Posteado por: Javier | junio 25, 2011

Educación para la Ciudadanía: ¿puede otorgar el Supremo el derecho a objetar?

Ya que estamos con temas judiciales vamos a hablar un poco sobre la situación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) tras la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009.

A mí, particularmente, no me hace ninguna gracia la implantación de esa asignatura, aprobada por el Real Decreto 1631/2006, fundamentalmente, por ser una imposición de los euro-pedos, a través del Consejo de Europa, mediante una recomendación del año 2002, en la que, con el lenguaje pomposo y hueco de contenido que caracteriza a estos sacamantecas, se afirmaba que “la educación para la ciudadanía democrática es esencial para la misión principal del Consejo, como es promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia. Para ello recomienda a los Gobiernos de los Estados miembros que hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas”.

Es un secreto a voces: EpC es una asignatura que existe en otros países. También es verdad otra cosa. Según he estado leyendo últimamente, parece ser que muchos de los contenidos de EpC ya estaban en otras asignaturas desde hace años, pasando esto totalmente inadvertido y sin que nadie protestase por ello. Porque, y esa es otra, muchas veces solo se protesta cuando los no afines son los que están gobernando. No estoy a favor de ningún tipo de adoctrinamiento, pero la verdad es que la izquierda en eso es mucho más lista que la derecha: todavía recuerdo libros de historia de mis tiempos de estudiante en los que sutilmente incluso se eliminaban hechos que pudieran ser controvertidos para la izquierda, como no hacer mención alguna a la masacre de La Vendee, en la Revolución francesa, o a la ejecución del zar Nicolás y su familia, en la Revolución Rusa.

Probablemente, una asignatura de este tipo no estaría mal para enseñar, por lo menos, algo de la Constitución, nociones acerca de las leyes, no como un curso de Derecho, claro, pero sí saber algunas de las normas por las que nos regimos, aunque fuera de forma muy general, o, incluso, normas de urbanidad en las que todos estemos de acuerdo. El problema es que puede tener su peligro, y no solo en manos del PSOE, que parece que acaso fuese el único problema: Rajoy dijo hace varios meses que su intención no es derogarla sino hacerla transversal entre varias asignaturas, una de ellas, sobre valores constitucionales (esta sí pudiera estar bien), pero el caso es que, en la parte que se pudiera entender “doctrinaria”, el PP también pudiera tener la tentación de meter la mano y colar sus ideas propias. La Iglesia Católica ha arrastrado con ella al unísono a toda la derecha, incluso hasta a la menos “confesional”, en la lucha sin cuartel contra EpC. Ya veremos, si el PP la conservara y llenara de papismo (al igual que el PSOE la ha llenado de progrerio), si la Iglesia Católica se dedica a montar macromanifestaciones callejeras en defensa del “derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos”. A ver qué hace el PP.

El problema con esta asignatura pueden ser los añadidos que sí tengan una clara identificación ideológica o que pretendan llevar al alumno en una determinada dirección. Algo, por lo menos, de adoctrinamiento sí creo que hay, puesto que, solo es un ejemplo, pero el presidente de la fundación socialista “Cives”, una de las impulsoras de EpC, Victorino Mayoral, dijo en una entrevista radiofónica hace un par de años, que había que “contrarrestar los valores del neoliberalismo conservador”. Peces-Barba, histórico socialista y uno de los “padres” de la Constitución, dijo que la implantación de la asignatura “bien valía una Legislatura”. Pretender enseñar cuestiones morales sobre las cuales existen puntos de vista discutidos y discutibles no es explicar “principios y valores constitucionales”.

Pero, de cara al Derecho, y no a la demagogia (pues no hay que hablar de oidas, “¡adoctrinamiento, adoctrinamiento!”), la realidad es que el Tribunal Supremo, al pronunciarse en 2009, no es que se mojara mucho, pues dijo que no cabía objeción de conciencia por parte de los padres a que sus hijos no recibieran la asignatura y no fueran evaluados en ella en los casos estrictos que se habían planteado y que había analizado, pero dejando una puerta abierta a impugnar otros contenidos, aunque sí dejó claro que no se permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad y que el contenido debía centrarse en la educación de principios y valores constitucionales. Es decir, que en los CASOS ESTRICTAMENTE ANALIZADOS NO CABÍA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA, aunque no negaba la posibilidad de que los padres puedan impugnar los manuales que desarrollen la asignatura o la forma en que se imparta en un determinado centro.

La sentencia no es mala pero es muy imprecisa, pues deniega el “derecho” a la objeción de conciencia para ciertos contenidos pero ni lo afirma ni lo niega para otros hipotéticos. Tampoco es posible objetar a EpC globalmente, la negativa a recibir cualquier contenido de la asignatura. El problema es cómo se imparten y evalúa a unos alumnos sí y a otros no en una asignatura “mutilada” en unos contenidos concretos para unos y en otros para otros. La objeción de conciencia expresamente se reconocía en la Constitución para el servicio militar obligatorio pero, en cuanto a esta conscripción forzosa, el artículo que la recogía ha quedado vacío de contenido. Hay una corriente que opina que la objeción de conciencia es aplicable y protegible constitucionalmente para otros supuestos en los que entren en juego valores morales del sujeto obligado a una prestación concreta.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones. Por ejemplo, en la STC 154/2002 dice que el artículo 16 de la Constitución “faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 19/1985, FJ 2; 120/1990, FJ 10, y 137/1990, FJ 8). Este reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere lo es ‘con plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales’ (STC 46/2001, FJ 4, y, en el mismo sentido, las SSTC 24/1982, de 13 de mayo, y 166/1996, de 28 de octubre)..”. La STC 141/2000 dice que “la libertad de creencias, sea cual sea su naturaleza, religiosa o secular, representa el reconocimiento de un ámbito de actuación constitucionalmente inmune a la coacción estatal garantizado por el art. 16 CE, ‘sin más limitación, en sus manifestaciones, que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley’ ”. O, también, la STC 101/2004 afirma la “neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado”. Según el Tribunal Constitucional, cualquier enseñanza obligatoria de valores o principios a los ciudadanos por parte de los poderes públicos es inconstitucional.

Jurisprudencia “propia”, después de más o menos un año pensando en el tema. Pues, en cuanto a jurisprudencia liberal, me parece interesante el criterio del juez de la Corte Suprema de EEUU Antonin Scalia (aunque estemos hablando de un juez norteamericano). Aquí en España, en los casos que se han planteado normalmente lo que entran en juego son creencias religiosas personales y la libertad de los padres de educar a los hijos en sus propios valores morales. La asignatura puede molestar a padres de otras confesiones, pero, por lo general, las objeciones han sido puestas por padres católicos, la confesión mayoritaria en España. Pues bien, según el criterio de Scalia, debe garantizarse la libertad religiosa,siempre que sus prácticas no choquen con lo dispuesto en leyes de carácter general, que no tengan por objeto la regulación específica de estas prácticas confesionales. En este sentido, la norma por la que se implantó EpC no tenía como objeto regular las prácticas religiosas concretas de ninguna confesión sino incorporar una asignatura con unos contenidos concretos al curriculum escolar. Básicamente, la idea de Scalia es que, existiendo una libertad de cultos, sin embargo, mientras no se limite esta libertad (y, aunque no nos guste para nada EpC, todo hay que decirlo, no lo hace) un individuo no puede convertirse en su propia ley. Es comprensible que haya padres que puedan estar molestos con algunos contenidos, pero es muy forzado pretender que pueden negarse a que su hijo sea evaluado, creándose un “derecho”, en una asignatura concreta que ha sido introducida por una norma educativa (no en materia de libertad religiosa, pues, en ese caso, debiera haber sido una ley orgánica) legítima, pues ha sido aprobada por un gobierno legítimamente constituido (aunque sea nefasto, pero esos son otras cuestiones más opinables, ajenas al Derecho), y algunos de cuyos contenidos concretos, es más, parece que ya antes estaban diseminados por otras asignaturas que se impartían sin ningún problema.

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Responses

  1. Totalmente de acuerdo — se me ocurre así, a bote pronto, que existe un peligro para los jóvenes de la nación Javier, al caer en las garras de ROMA…porque que nadie nadie nadie se confunda: Los tentáculos de Roma están constantemente buscando victimas para estrangular con mentiras y enviarles directamente al infierno papal.

    Y efectivamente, la EpC NO IMPIDE que un papista siga ejerciendo su religión, porque es sólo una ASIGNATURA, como pudiése ser Educación física (que tampoco me gustaba, todo sea dicho). Que un chaval aprenda que el racismo no tiene cabida aquí en el sistema pública no impide nada — es más, ¿acaso va eso contra la propia doctrina papal actual? ¡EN ABSOLUTO!

    O el otro ejemplo: dicen que la asignatura promueve la homosexualidad. Eso es verdad — ¿y es que acaso ya no se estaba haciendo antes en clase de ética señores? ¿Es que acaso no la promueven ya en todos los canales autonómicos de la nación española y desde las más altas instancias estatales? ¿Pues qué? ¿Es que nos vamos a poner hipócritas como siempre? El verdadero motivo detrás de la objeción, Javier, es una cuestión sencilla: es un asunto partidista, no de contenido. ¿O es que hay algo de lo que no nos enteramos? Que yo sepa, el PP está a favor del matrimonio entre sodomitas, apoya el feminismo (apoya la Ley contra la mal llamada “violencia machista”), apoya a la Unión Europea, etc, etc ¿continúo caballero Javier? ¡NO HACE FALTA! Usted ya sabe a lo que me refiero.

    Vuelvo a repetir mi lección de siempre: el Tribunal únicamente debe pronunciar si algún ÓRGANO del Estado se ha excedido en alguna materia de autoridad PERO NO ANULAR LAS LEYES NI OTORGAR “DERECHOS” a nadie. ¿Qué se han creído Javier? ¿Qué demonios está pasando en Occidente?

  2. El problema no es EpC en sí, efectivamente, sino cómo se cuela a diario esa basura a través de los medios de comunicación, publicidad, películas o desperdigada entre las asignaturas convencionales. Porque es evidente que lo que ahora hace la EpC a las claras, la promoción de la homosexualidad, el anti-capitalismo, el ecologismo sandía, el abortismo, la sexualización de niños o adolescentes, el feminismo radical, el inmigracionismo, el multiculturalismo, el europeismo, el tercermundismo y demás bazofias, antes ya estaba “de tapadillo”.

    Sí, esto es partidismo puro y duro, no una confrontación de ideas, sino de intereses partidistas que ha pillado a muchos padres por medio, ¿acaso va a derogar el PP toda la escabechina que ha formado la PSOE en el Código Civil? Rajoy no es un hombre valiente.

    Porque, que no nos quepa duda, como ha escrito en su bitácora, el próximo paso es darle categoría legal a la pederastia o la poligamia o quién sabe si hasta a la zoofilia. Ahora se escandalizan: “¡¡Pero, buen hombre, cómo puede decir esa barbaridad!! ¿¿Que nosotros vamos a legalizar eso??”. Ya veremos, al cabo de unos años, “hombreeee, es que es un estilo de vida y no vamos a discriminar por eso”. No sería raro, pues en estos temas están totalmente desatados, fuera de sí.

    Por lo menos, fíjese, ahora en EpC todos los contenidos de esta estercolera mental están todos reunidos y se dan en cucharadas de jarabe de palo de forma más grosera y no subliminal, como hasta hace poco, y un padre tiene más fácil “contra-educar” a su hijo e informarle sobre esa basura que antes estaba camuflada. Pero, aparte de esto, no sería un buen precedente “dar” un “derecho” al escaqueo en una asignatura que forma parte del currículo escolar, simplemente porque desagrada su contenido, además de que esa no es la función de los tribunales de justicia.


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