Posteado por: Javier | marzo 7, 2011

¡Vamos a cumplir los tratados de la ONU!

Bien sabido será, por quienes me lean, la alergia que me provoca la ONU (más o menos, a un nivel similar a la UE, para qué nos vamos a engañar). No me cabe la menor duda de que deberían echar el candado y liquidar por cierre ese ente mundialista, totalitario, antidemocrático y antioccidental, ¡ciérrenlo ya, por favor, ciérrenlo!

Yo para nada estoy por esas declaraciones universalistas y humanistas de “derechos humanos” pero si alguien se las autoimpone a sí mismo… será para cumplirlas, digo yo. Pero, en la práctica, lo que vemos es que mientras el Preámbulo de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU dispone “El compromiso a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre” y a “promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto mas amplio de la libertad”, mientras permite que los Castros, los tiranos marrones (los Hugo Chávez, Evo Morales, Saddam Hussein, etc.) y otros terroristas de este mundo utilicen el púlpito de la ONU como plataforma propagandística para legitimarse ante sus pueblos y la gentuza que los apoya en otras partes del mundo.

Pues bien, ya que, para lo que interesa parece que SÍ hay que cumplir con la ONU (y otros organismos supranacionales). Ya que somos tan aficionados a ello, bien podemos empezar por adaptar nuestra legislación a un documento muy interesante: la Declaración de los Derechos del Niño. Declaración proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959, a la que España está adherida (y vaya que sí está adherida).

Vamos a ver algunos principios:

Empezamos por el Preámbulo.

Según la doctrina jurisprudencial que tenemos en España, en sí mismo, carece de valor normativo. El Tribunal Constitucional resolvió en fallo del 4 de octubre de 1990 que “los preámbulos o exposiciones de motivos carecen de valor normativo”. El Preámbulo expone las razones del dictado de la norma. No obstante, si miramos el tercer párrafo, veremos que ya empezamos mal:

“Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” 

¡Anda! De modo, que el niño debe gozar de una debida protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto ANTES como después del nacimiento”.

El artículo 29 de nuestro Código Civil dispone que “el nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo 30 siguiente”, es decir que Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno”. Hasta ahí de acuerdo. El Código Civil reconoce una serie de efectos civiles favorables, aunque no se haya nacido, siempre que, cuando se llegue a ese momento, el recién nacido sea viable. Sin embargo, en materia penal, desde julio de 2010 tenemos una ley, la famosa “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo” que prácticamente da naturaleza legal al aborto libre, que ya existía de facto con la ley de 1985 (la cual, todo hay que decirlo y es la verdad, no era mala del todo y tenía cierta razonabilidad sobre el papel, distinto ha sido su nefasto cumplimiento), permitiendo el aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación sin ninguna justificación y hasta la semana 22, en caso de riesgo para la salud física o psíquica (el caso más frecuente y el motivo por el cual, ya antes, de hecho, el aborto era libre en España, aunque no lo fuera legalmente), y también por enfermedad grave o malformaciones del feto. Más aún, si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del bebé no hay límite de tiempo para actuar, contando con la opinión de un Comité Clínico (habrá que ver cómo será este “Comité Clínico”, pero, en fin, eso ya es otra historia).

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 53/1985, de 11 de abril, señaló que la vida del nasciturus es un bien jurídico que el Estado tiene la obligación de proteger, por lo que despenalizó el aborto sólo en los supuestos en que los derechos del niño entraban en grave conflicto con los de la madre. Pues hasta ahí, sí, seguimos la recomendación de la ONU…

Pero, ¿alguien puede concebir que cuando se dice que el niño debe gozar de una debida protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto ANTES como después del nacimiento”, por algún lado se puede concebir la existencia de un “derecho al aborto”? En fin, ya sabemos: aquí al progrerio parece que este tipo de normas solo le interesan cuando se trata de obstaculizar iniciativas militares occidentales o para dar ventajas poco razonables a criminales internacionales: ¡¡Irak, guerra no!!, ¿por qué?, porque es una guerra ilegal, ¿quién dice que es ilegal?, ¡¡la ONU!!

Algunas “perlas” más:

Principio 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad”.

Sí, efectivamente, a UNA nacionalidad, no a una doble o a una triple nacionalidad. ¿Contraviene, pues, lo declarado por la ONU una ley que disponga que solo se puede tener una nacionalidad? La de sus padres, “ius sanguinis”, preferiblemente.

Último principio que vamos a ver:

Principio 6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole”.

Es decir, en circunstancias excepcionales, sí se puede separar al hijo de los padres: si eres un drogadicto o criminal reincidente, pierdes la patria potestad, puesto que ¿qué responsabilidad y, en todo caso, ambiente de afecto y de seguridad moral y material existe para los niños con este tipo de padres?

Principio 7. “El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres”.

Efectivamente, aunque más que de “educación” habría que hablar de instrucción. Para educar están los padres.

Pues la instrucción es “obligatoria y gratuita” en los niveles elementales, en los niveles superiores no es un “derecho”, sino un privilegio, que en lo público pagamos todos y que debe aprovecharse.

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Hablando de resoluciones de la ONU y de “ilegalidades”:

¿Qué decir de la forma en que tanto el Gobierno como sus palmeros han estado años dándonos la brasa con la “ilegalidad” de la intervención militar en Irak de 2003? Rara es la ocasión en que, cada vez que se les ha recuerdado sus ineptitudes, corruptelas o mendacidades, no saquen a colación “la guerra de Irak”, la que, según ellos era “ilegal”.

A la campaña, en forma de manifestaciones en las principales ciudades españolas, lanzada en aquellos tiempos desde el PSOE y sus satélites, así como desde sus terminales mediáticas, hay que reconocerle, sin duda, una indudable eficacia: grabó a fuego en mucha gente la idea de que la guerra de Irak era “ilegal”. Aquello llegó a su cenit en los días comprendidos entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 cuando, tras los brutales y sangrientos atentados islamistas de Madrid, el PSOE, el resto de la izquierda y los nacionalistas, inmediatamente, los pusieron en conexión con la guerra de Irak. El resto es de sobra conocido: algaradas callejeras, asaltos a sedes del PP, alguna agresión física incluida, una campaña mediática, la violación de la jornada de reflexión por parte de Rubalcaba, actual ministro del Interior, y un inesperado, hasta pocos días antes, vuelco electoral.

Ya menos, con el desaguisado que tienen montado les sobra, pero, hasta no hace mucho, fue algo recurrente para los socialistas, cuando se encontraban acorralados o contra las cuerdas, echar mano de la guerra de Irak y de su “ilegalidad”. O bien, se encuentran instalados en la más absoluta de las indecencias o, quizás, simplemente es que sufren, de cuando en cuando, episodios de la amnesia más absoluta. Más bien la respuesta sería la primera puesto que, por lo visto, ni Zapatero ni sus más allegados se creían la propaganda que habían estado lanzando, a la vista del Decreto Ley que aprobaron en noviembre de 2004, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, en cuya Memoria Justificativa reconocen la legalidad de la guerra de Irak (“Operación Libertad Iraquí”de 2003, según la propia letra), entre otras misiones en las cuales ha participado el ejército español. El texto fue elaborado por el Ministerio de Presidencia de María Teresa Fernández de la Vega y firmado por siete ministros: el de Economía, Pedro Solbes; el de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; el de Defensa, José Bono; el del Interior, José Antonio Alonso; el de Trabajo, Jesús Caldera y el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla (alguno de ellos presente en las manifestaciones del año anterior en las que se clamaba contra una guerra “ilegal” e “injusta”).

Muchos españoles bienintencionados, y todos los palmeros de Zapatero, por supuesto, creyeron sus falsarios argumentos. Que el Gobierno es la apoteosis y la epopeya de la mentira lo hemos podido comprobar de sobra durante estos últimos tremendos siete años, pero ¿dónde andan metidos los peperos en lugar de estar recordando, un día sí y otro también, al PSOE su desvergüenza y miseria moral?… Seguramente, esperando a ver si la mayoría de la gente se olvida de la existencia de Irak y rezando para que a los socialistas se les olvide, la próxima vez, recordárselo.

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¿No queremos tratados internacionales y legalidad internacional? Pues aquí la tenemos. No estaría mal que cumplieramos un poco más estas normas. Ya que gustan tanto.

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Responses

  1. Incluso, ya que estamos, supongo que usted sabrá que el derecho procesal penal francés, país nada sospechoso de ser “anti europeo”, es muchísimo menos garantista que el español. ¿No queremos ser tan europeos? Pues hala, que también adapten la Lecrim a la francesa — a los etarras se les iba a caer el pelo.

  2. Aquí ya se sabe que morimos de garantías.

    Podríamos adaptarnos a la ley de Francia, o la de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia o Suiza, por ejemplo, introduciendo la cadena perpetua revisable.

    Que no es “anticonstitucional” ni muchísimo menos. La Constitución lo que dice sobre las penas es que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Una cadena perpetua revisable a partir de un plazo predeterminado de cumplimiento de la condena no es incompatible con la “reeducación” o la “reinserción”.

  3. Cierto — aquí es que sobran decretos, sobran leyes, sobran garantías. En eso sí que acertó Rajoy el otro día pero claro, a ver si tiene “huevos” para derogar toda esa basura de 8 años…lo DUDO.

  4. Creo que son todos una manga de fracasados


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