Posteado por: Javier | septiembre 15, 2011

Contra el imperialismo judicial internacional

Desde hace diez años, dos aniversarios se juntan siempre cada 11 de septiembre: el de los atentados de Al Qaeda en el WTC y el del derrocamiento de Allende por el golpe de Estado comandado en Chile por el general Pinochet.

La dictadura en sí misma no es defendible, independientemente de que, tras un referéndum, entregara su país a la democracia. Seguramente, debieron haber abierto un proceso o interrogar a Pinochet sobre los abusos y desapariciones, PERO EN CHILE, por supuesto. Nada del despropósito “justiciero” garzonita (¿de verdad queda gente que piensa que el multi-imputado Garzón es un “romántico justiciero” con toga?). Todo ello en base a uno de los artículos posiblemente más impresentables de nuestra legislación, el 23.4 de la LOPJ: “Los tribunales españoles conocen también de los delitos cometidos por españoles y extranjeros en territorio extranjero siempre y cuando se refieren a bienes jurídicos de interés de toda la comunidad internacional, tales como el genocidio, terrorismo, tráfico de drogas y también todos los que según los tratados internacionales deban ser perseguidos por España”. Un artículo absurdo en sí mismo, pues no se limita a españoles implicados en los hechos y que, por actuar fuera de España, puedan quedar impunes, sino incluso a invadir la soberanía de otros países. Y, más absurdo aún, pensar que un país, por muy tercermundista que sea, si tiene aunque sea un miligramo de seriedad, va a extraditar a uno de sus nacionales al llamado del juez de un país que no tenga conexión alguna con los hechos que se le imputen. Es parte de nuestro ordenamiento y es ley, pero papel mojado: por la sencilla razón de que ningún otro país va a permitir que hagan esa incursión en su soberanía.

En el caso de Pinochet, Garzón, en una de sus iluminaciones ya conocidas, dictó el 10 de octubre de 1998, una orden de detención contra el entonces senador chileno, aprovechando que estaba internado en una clínica de Londres, la “London Clinic”, resolución que hizo llegar a Inglaterra. El gobierno de Antonio Blair, inicialmente, y en una de las decisiones más negras de la historia reciente del Reino Unido, aceptó la petición de Garzón y su orden de arresto, determinada por el juez metropolitano de Londres, Nicholas Evans, todo en inglés, idioma que no entendía. Todo un espectáculo lamentable, tratando a un anciano de casi 90 años como si fuera un terrorista de Al Qaeda o una amenaza directa para España o el Reino Unido.

El gobierno chileno (socialista, no hay que olvidarlo) recibió la noticia como “un bochorno internacional para Chile”, por lo que el presidente Eduardo Frei, junto a sus sucesivos cancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés iniciaron acciones para lograr su extradición al país sudamericano. Los presuntos crímenes del Régimen Militar se habían cometido en Chile, y por lo tanto correspondía a este país juzgarlo y a nadie más.

Después de un arresto domiciliario de 503 días, un escándalo en torno a un Comité de la Cámara de los Lores que debía decidir sobre la extradición a España, uno de cuyos miembros ocultó ser miembro de Amnistía Internacional y parte interesada, por tanto, y ante el estado de salud de Pinochet, el ministro británico del Interior Jack Straw finalmente resolvió, a principios de 2000, liberarlo y autorizar su regreso a Chile, como ocurrió el 3 de marzo de 2000.

No hay que olvidar que el propio Felipe González (con buen criterio, por supuesto) se opuso en 1999 a que Pinochet fuera juzgado en España. Para él, aquello era “neo-colonialismo” y es lógico. Se supone que Chile es un país independiente y con su propio sistema legal. ¿Pero quién es un juez español para declararse competente porque, según él, no haya “garantías jurídicas” en ese país? ¿Qué conocimiento tiene Garzón o quién sea, me da igual, del sistema judicial y legal chileno para afirmar con tanta frescura que allí no va a haber “garantías legales”, tratando a Chile poco menos que como una república bananera?

Aparte, ¿estaba prejuzgando a Pinochet, en ese caso? Porque así, Garzón parecía dar a entender que quería ser él quien juzgase a Pinochet porque temía que en Chile no lo condenasen.

¿Quién evalúa cuál es el nivel óptimo de garantías jurídicas para que un país pueda juzgar o no a alguien por delitos que haya cometido allí y que, además, sea ciudadano de ese país?

Ya digo que vale para cualquiera. Si depusieran a Fidel Castro o a Hugo Chávez… ¿pero quién narices sería un juez español para decir que él quiere juzgarlos? Da igual qué individuo sea (como si a un juez iluminado y “amigo de la humanidad” de EEUU, de Inglaterra o de Francia se le antojara juzgar a Aznar por la guerra de Irak o a Zapatero por la de Libia, porque, según él, en esos sitios han participado en un “genocidio” y “no se fía” de las leyes españolas), un país extranjero no es nadie para juzgar presuntos delitos cometidos por extranjeros en otro país, en base a que ese país no va a tener, supuestamente, capacidad para juzgarlos .

Es un imperialismo judicial aún más expansivo que el que podamos sufrir en lo político de cualquier organismo internacional, mayor aún que el que sufrimos por parte de la UE.

Las “leyes de punto y final” dictadas en Sudamérica tras el fin de las dictaduras militares en esos países nos podrán parecer mejores o peores, pero son leyes del ordenamiento jurídico de otros países y una cuestión interna de allí.

Es el mismo supuesto, por cierto, de Couso, el periodista español muerto en la guerra de Irak. Aparte de que, sí, la muerte es de lamentar pero sabía a qué se exponía yendo a una guerra, lo de entregar a los militares americanos a la Justicia española es la misma tontería exactamente que si hubiera sido al revés, periodista americano y militar español, por ejemplo. El gobierno que entregase a un militar español a los tribunales extranjeros (o a uno de estos tribunales de la “justicia universal” que estos sacamantecas se han sacado de la manga en las últimas décadas) debiera ser juzgado por traición a la patria.

O, más rocambolesco aún, el caso de un juez de la Audiencia Nacional que imputó en enero de 2009 al ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares un delito contra la humanidad por un ataque en la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron un líder terrorista de Hamas y catorce civiles. Por supuesto que Israel nunca va a juzgar a sus propios militares ni mucho menos a un ex-miembro de uno de sus gabinetes de gobierno por una acción bélica contra sus enemigos, pero, al menos, sí está igual de claro que el gobierno español tampoco va a pedir nunca su extradición, primero, por las relaciones con Israel, y, segundo, porque sería un precedente gravísimo y muy peligroso, sería como decir que ningún país puede adoptar medidas contra el terrorismo (a pesar de que, habitualmente, esta fijación obsesiva casi siempre tiene como foco Israel, pero ese es otro tema). Todo termina siendo, a fin de cuentas, nada más que un brindis al sol con tal de lanzar a un juez al estrellato y, de paso, congraciarse con la progresía que padecemos. Pero, el caso, es que seguramente habría que llegar a una redefinición de “delito contra la humanidad”, según la cual solamente entrarían en esta categoría acciones militares estadounidenses e israelíes, o, dentro de los dictadores, algunos concretos como Videla o Pinochet. Si matar a un terrorista de Hamas es un delito contra la humanidad, igualmente, podría encausarse, por ejemplo, a Erdogan, el socio de la Alianza de Civilizaciones, por sus incursiones en el norte de Irak contra los terroristas kurdos del PKK. O llegarse al absurdo de pretender enjuiciar a miembros del propio ejército y gobierno españoles, junto con el de EEUU y hasta encausar a Obama, por tratar de matar o eliminar a un terrorista de Al Qaeda en Afganistán. O a los hermanos Castro, quienes gozan del beneficio del doble rasero que la progresía aplica a las dictaduras comunistas.

La llamada “justicia internacional” no es más que otro de los conceptos socialistas, tercermundistas y totalitarios, con los que el izquierdismo más radical, a través del mundialismo de las “organizaciones supra-nacionales”, busca tapar las vergüenzas de algunos de los regímenes y dictaduras más abyectos que han poblado y pueblan aún el planeta.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: