Posteado por: Javier | mayo 10, 2011

Así no podemos continuar

Señores:

Ha llegado el momento de dejar de estar quejándonos y lloriqueando todo el día, desde que el sol salga por el Este hasta que se ponga por el Oeste, por nuestro infortunio como país. “Buaaaaaaaa, buaaaaaaa, ¡que los progres se están cargando el país!”, “¡ZP es mu malo!”.

¡Eso ya lo sabemos, memo!

Aquí hay que dar algunas soluciones.

Prácticamente se ha convertido ya casi en una certeza: el socialismo de todos los partidos es una fuente de paro, pobreza y corrupción (que sí, que sí, que hay mucha mierda en el PSOE, pero miren en Valencia al “morito” Camps, por poner un ejemplo del PP). Más aún, si lo unimos a una situación de crisis financiera mundial y a la ineptitud de quienes, lamentablemente, nos gobiernan, unida a la presumible de la de quienes nos gobernarán dentro de unos meses, sean quienes sean, totalmente empecinados en no llevar la contraria a sus equivocados principios y en no acometer las reformas, traumáticas pero que serían necesarias. La “derecha” (por ubicarla en algún lado) política primero, por complejos, y, después, el gobierno socialista que padecemos, por ceguera ideológica, no han tenido ni la menor intención ni de regenerar nuestros sectores económicos ni de realizar una reforma de la rígida legislación laboral y fiscal que ahoga y atenaza a las pequeñas y medianas empresas, quienes constituyen la mayor parte del tejido productivo de España y crean, según estimaciones, casi el 80% del empleo en el sector privado (el que necesitamos, ¿de qué nos sirven tantos empleados en el sector público?) en este país, poniendo mil y una trabas para efectuar contrataciones indefinidas y que, en absoluto, impide a las grandes empresas efectuar expedientes de regulación de empleo un día sí y otro también, ya sea de forma legal o encubierta, mediante despidos sucesivos de grupos de trabajadores.

Sonará muy “incorrecto”, pero no se puede ahogar ni atenazar a las empresas ni a quienes crean la riqueza. Los trabajadores también la crean pero ¿pueden hacerlo sin quienes arriesgan su dinero y ponen los medios productivos?

La última “reforma” laboral, la del pasado verano, ha sido una chapuza. No podemos continuar con un modelo de relaciones laborales heredado del franquismo. El pleno empleo no se puede conseguir a base de leyes, como pretenden nuestros legisladores, algo que sólo es alcanzable si se nacionaliza por completo la economía. Muchos de los mayores obstáculos a los que se enfrentan los pequeños empresarios españoles se encuentran en la legislación laboral, que convierte una contratación en algo más parecido a un matrimonio para toda la vida que en la relación contractual y profesional que es. La indemnización de 45 días de salario por año trabajado, en caso de que un despido, objetivo o disciplinario, sea declarado judicialmente como improcedente, unida a los salarios de tramitación (sabiendo además que los jueces de lo social habitualmente fallan en sus sentencias a favor del trabajador), que contempla el Estatuto de los Trabajadores, pensada, en principio, como una protección a los trabajadores contratados por tiempo indefinido, se ha revelado como una auténtica rémora. Tanto, por un lado, para empresas pequeñas y autónomos, como, por otro, para personas en situación de desempleo, a la hora de formalizar contratos indefinidos. Mientras las grandes empresas no tienen problemas a la hora de mandar a nadie a la calle pues pese a estas indemnizaciones, incluso en momentos de crisis y pérdida de beneficios, les sigue saliendo más barato, las pequeñas se ven abocadas en muchos casos a languidecer hasta cerrar sin capacidad de salvar el negocio y, por ende, los empleos que proporcionan. Los trabajadores en paro, sobre todos los jóvenes y los menos cualificados, por su parte, encuentran tremendas dificultades para encontrar un empleo estable. En época de crisis son los primeros en perder su empleo, al ser el coste de su despido mucho mas barato que los de aquellos que llevan muchos años en las empresas y cuyo despido es casi prohibitivo. No es raro que incluso en épocas de bonanza económica la tasa de paro de España sea superior a la de otros países de su entorno y no solo debemos achacarlo a lo equivocado de nuestra política productiva.

No podemos seguir atados de pies y manos al chantaje sindical.

Sucesivos períodos de crisis en las últimas décadas han demostrado que, junto con la forma en que esté regulado el mercado de trabajo, los sindicatos son el gran enemigo de la modernización de nuestra economía. El Gobierno de Felipe González comprendió esto a partir de 1986 y de 1994, cuando los niveles de desempleo llegaron al 20%, como en la actualidad. El período de crecimiento de 1986 se cortó a principios de los 90 después de que el Gobierno se plegase a las exigencias sindicales tras las huelgas generales de finales de los 80. La huelga general de 2002 fue convocada por UGT y CCOO, y secundada por el PSOE y todas sus terminales mediáticas, cuando el gobierno del PP intentó una reforma laboral bastante tímida y, hasta que desde la UE han puesto firme a Zapatero, han estado determinando y condicionando la política económica española en los últimos años, sin que el Gobierno quisiera adoptar ni una sola medida que, a los ojos de éstos y de sus simpatizantes, pueda parecer impopular.

Hay otros factores, claro. También está la utilización demagógica y propagandística del salario mínimo interprofesional, vinculado al IPC en lugar de a la productividad, otra rémora para conseguir un empleo indefinido o, simplemente, el primer empleo, o la estructura autonómica del Estado con su altísimo número de funcionarios y los costes disparatados que genera (POR SUPUESTO: no es lo malo la descentralización, todo lo contrario; lo que ha sido nefasto es el elefante burocrático y despilfarrador que se ha creado en cada CCAA de España, salvo alguna excepción como la Comunidad de Madrid), son cuestiones que ni la derecha ni, por supuesto, la izquierda querrán tocar por cuestiones fundamentalmente electorales. En España vivimos la mentalidad del “todo gratis” con respecto a los servicios, como si el dinero para pagarlos apareciera por “arte de magia” (TODO CUESTA DINERO, TODO TIENE PRECIO) e incluso la derecha no osará nunca abandonar el intervencionismo sabedora de que le puede ser totalmente contraproducente.

Hay que ponerse las pilas y concienciar de que si hay que trabajar por un poco menos y ganar de acuerdo con lo que se produzca, tendrá que hacerse. Si hay menos dinero para bares y copas, tendrá que haber menos para eso. Se supone que hay crisis y que no hay dinero, pero cada noche, si das un paseo por tu ciudad, verás los bares atestados de gente: cualquiera diría que invitan a comer y beber allí. Si hay que acortar o suprimir las vacatas en la playa, tumbado bajo el sol como una lagartija, habrá que acortarlas o suprimirlas. Cada cual debe tener responsabilidad y pagarse lo que se pueda pagar, los caprichos no son un “derecho” y no debe darse crédito para estas cosas a quien no pueda devolverlo. La moneda debe convertirse en un tesoro que salga con mucha dificultad de la cartera.

¿Qué pasa, dirán? ¿Que quiero que la gente no tenga ni para comer y que acabe tirada entre cartones en la calle? EN ESTE PAÍS NADIE PASA HAMBRE. Esto no es Somalia ni Etiopía.

Si nuestro sistema productivo no consigue ser competitivo ni podrá exportar ni defenderse de los bienes más baratos importados de otros países. Hace falta más competitividad, no más aranceles ni proteccionismo.

Tenemos otra lacra tremenda sobre nosotros: la mayoría de empleos que se crean en España lo son en el sector público (sean funcionarios o personal laboral, sea en la Administración pública o en las empresas o entidades vinculadas). Hay comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura que se llevan la palma. En ellas, la Administración autonómica es el principal empleador de la región. La mayoría de empleos no destruidos por la crisis son públicos. La época en que a esta creación de empleo público se unía el que surgía en el sector de la construcción y en los servicios e industrias dependientes del mismo, llevándonos a una tasa de paro del 7% en 2007, pasó ya. Lamentablemente, solo nos están quedando empleos improductivos en muchos casos. No todos los funcionarios, por supuesto, es necesaria una cierta cantidad para atender los servicios públicos, pero a partir de ahí, muchos son superfluos, sobre todo, los que no han accedido a su puesto mediante oposiciones. Sería necesario reducir la oferta de empleo público, quizás incluso congelarla, así como los sueldos de todos estos empleados, para intentar absorber toda esta la carga.

Es preciso reducir como sea el gasto público, controlar la inflación e impedir la influencia sindical en la política económica (Cándido Méndez y el tal Toxo, o Tocho o Tojo, o como diablos se llame ese individuo, quienes no han creado ni un solo empleo conocido en toda su vida, no pueden dictarla bajo ningún concepto) puesto que solamente podremos comenzar a crecer con precios y salarios más bajos.

Si no aplicamos estas terapias, la enfermedad, el tumor, no parará de crecer y expandirse por todo el cuerpo de nuestra economía, puesto que tasas tan elevadas de desempleo generan un círculo vicioso en que es muy complicado reducir el déficit público, esto se traduce en inflación y, ante ello, la reacción sindical siempre será exigir subidas salariales que dificultarán aún más la creación de empleo.

Pocas alternativas nos quedan.

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