Posteado por: Javier | junio 20, 2011

“¡¡Por favor!! ¡¡Despoliticen la Justicia!!”, claman

Esta semana vamos a comenzar tocando un par de temas relacionados con Justicia y Derecho. Mañana o pasado, Dios mediante, colgaré las respuestas a las cuestiones que planteé el lunes pasado sobre arrendamientos urbanos. Hoy lo que toca es algo que ha ido preocupándome crecientemente desde un tiempo a esta parte.

Si echamos un vistazo a las propuestas de los “indignados” (ya sé que soy muy pesado con ellos, pero es que están de plena actualidad) una de ellas es “Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo”.

“Despolitizar la Justicia” es un debate en el que llevamos años enredados. Desde la aprobación de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, esencialmente, hay una verdadera fiebre por “despolitizar la Justicia” y, en muchas ocasiones, parece no entenderse muy bien qué significa eso, simplemente, que suena muy bien. A la izquierda y la derecha tan nefastas que tenemos en España les entra esa fiebre, curiosamente, siempre que las urnas no les dan la mayoría en el Parlamento. “¡La mayoría conservadora en la judicatura!”, claman desde las bancadas de la izquierda. “¡La izquierda está politizando la Justicia!¡Hay que despolitizarla!”, truenan desde la derecha, aunque, cuando hayan estado en el Gobierno, como hace unos años, no hayan hecho ninguna reforma legislativa en ese sentido.

Normalmente, esta idea de “despolitizar” la Justicia, fundamentalmente como una garantía para el ciudadano justiciable, enlaza con la desconfianza psicológica y casi patológica hacia el Ejecutivo que tenemos en España. En nuestro esquema mental, tenemos la idea general de que este Poder es “muy malo” y “muy perverso”, relamiéndose siempre ante la idea de cometer desmanes ante los indefensos individuos, mientras los jueces serían algo así como los “ángeles de la guarda” sin “pecado concebidos” en cuyos regazos protectores debe acogerse el pobre ciudadano que sufre los “desmanes” de la Administración. La “despolitización de la Justicia” es una verdadera fiebre en España. Antes era fundamentalmente la prensa y los tertulianos de derecha (criticando la LOPJ de 1985), era un tema muy recurrente en tertulias de la COPE y demás, y ahora hasta los “indignados”, como dije antes, se han subido al carro y todo.

Seguramente esto no es ajeno a lo que ha sido buena parte de nuestra historia como país, totalitaria y dictatorial, que hace que tengamos una izquierda progresista y una derecha libertariano-anárquica que recelan y tienen verdadera alergia a cualquier forma de autoridad, como si esta de por si, fuese a ser tiránica y que parecen entender que la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, como si uno y otro no fueran Poderes del Estado (repetimos: “Poderes del Estado”), debiera ser de un pulso permanente por pisarse funciones y competencias, por supuesto, con la posibilidad del Judicial de meterse cuando quiera hasta la cocina del Ejecutivo y servirse unas viandas y unas copas si así lo desea, cuando la realidad es que este modelo de pensamiento es ajeno a cualquier tradición liberal clásica.

Por supuesto, nuestros progresistas y libertarianos no es que piensen que Ejecutivo, Legislativo y Judicial sean poderes del Estado con funciones separadas. Hace varios meses, un asqueroso troll anarka y cochino dijo de Alfredo y de mí que el Legislativo y el Judicial “son un impedimento incómodo para estos cerdos”. Comentarios, como los de ese guarro y drogadicto, demuestran que progres y liberto-anarkas lo que piensan es que Ejecutivo y Legislativo están sometidos al Judicial, hasta el punto de que no solo tienen funciones y competencias distintas, sino que el Judicial se encuentra en una situación de supremacía total hasta el punto de que los otros dos no pueden actuar si el Judicial no da luz verde; cuando la realidad es justamente la contraria, es que quien está sometido es el Judicial a ambos, mediante el cumplimiento de sus instrucciones, dadas en forma de ley o de disposiciones normativas emanadas del Ejecutivo. La función del juez es aplicar la ley y el resto de normas vigentes en cada momento, no reinterpretar qué sería lo que idealmente debiera decir la ley. El Ejecutivo y la Administración tienen como función hacer cumplir la ley, incluso coercitivamente si es necesario: imaginemos que todo lo administrativo estuviera judicializado. Sería imposible hasta que un Ayuntamiento pusiera en marcha medidas de apremio contra el patrimonio de alguien para el cobro de una multa impagada.

Lógicamente, hasta aquí hay que aclarar, hablamos de Derecho administrativo. Pues, un principio fundamental de la Jurisdicción Contencioso-administrativa es su exclusivo CARÁCTER REVISOR de la actuación administrativa.

Tradicionalmente, la jurisprudencia contencioso-administrativa había mantenido que las sentencias de esta jurisdicción, aunque anulasen los actos impugnados, no podían hacer declaraciones sobre las sustanciales pretensiones de los recurrentes cuando éstas quedaron sin resolver por la Administración.

El fundamento de semejante doctrina se encontraba justamente en el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, que veda a los Tribunales resolver pretensiones sobre las que previamente no se haya pronunciado la Administración. Entre otras, este ha sido el criterio de sentencias como las del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1959, 3 de febrero, 13 de marzo, 11 de abril y 25 de mayo de 1962; 5 de febrero de 1962; 15 de marzo, 19 de mayo, 6 de abril y 3 de mayo de 1962.

Concretamente, la sentencia de 5 de febrero de 1962 dice lo siguiente: “La naturaleza de esta jurisdicción contencioso-administrativa no alcanza a entrar a resolver lo que la Administración no resolvió, porque no llegó a entrar en ello, ya que no existe acto administrativo que, poniendo fin a la vía gubernativa, decidiera la cuestión de fondo; y así, la resolución jurisdiccional contenciosa ha de limitarse, por su propia naturaleza, al conocimiento del acto administrativo, que, conforme al artículo 37 de la Ley de la Jurisdicción, ya no es susceptible de ulterior recurso en la vía, y que decide indirectamente respecto al fondo del asunto, poniendo término así a aquélla, pero no entra en el alcance ni en la función de esta jurisdicción la creación o “invención” del acto administrativo, sustituyendo la actividad característica, ya que, atenta sólo al conocimiento de las pretensiones que se deducen en relación con los actos de la Administración pública sujetos al Derecho administrativo, su objeto es examinar y decidir si fueron o no dictados conforme a Derecho, ajustando el acto administrativo a la norma legal, mediante una conformidad jurídica, como consecuencia tanto de la función revisora como de la declaración de derechos, que en su caso es expresión inherente a la jurisdicción; pero siempre operando en relación con el acto dictado, que en este caso litigioso no llegó a dictarse, puesto que la Administración no entró en el fondo del asunto”.

En los últimos años, lo que tradicionalmente había sido el concepto de la jurisdicción contenciosa como exclusivamente “revisora” de lo resuelto por la administración, pasando en muchos casos no solo a revisora, sino también “dadora”, en más de un caso. En casos como el de la sentencia antes mencionada, los jueces decidían sobre la legalidad o no de la declaración de incompetencia de la Administración, pero no se dedicaban a “crear” ellos el acto administrativo, decidiendo sobre el fondo cuando, no era la cuestión planteada ante ellos. Pues, poco a poco, cada vez se han ido otorgando más facultades de “rellenar” los actos administrativos. A más de uno debiera caérsele la cara de vergüenza, pretendiendo judicializar, prácticamente, cada acto administrativo.

¿A dónde llegamos con esto?

A que la tendencia es a defender esta expansión del poder de los jueces, incluso a más allá de su estricta función revisora de los actos administrativos, debido a que se piensa que deben estar en una especie de platónico mundo de las ideas, del cual, el de la política, el Ejecutivo y el Legislativo, no es más que un turbio reflejo, en el cual están por encima de las cuestiones políticas. Se tiende a ver a los jueces como una especie de gurús que están en una montaña quemando incienso a un oráculo para que les den una interpretación totalmente limpia de “contaminación política” sobre los hechos que tienen que enjuiciar, como si acaso vivieran en una torre de marfil y tuvieran que ser ajenos a las distintas tendencias políticas de una sociedad, cuando la realidad es que su función constitucional es aplicar la ley según las instrucciones del legislativo, y LA LEY, querámoslo o no, SIEMPRE ES POLÍTICA. La ley es el reflejo de la tendencia política existente en la sociedad y el juez, se quiera o no, es parte de esa sociedad. Parece que se piensa que los jueces tienen delante de los ojos una especie de velo de ignorancia, como el de John Rawls, cuando cualquiera, salvo que sea un autista o un tonto del capirote, tiene una opinión formada sobre lo que ocurre y esa opinión siempre es política, aunque se alegue su “apoliticismo”.

La cuestión es que “despolitizar” la Justicia no significa nada. Es una frase rimbombante pero hueca de contenido. Puesto que el hecho de que determinados jueces y magistrados de los tribunales superiores sean designados por el Ejecutivo o el Legislativo no es una “politización”, sino el hecho de que el Judicial es un Poder “del Estado”, ni más ni menos, no una instancia ubicada en un plano superior ni nada por el estilo.

No hay nada de malo con politizar los órganos judiciales y pretender que la Justicia no es política es vivir en un sueño. De toda la vida la Justicia ha estado vinculada al ambiente político y eso es algo MUY BUENO en democracia porque está en sintonía con el pueblo y no con una minoría de “divinos” y supremos NO elegidos ni que representan a nadie. Lo de la separación de poderes es otra frase vacía. La “separación” de poderes no vale nada en sí mismo – hay dictaduras muy cerradas que tienen formalmente la separación de poderes. Puedo decir con absoluta confianza y sinceridad que sería mi deseo ENTERRAR A MONTESQUIEU, como dijeron hace unos años en la política española. Mucha gente se olvida que en una sociedad liberal – o sistema realmente liberal clásico y democrático, un juez no puede ser un legislador – de hecho, también ignoran que los que tienen el poder real para juzgar de forma “separada”, al margen del Ejecutivo, es EL JURADO POPULAR. El juez no ha de ser más que un FUNCIONARIO que impone las penas previstas o medidas legalmente establecidas para un condenado por algún delito. Y en ausencia de un jurado popular, el juez simplemente debe ser el órgano vocal del poder legislativo – es decir, lo que le da validez formal a la ley.

Esta idea de la “despolitización” lo único que hace es convertir el órgano judicial en un órgano tecnocrático, sirviendo los propios intereses de la clase de los jueces, que siempre van a estar por su naturaleza de profesión vinculados a poderosos intereses ajenos al pueblo.

Miren el Artículo Tres, Primera Sección, de la Constitución liberal de los EEUU, el mayor ejemplo de Constitución liberal: “Se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo. Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los inferiores, continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán en periodos fijos, una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo de su encargo”. 

Los tribunales inferiores al Supremo SON INSTITUIDOS POR el Congreso.  La Corte Suprema de los EEUU es el único tribunal establecido por la Constitución, los demás han sido creados por el Congreso. Por supuesto, los jueces reciben una remuneración que no puede ser disminuida durante el tiempo que desempeñen sus funciones, de forma que se garantice su independencia (algo muy similar establece aquí la LOPJ, dicho sea de paso).

O el Artículo Dos, Segunda Sección, 2ª, el Presidente de los EEUU “propondrá y, con el consejo y sentimiento del Senado, nombrará a los embajadores, los demás ministros públicos y los cónsules, los magistrados del Tribunal Supremo y a todos los demás funcionarios de los Estados Unidos a cuya designación no provea este documento en otra forma y que hayan sido establecidos por ley. Pero el Congreso podrá atribuir el nombramiento de los funcionarios inferiores que considere convenientes, por medio de una ley, al Presidente solo, a los tribunales judiciales o a los jefes de los departamentos”. La Corte Suprema se compone de un Juez Presidente (“Chief Justice”) y ocho Jueces Asociados (“Associate Justices”), que, como vemos en el texto constitucional, son nominados por el Presidente y confirmados con el “consejo y consentimiento” del Senado de los EEUU. Una vez en el tribunal, los jueces sirven de por vida y sólo pueden ser destituidos por el Congreso mediante un proceso de “impeachment”, aunque, sin embargo, los jueces pueden renunciar cuando lo deseen.

En España tenemos una ventaja con respecto a EEUU: el acceso a la carrera judicial a través de las oposiciones, por lo demás, el Legislativo y el Ejecutivo también tienen una serie de prerrogativas señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley plenamente constitucional, por cierto), en lo que respecta a la elección de los miembros del Consejo General de Poder Judicial, e, indirectamente, al Presidente del Tribunal Supremo, y de los miembros del Tribunal Constitucional, aunque incluso puede decirse que menores que el caso de EEUU.

Sin embargo, es la Justicia española la “politizada”.

Un poquito de seriedad y un poquito de por favor.


Responses

  1. “En España tenemos una ventaja con respecto a EEUU: el acceso a la carrera judicial a través de las oposiciones”

    Algo diez veces más democrático, y diez veces más equitativo, por mucho que EEUU tenga otras cualidades MUY BUENAS como todo – pero en eso en particular dejan mucho que desear. Fijese usted que ayer mismo me escribió un amigo de los EEUU, y me dijo: “hombre seguramente si de verdad te pones a ello con seriedad, sacarás la plaza de juez en España. En EEUU cualquiera es abogado, y no te llegan a ti la mayoria en inteligencia para nada. Eres un crack”.

    Yo no me siento ni inteligentisimo ni creo que soy un crack (muchos de mis amigos americanos sí dicen eso de mí) pero pienso que, como español, tengo más sentido de la “maldad” y el juego político que ellos. No es casualidad: España fue líder en la política hace siglos y algunos lo portamos en la sangre — sobre todo lo experto que hemos sido en colonizar, y aplastar revueltas, como el mezquino Motín de Esquilache (muy parecido a lo de los “indignats” de ahora).

    “por lo demás, el Legislativo y el Ejecutivo también tienen una serie de prerrogativas señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley plenamente constitucional, por cierto), en lo que respecta a la elección de los miembros del Consejo General de Poder Judicial, e, indirectamente, al Presidente del Tribunal Supremo, y de los miembros del Tribunal Constitucional, aunque incluso puede decirse que menores que el caso de EEUU”.

    Sí, de hecho el sistema de acceso al TC (por poner otro ejemplo) también es más “democrático” porque el Ejecutivo-Presidente no es el único que elige los componentes, a diferencia de los EEUU.

    Ah y que conste que el sistema de los EEUU que vd cita no me parece “mal” en absoluto – es lógico que esté todo politizado así. Quizá lo que los “indignaos” quieren es algo como en Irán — un consejo al margen del legislativo y la política, unos “iluminados” que dicten normas desde el banquillo.

  2. Exacto, ahí es donde quería llegar. Alguna vez ha hablado usted de “losantianismo”. Pues una de las tesis del “losantianismo” es “España es una mierda, EEUU es el no va más”.

    El caso es que si en España está “politizada” la Justicia, ¿cómo lo está en EEUU? Y eso que, efectivamente, para otras cosas el sistema político o judicial de EEUU es mejor que aquí (y no es, en absoluto, “no democrático” el sistema de elección de jueces en EEUU), pero otras como el acceso a la carrera judicial el sistema de oposiciones es más justo y el nombramiento de miembros del CGPJ o del TC es más equilibrado entre Ejecutivo y Legislativo. Incluso la carrera de abogado se va a poner más complicada para que cualquiera pueda ejercerla, con el examen de acceso a la profesión que viene, eso sí, basado exclusivamente en el mérito y capacidad; o sea, que en algunas cosas incluso sí es cierto que lo que tenemos puede calificarse hasta de más “democrático”.

    Es que, realmente, si en el nombramiento de ciertos puestos importantes en los más altos tribunales, TS y TC, la última instancia de la Justicia en España y el intérprete de la Constitución, no intervienen los representantes políticos elegidos democráticamente, ¿de dónde emana la legitimidad para ello? Hombre, eso, salvo que tengamos un concepto de “justicia” diferente a “aplicación de la ley”, que coincida más bien con ese quemar incienso y recibir una iluminación sobre lo que es “justicia”.

  3. ¡huy! Sí, es cierto que se reforma el acceso a la carrera de abogado. ¿Qué le parece esa nueva reforma Javier? Me refiero a la que exige una prueba, etc. Me interesaría su opinión.

  4. Pues, en principio, todo lo que sea que los licenciados en Derecho acumulen más preparación y hacer una cierta criba, aunque habrá que ver el contenido de las pruebas, no me parece mal. Sinceramente, aunque era legal hasta ahora, un recién licenciado en Derecho suele estar muy verde como para, así por las buenas, colegiarse, ponerse una toga y plantarse ante un tribunal. Para ganar experiencia y formación están también las pasantías, las escuelas de práctica jurídica o el examen para obtener del certificado de aptitud profesional y acceder al turno de oficio, aunque estos no son obligatorios claro.

    Uno de mis maestros dijo en una ocasión que abogado no podía ser cualquiera y lo cierto es que tenía razón: es una profesión muy delicada y con un grado de responsabilidad muy alto.

    Hoy, precisamente, han publicado en ABC este artículo de Carlos Carnicer, el Presidente del CGAE (el Consejo General de la Abogacía Española) sobre este tema:

    http://www.abc.es/20110622/opinion-la-tercera/abcp-mejores-abogados-garantias-derechos-20110622.html

  5. Precisamente de ese mismo artículo le quería hablar — NO me ha gustado EN ABSOLUTO. ¿Qué es eso de “más derechos?” Seguimos con las mismas estupideces y lo que es peor, el Presidente de los Ilustres Abogados.

    Pues a mí NO me gusta la reforma — pero por otros motivos. Por supuesto que comparto lo que usted dice de que un abogado no puede ser cualquiera y se debería restringir pero CON OTROS PROCESOS y no titulando eso de “más derechos derechos derechos”.

  6. Lo leí esta mañana, lo de ABC, y no me asentó bien el café — aunque pensé instantáneamente en nuestras charlas ridiculizando los “derechos, derechos”.

  7. Ya, los “derechos, derechos”. En realidad, la mayoría de abogados cada vez que comparecen ante los medios de comunicación están por lo mismo que Carnicer, exactamente el mismo lenguaje. De hecho, cada mes nos mandan una revista del CGAE que es la repera, parece que la edita la ONU, o Zerolo, en lugar del CGAE.

    Por supuesto, va directa al cubo de la basura. No vale nada. Por lo menos, la que nos manda el Colegio de Abogados tiene artículos jurídicos interesantes y novedades sobre la jurisprudencia, pero esa nada de nada…

    La prueba, ¿lo dice por la cuestión de limitar el acceso a una profesión, como pasa con la colegiación obligatoria?

  8. Y, hablando de artículos en el ABC, aunque no tiene nada que ver con el tema, ¿qué tal este de Carrascal?:

    http://www.abc.es/20110622/opinion-colaboraciones/abcp-acabo-daba-20110622.html

  9. Pues sí, las del C.de Abogados suelen ser mejores desde luego.

    Tema prueba: a ver — hace falta una reforma pero lo único que provoca esta reforma precisamente es una explosión del mercado de “masters” — y podría ser un poco digamos…como le diría…”perjudicial” para alumnos pobres, por mucho que el señorito del artículo lo niegue — se rompe con un sistema que, con sus fallos, era uno de los menos sensacionalistas de Europa y más equitativos. Y créamelo cuando le digo que en EEUU, donde ya se aplica algo parecido (el Bar Exam) hay mucho cazurro en la abogacía pero encima acaban endeudados hasta las cejas por el tema de las acreditaciones. Lo de siempre: imitamos TODO LO MALO y perverso de EEUU pero NUNCA lo bueno. Lo siento, no puedo compartir esta reforma del Camaaño y si el PP fuera un partido “responsable y liberal” JAJAJA, ya ya, estoy soñando, habría votado NO.

  10. El análisis de Carrascal es errado en la conclusión — no me gusta: dice el europeista:

    “En una colisión, perderán ambos, aunque, como siempre, serán los pobres quienes más pierdan, quedándoles como única satisfacción haber hecho un buen agujero en la cartera de los ricos. Flaco consuelo, con la suya vacía”.

    Ya está vacía así que preferiría vacía pero libre en vez de vacía y sin la oportunidad de rellenarla para el resto de mi vida, que es lo que significaría quedarse con el euro y “Uropa”. No me gusta, por otra parte, hacer proclamas grandilocuentes, pero:

    Pienso de corazón que un cristiano no puede estar a favor ni acuerdo con el proyecto de la Unión Europea. Un hombre que diga ser cristiano bíblico (Carrascal NO lo dice obviamente) y esté a favor de más integración política no sé si podemos decir que es plenamente cristiano bíblico.

  11. Pues tengo que reconocer que no conocía mucho este tema de los “masters” y las acreditaciones en las pruebas de acceso a la abogacía. En principio, sí es cierto que mejorar la calidad de la abogacía está bien, pero, claro, si fuera una prueba “limpia”, como una oposición, basado solo en el mérito y capacidad del aspirante, sí que pudiera ser interesante.

    Eso sí, aparte un efecto que está teniendo la ley es que en los últimos meses se han disparado las colegiaciones. Algunos colegios sé que las han abaratado incluso, para atraer nuevos colegiados que buscan evitar las pruebas.

  12. Pues le ha pasado como a mí en la impresión sobre el artículo, Carrascal no va a la raíz del problema (será que es europeista, pues sí): el problema NO es cómo se ha hecho o dejado de hacer, sino la propia “integración Europea” en sí.

    Como vé, mira que el ABC es lo menos malo en la prensa española, pero hoy no se han “lucido” especialmente.

  13. Yo mismo las voy a evitar. Yo no me voy a gastar una pasta para enriquecer a los únicos que beneficia esta ley: los propios colegios de abogados jeje.

    Recuerde que en este país, casi todas las leyes se hacen en beneficio de alguna “clientela” partidista, como en casi todos los países occidentales donde hoy prima más el “marketing”, la sonrisa y demás.

    Sí bueno, el ABC es lo menos malo pero en España todo es europedista, por desgracia.

  14. […] calle pero ya cansa un poquito este raca-raca continuo de la “despolitización” de la Justicia. En esta entrada ya me extendí a este respecto. No es España el país donde el legislativo y el ejecutivo tienen más potestades a la hora de […]

  15. […] liberal clásica y democrática, y del “¡hay que despolitizar la Justicia, ¡YA!” (ver aquí), papagayos que repiten hasta la saciedad frases hechas, muy bonitas, pero vacías de […]


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