas: los tribunales solo pueden actuar cuando específicamente estén habilitados para ello, y no para resolver disputas políticas, sobre todo en relación al ejercicio de los poderes de guerra.

Posiblemente, la visión judicial más hamiltoniana, y con esto enlazo ya con el fondo de la entrada, sobre unas ideas, las cuales, pese a los recelos que puedan causar, generarían una sistema con una mayor libertad que el actual.

Pensemos en qué es preferible: un gran gobierno expansivo que tenga que garantizar toda clase de “derechos”, teniendo que incrementar cada vez más su presupuesto y sus competencias para esto, o un pequeño gobierno pero muy fuerte, y con capacidad, interior y exterior, para defender la vida, la propiedad y la seguridad de sus ciudadanos.

En EEUU, los derechos se citan en el “Bill of Rights”, el, cual cada vez, han ido engordando, más y más, con nuevos derechos. DERECHOS MUCHOS, LIBERTAD POCA. Salvo en libertad de expresión y libertad confesional, EEUU lleva dos siglos haciéndose cada vez más tiránico.

El caso es que, desde fines del siglo XVIII, cuando el federalismo hamiltoniano empezó a decaer como guía política, el “Bill” se ha utilizado de la forma más torticera posible. Originariamente, en la mente de los Padres Fundadores de la nación americana, el “Bill of Rights” sólo era aplicable al gobierno federal de EEUU y no a los estados individuales: ESA ERA la opinión original en el momento de su redacción. Lo cierto es que la XIV Enmienda (recordemos, “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos”) fue introducida en 1868 por la circunstancia específica de la esclavitud de los negros, es decir, el interés particular en ese momento era eliminar esta institución, que era odiosa, no hay duda, no “expandir” o, mucho menos, “crear” derechos. La XIV Enmienda, en su momento y en su redacción, año 1868, pocos años después de la Guerra de Secesión, estaba referida a los negros que se acababan de incorporar como ciudadanos, como forma de garantizarles todos los derechos que contenía el “Bill”, sobre todo en aquellos estados sureños esclavistas.

Mucho más dañina ha sido, eso sí, y ésta es original, la IX Enmienda: “No se interpretará la enumeración en la Constitución de ciertos derechos para negar o menospreciar otros derechos retenidos por el pueblo”, el portón que utilizan allí los lobbys gays o pro-gays para intentar que se les aplique la XIV Enmienda y se les reconozca un “derecho” al matrimonio.

El caso es que, a fines del siglo XVIII, la idea de Alexander Hamilton, como plasmó en “El Federalista Nº 84″, era la siguiente: “Voy más lejos y afirmo que las declaraciones de derechos, en el sentido y con la amplitud que se pretenden, no sólo son innecesarias en la Constitución proyectada, sino que resultarían hasta peligrosas. Contendrían varias excepciones a poderes no concedidos y por ello mismo proporcionarían un pretexto plausible para reclamar más facultades de las que otorgan. ¿Con qué objeto declarar que no se harán cosas que no se está autorizado a efectuar? Por ejemplo: ¿para qué se afirmaría que la libertad de la prensa no sufrirá menoscabo, si no se confiere el poder de imponerle restricciones? No es que sostenga que una disposición de esa clase atribuiría facultades de reglamentación; pero es evidente que suministraría a los hombres con tendencias usurpadoras, una excusa atendible para reclamar ese poder. Podrían argumentar con cierta apariencia de razón que no se debe imputar a la Constitución el absurdo de precaverse contra el abuso de una potestad que no existe y que la disposición que prohíbe limitar la libertad de la prensa autoriza claramente a inferir la intención de dotar al gobierno nacional de la facultad de prescribir normas apropiadas en el caso de dicha libertad. Esto puede servir de ejemplo de los numerosos asideros que se ofrecerían a la doctrina de los poderes de interpretación si se transige con este imprudente celo en favor de las declaraciones de derechos”, un pasaje que ya he citado en alguna ocasión.

Si miramos la situación actual en EEUU, son los estados individuales los más absolutistas, no el poder federal que concibieron esos “malvados” federalistas del siglo XVIII: ¿Dónde hay más socialismo y menos liberalismo, hoy día? En los estados individuales, sobre todo, en las dos costas, la Este y la Oeste, y prohibiciones a granel fruto de corrección política a raudales.

El caso es que, a buen seguro, en lugar de hablar de tantos “derechos”, lo mejor sería seguir una tesis muy similar, ya en el siglo XX, a la de Friedrich Hayek: lo que deben existir son “parcelas”, por llamarlo de alguna forma, en las que el Gobierno no debe entrar.

En España, no olvidemos, tenemos nuestro “Bill” patrio, el Título Primero de la Constitución. Nuestra evolución histórica es la que es y, como he dicho, no es cuestión de importar por importar. Pero sería materia a reflexionar sobre si realmente somos más “libres” con toda la carga de derechos que se recogen en el mismo.

MÁS “DERECHOS” = GOBIERNO MÁS GRANDE PARA SUMINISTRARLOS = MENOS LIBERTAD

No soy demasiado axiomático, pero este sí sería un buen axioma. Pero la tendencia es pensar justo lo contrario, llevando a que el Gobierno crezca donde no debe crecer y se contraiga donde no se debe contraer, que es en tener la vitalidad y la capacidad suficiente para defender nuestra vida, nuestra seguridad y nuestra propiedad.

Esto solo ha sido una introducción pero, como, de momento, es materia suficiente para ir masticando, tragando y digiriendo, mañana continuaré, hablando sobre el pulso ideológico que ha dividido a la derecha estadounidense durante dos siglos y sus implicaciones liberales.

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OFF TOPIC:

Tal día como ayer, hace 100 años (¡un siglo ya!), nació Ronald Wilson Reagan en una pequeña casa sobre una tienda en la ciudad de Tampico, en el Estado de Illinois. Sus orígenes no hacían pensar que “Dutch”, como luego le gustó que le llamaran, llegaría demasiado lejos. Su padre vendía zapatos, y, como el negocio no marchaba demasiado bien, abusaba de la bebida. Su madre trabajaba en casa de costurera. Muchas décadas después, aquel niño, tan pobre entonces, iba a cambiar el mundo.

Tras su muerte en 2004, comenzaron a circular por Internet varios montajes en video como tributo y homenaje. Este es uno de los que más me gustan:


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Responses

  1. Brevemente:

    La IX enmienda es problemática, ciertamente, aunque también se podría “interpretar” para nuestra ventaja:

    “tampoco es que afirme derechos per se…”


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