Posteado por: Javier | noviembre 19, 2011

Sanidad y pensiones (III): el sistema podría ser más eficaz

En una de las entradas anteriores, la del sábado pasado en concreto, mencioné la negociación individual de los contratos empresa-trabajador. Estas cosas, todavía a muchos, inmediatamente traen a la mente imágenes de la Inglaterra de los tiempos de la Revolución Industrial y los cuentos de Charles Dickens, con patronos con levita y sombrero de copa y niños de poco más de diez años trabajando en las profundidades de las minas de carbón en jornadas diarias de 12 horas o más. Es lo que tienen los prejuicios bien arraigados.

Curiosamente, tanto que nos gustan las directrices que llegan desde Europa, sin embargo, en diciembre de 2008, se rechazó en el Parlamento Europeo una norma aprobada en junio de ese año por los ministros de Trabajo de todos los países miembros de la UE, menos los de España y Grecia (curioso), quienes votaron en contra, y los de Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal, quienes se abstuvieron, que permitía que empresa y trabajador acordasen libremente de mutuo acuerdo una jornada laboral semanal de hasta 60 horas (e incluso hasta 65 horas en ausencia de un convenio colectivo), en lugar de las 48 horas de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual estipuladas como límite máximo a nivel europeo (en España son 40).

Es cierto que el rechazo a la iniciativa no sólo partió del grupo socialista sino que a ello se sumó con entusiasmo buena parte del popular. Tal para cual: si yo quiero trabajar no 65, sino 70 u 80 horas semanales, ganar un alto sueldo por esas horas y cotizar más ¿Quién es un burócrata planificador o un sindicato para ponerle vallas al campo y no permitírmelo? En un contrato, dos partes deciden y nadie puede ponerle restricciones a una de esas dos partes sobre lo que quiere ofrecer a la otra. Y es un craso error pensar que la empresa entonces obligaría al trabajador puesto que el mercado de trabajo se rige, como todos por la oferta y la demanda. Ninguna empresa puede obligar a un trabajador a nada. Evidentemente: A LA EMPRESA ECONÓMICAMENTE PUEDE NO CONVENIRLE CONTRATARME MÁS DE LAS 40 HORAS ESTIPULADAS LEGALMENTE EN ESPAÑA, Ó MÁS DE 30 Ó MÁS DE 20, aunque pueda hacerlo.  

Pero, dejando aparte estas consideraciones, en cambio, obligarte a trabajar, no por un interés mutuo, sino para intentar salvar el sistema del “Estado del Bienestar”, hasta los 67 años, como está previsto en el actual sistema de pensiones español, sí que es “lícito”. No es que no haya que trabajar más. No es esa la cuestión. Posiblemente, a este paso, habrá que trabajar no hasta los 67, sino hasta los 70, y, dentro de unas décadas, hasta la muerte casi, para mantener el actual sistema público de pensiones. Lo chocante es la demagogia hacia una propuesta y la naturalidad con que se mira a la otra. Y reducir la prestación que vas a percibir después de tu jubilación, un débito que han contraído contigo por las cantidades que, en forma de cotización a la Seguridad Social, han detraído de tu salario para que el Estado pueda pagar las pensiones actuales, es igualmente “lícito”, mientras que trabajar un poco más por más dinero es “abusivo”. Con estos “defensores del trabajador” no hacen falta enemigos.

En ello consiste, básicamente, lo aprobado a principios de 2010 en el Consejo de Ministros como proyecto de ley, y que ha visto por fin la luz el pasado 1 de agosto, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. La reforma de la Seguridad Social entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y se aplicará de forma paulatina en un período transitorio de 15 años, que culminará en 2027. La edad de jubilación, hasta ahora establecida en 65 años, se fija en 67 a partir de 2027, momento a partir del cual finaliza el régimen transitorio. Desde 2013 se irá incrementado gradualmente la edad de jubilación. En cualquier caso, quien cumpla 65 años en 2027 y haya cotizado más de 38 años y seis meses podrá jubilarse y cobrar la pensión completa. La cuantía de la pensión se determinará por los últimos 25 años trabajados ,en lugar de los 15 años fijados en la anterior legislación. La medida se aplicará de forma gradual de tal forma que a partir de 2022 todas las pensiones se calcularán ya con los últimos 25 años cotizados. Para cobrar la pensión máxima será necesario a partir de 2027 acreditar 38,6 meses de cotización. Hasta ahora, bastaban 35 años para acceder al 100%. Se puede acceder a la jubilación anticipada a partir de los 63 años, siempre y cuando se hayan cotizado 33 años. La jubilación a los 61 años se mantiene para casos ligados a crisis empresariales. Lo único que no cambia es el periodo mínimo para acceder a la prestación contributiva, que se mantiene en los 15 años.

Más años de trabajo, menos dinero. Sin embargo, como con la sanidad pública, persiste una mentalidad de que sin la Seguridad Social pública, tendríamos un país lleno de ancianos tirados debajo de los puentes sin casi nada que llevarse a la boca para comer.

¿Recuerdan la demagogia que, recurrentemente, lanzaba en su día Felipe González y, más recientemente, Zapatero o Rubalcaba sobre la supuesta “intención” del PP de “rebajar las pensiones”? Antes de las últimas Elecciones Europeas, por ejemplo, mediante una carta firmada por el candidato socialista Juan Fernando López Aguilar y el propio Zapatero. Y el más que presumible futuro jefe de la oposición, Rubalcaba, sin ir más lejos, ha centrado buena parte de su campaña electoral en ello, con notable poca vergüenza (la que caracteriza y ha caracterizado toda su vida a este personaje) después de esta reforma. Cuando el PP tiene PRÁCTICAMENTE LA MISMA POSICIÓN. De hecho, es que podemos estar seguros de que no va a cambiar prácticamente ni una coma de la reforma del PSOE.

La ineptitud y mendacidad del socialismo que hemos padecido estos últimos años es clara como el agua, pero también es cierto que nunca hemos llegado a ser totalmente conscientes de esta falacia que supone el llamado “Estado del Bienestar”: el robo y el latrocinio legalizado de una parte de los frutos de nuestro trabajo para que el Estado le dé el fin que le venga en gana y para que, después de jubilarnos, nos arroje las migajas y las sobras de lo que, previamente, nos ha sisado. El Estado debería garantizar unas prestaciones mínimas para situaciones de necesidad pero el sistema de “Estado del Bienestar”, aparte de ruinoso, es una auténtica y soberana mentira. Es la forma en que el planificador estatal decide cómo nos va a devolver una pequeña parte del gran todo que nos expolia.

Te puedes indignar con este “pensionazo” del Gobierno de Zapatero, justificado mediante la excusa, entre otras peregrinas y ridículas, de la mayor esperanza de vida de la población española en los últimos años, pero la auténtica realidad es que el sistema está tarado en su origen y, SI QUIERES “ESTADO DEL BIENESTAR” ESO ES LO QUE VAS A TENER. A finales de 2009, Zapatero decía en el Congreso que los defensores de las pensiones privadas tenían un serio problema tras el estallido de la crisis y el pinchazo de la Bolsa. Lógicamente, no podemos esperar más que esa pobre verborrea socialista de parte del presidente del gobierno progre que hemos padecido. Cada uno da el nivel que da y este hombre mentalmente no llega a más. Muchos economistas (algunos integrados en los círculos de Zapatero, tras dar un giro de 180º en sus planteamientos) habían venido años advirtiendo del riesgo de desmoronamiento del sistema.

Desde Felipe González hasta llegar a Zapatero, una cantinela recurrente del PSOE ha sido la amenaza de que un gobierno del PP iba no sólo a rebajar sino, es más, a desmantelar el sistema público de pensiones. Mentían descaradamente, como es costumbre en estos dos personajes, Felipe y José Luis, pero no hubiera estado mal y que, por una vez, hubieran dicho la verdad. La realidad es que la posición del Partido Popular es la misma que la del PSOE en esta cuestión y así quedó consagrado en el “Pacto de Toledo” en 1995. Quizás no hubiera estado mal que los socialistas tuvieran razón y que los populares se hubieran planteado, aunque sólo fuera por un momento, la posibilidad de estudiar la implantación de algo parecido al modelo chileno de pensiones, si no les da vergüenza la posibilidad de que el PSOE ponga en marcha toda su maquinaria de propaganda demagógica acusándoles de querer adoptar un sistema creado en 1981 durante los tiempos del régimen de Pinochet (Pizarro, en 2008, se asustó en un debate televisado, cuando Solbes el eterno Ministro de la Ruina Económica, le soltó esa “perla”), introduciendo, paso a paso, un sistema de capitalización, con posibilidad de elegir entre un fondo público de pensiones y los privados existentes en el mercado, en el que el patrimonio de los trabajadores cotizantes crecería continuamente hasta el momento en que decidieran jubilarse, sin despojar de sus derechos ya devengados a los pensionistas, lógicamente, los cuales se asegurarían con cargo a los presupuestos del Estado. Los trabajadores que se incorporasen al mercado laboral por primera vez, de este modo, tendrían la posibilidad de librarse de las garras de esta maquinaria de expolio piramidal.

Puede que entonces hubiera un poco de seguridad y, lo más importante, social. Como con la sanidad, no es el “sistema perfecto”, pero bueno sería que, por lo menos, se abriera el debate.

En Chile, los fondos son invertidos por empresas privadas altamente especializadas y con requerimientos estrictos de amplia diversificación, que han logrado una rentabilidad  promedio del 10,1% anual, por encima de la inflación, desde la implantación del sistema. Incluso con la crisis económica, los fondos de pensiones en Chile han mantenido su rentabilidad.

Es cierto que, al principio, al pasar del sistema de cotización al de capitalización, se genera un déficit público, como alguna vez ha advertido José Piñera, el principal arquitecto de este sistema. Sin embargo, esta tendencia se revierte a los pocos años de su funcionamiento, como ha ocurrido en Chile y en otros países en que se ha implantado.

Es importante comprender que el error fundamental del sistema tradicional de reparto estatal fue haber roto la relación entre las contribuciones y los beneficios, entre el esfuerzo y la recompensa. En efecto, a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck, el llamado “canciller de hierro” de Prusia, creó un sistema de pensiones que prometía beneficios, pero que no acumulaba fondos para cumplir esas promesas, sino que se basaba en cobrar impuestos a los trabajadores. Bajo un sistema bismarckiano, el aporte del trabajador está definido por una ley que establece el impuesto al trabajo (en nuestro caso actual son las cotizaciones), mientras que la pensión que obtendrá está definida por otras leyes que definen los beneficios. Las segundas son objeto de todo tipo de presiones por grupos organizados que tratan de obtener pensiones prematuras o privilegiadas. Cuando eso sucede en una sociedad, a nivel masivo y por mucho tiempo, el resultado final es un desastre porque siempre se trata de minimizar la contribución al sistema de pensiones y maximizar lo que se obtiene.

Debido a que los árbitros en el sistema de reparto estatal son políticos intentando ganar elecciones, se produce inevitablemente una inflación de promesas imposibles de cumplir, cuyos costes son postergados para que sean futuros gobiernos quienes se enfrenten a ellos. La creación de gigantescos estados redistributivos en Occidente ha tenido consecuencias no previstas, como la corrupción del debate público en la medida que los políticos luchan por comprar votos con dinero ajeno. Y es que esto es JUSTAMENTE LO QUE VEMOS EN ESPAÑA, con el PSOE agitando el fantasma del fin de las pensiones y el PP jurando y perjurando que no, que lo que va a hacer es aumentarlas de aquí a no sé cuántos años. El socialismo, sea de izquierda o de derecha, es una magnifica idea, hasta que se agota el dinero de los demás.

Chile, y posteriormente otros países, supo apartarse de este camino. El impacto de este nuevo sistema de pensiones ha ido mucho más lejos que los conocidos e impresionantes indicadores económicos del país. Actualmente, Chile es, de largo, el país más libre y próspero de América Latina. De hecho, es el único que pueda considerarse que cumple todos los requisitos para ser incluido dentro de los “países desarrollados”.

También ha significado una redistribución radical del poder del Estado hacia la sociedad civil y, al convertir a los trabajadores en propietarios individuales del capital del país, ha creado una atmósfera cultural y política más consistente con los postulados de una sociedad libre. Pero, evidentemente, ya sabemos que el PP no es que lleve en su agenda la posibilidad de dar a los ciudadanos la posibilidad de tener la libertad de elegir el sistema de previsión social que les sea más rentable y provechoso sino que, en lugar de ello, pretenda tenernos atados a un modelo calcado a una estafa piramidal. Del PSOE no se espera nada más que populismo y no cambiarán nunca ni un renglón. Total, ellos no serán los que se quedarán en el futuro con una pensión irrisoria sino con una de miles de euros mensuales, después de unos pocos años “haciéndonos felices”, puesto que, para mantener su nivel de vida (lujoso y costoso), en lo que produzca el sector privado siempre habrá sobras de las que rapiñar.

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