Posteado por: Javier | enero 28, 2012

La impecable sentencia del caso Marta del Castillo

Ya han pasado poco más de dos semanas desde que se conoció la sentencia del caso Marta del Castillo, la adolescente asesinada en Sevilla hace justamente tres años, pero es algo que va a seguir trayendo cola. Los padres y demás familiares están indignados (eso hasta cierto punto lo comprendo), la opinión pública lo está (“la justicia es bananera”, “qué barato sale matar en este país”,…) y la prensa también. Estoy absolutamente a favor de la libertad de información, cómo no, pero, hombre… la prensa debería dedicarse a ser un poquito menos amarilla y agitadora, con estos periodistas metidos a jueces. Hay jueces que quieren meterse a legisladores y hasta a activistas políticos, tipo Garzón, garzones y garzonas, sí, pero también más de un periolisto quiere meterse a “juez” sin serlo y sin tener ni puñetera idea de Derecho. Esto tiene un efecto nefasto, pues normalmente la gente se forma sus ideas sobre la ley y la justicia a través de las valoraciones de unos señores que tienen tan poca idea como puedan tener ellos sobre estos temas. Es como si yo me pongo a valorar y a pretender sentenciar sobre cuestiones relacionadas con la ingeniería de caminos, canales o puertos, o sobre arquitectura técnica, materias de las que no tengo ni repajolera idea. Pues esto es lo mismo. Hasta en el ABC, lo menos malo de la prensa, leo titulares y noticias redactadas de forma totalmente demagógica. De “indecencia” habla el ABC. Porque claro, es mucho más cómodo contentar a las masas que echarle aunque sea un vistazo a los 141 folios de la sentencia. Bueno, pues vamos a ser tan indecentes de argumentar porqué la sentencia es absolutamente correcta.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó, en la sentencia hecha pública el 13 de febrero (la 1/2012, VER AQUÍ), a Miguel Carcaño Delgado como autor responsable de un delito de asesinato a veinte años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, y la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta del Castillo por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo, absolviéndolo de los dos delitos de agresión sexual, de los delitos contra la integridad moral y profanación de cadáveres que se le imputaban, y a indemnizar a Antonio Abad del Castillo y Eva Casanueva, los padres de Marta, con 140.000 euros a cada uno de ellos y a las hermanas con 30.000 euros para cada una de ellas, por el daño moral causado por su muerte y desaparición.

Por su parte absolvió a los demás acusados: a Samuel Benítez Pérez de los delitos de encubrimiento, contra la integridad moral y profanación de cadáveres; a Francisco Javier Delgado Moreno de los delitos de encubrimiento, amenazas, contra la integridad moral y profanación de cadáveres; y a María García Mendaro de los delitos de encubrimiento, contra la integridad moral y profanación de cadáveres.

Había otro individuo implicado más, Francisco Javier García Marín, alias “El Cuco”, imputado por asesinato y violación, juzgado y absuelto por un Juzgado de Menores, al ser menor de 18 años (hace varios meses, en marzo del año pasado, hice referencia a lo correcto de su absolución de estos delitos, no así de su condena como encubridor… encubridor de unos supuestos hechos aún ni siquiera declarados como probados, ¿encubridor de qué?). La Audiencia Provincial de Sevilla actualmente está revisando la sentencia.

Y el tribunal no ha podido hacer otra cosa, más que absolver a Carcaño del resto de delitos que se le imputaban, así como a los demás acusados, pues existe un principio de nuestro ordenamiento jurídico llamado PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

En España, la presunción de inocencia está reconocida en el artículo 24 de la Constitución como un derecho fundamental que garantiza que nadie puede ser condenado sin la existencia de una actividad probatoria de cargo, válidamente practicada, legítimamente obtenida y racionalmente valorada que acredite la realidad del hecho imputado y la participación en éste del acusado. Implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley.

El derecho a la presunción de inocencia (como, por lo general, todas las presunciones) comporta una distribución de la carga de la prueba y exige que la prueba la soporte quien lleve a cabo la acusación y que, en cualquier caso, que la prueba se realice a través de medios de prueba que sean constitucionalmente legítimos (STC número 141/86, 12 de noviembre). Esto es, la carga de la prueba de los hechos perjudiciales para el acusado corresponde a las partes acusadoras (SSTC números 70/85, 150/87, 82, 128 y 137/88). Y es más, hay dos extremos, dos vallas que hay que saltar para llegar a la culpabilidad del acusado: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendiendo el término “culpabilidad” como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal.

Sólo sirven para destruir la presunción de inocencia las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, como se deduce del artículo 741 de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el acto procesal solemne donde se realizan los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción. De dicha regla general sólo pueden exceptuarse los supuestos de prueba preconstituida y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa y la posibilidad de contradicción (STC 37/88).

El Juzgado o Tribunal tiene la facultad de valorar en conciencia, conforme le reconoce el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las pruebas practicadas en el juicio, pero tiene la obligación de razonar expresamente tal valoración en el propio texto de la sentencia, cumpliendo así el deber de motivación impuesto por el artículo 120.3 de la Constitución, a fin de acreditar públicamente que no se trata de una actuación arbitraria (artículo 9.3 de la misma) y de permitir un correcto uso del derecho a recurrir y una mejor comprensión de la resolución impugnada por parte del órgano judicial que, en su caso, debe resolver el recurso. Gracias a Dios, España es un país de leyes y para condenar hace falta la certeza de la culpabilidad obtenida de la valoración de la prueba (STC 55/82, fundamento jurídico 2º). Salvo prueba de cargo en contrario, es la inocencia la que se presume “cierta”, con lo que si el juez no tiene “certeza de autoría” debe absolver.

Es más, es que la Sección Séptima estaba absolutamente vinculada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual (Sentencia 1505/1998, de 22 de abril), “cuando se trata de este tipo de denuncias por abusos sexuales de menores, existe lamentablemente una acusada presión social, derivada de la natural repugnancia que provoca la naturaleza de los hechos objeto de acusación, que invierte el principio constitucional y convierte al acusado en culpable en tanto no acredite suficientemente lo contrario. Pero, precisamente por ello, es en este tipo de acusaciones donde el derecho constitucional a un juicio con todas las garantías, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la interdicción de la indefensión adquieren su máxima virtualidad, y cuando los Tribunales de Justicia, que no deben ser influidos por las presiones mediáticas o sociales, están obligados a tutelar de manera más efectiva los derechos fundamentales del acusado. De cualquier acusado, con independencia de la naturaleza del delito objeto de acusación”.

Esencialmente, los hechos que la sentencia da como probados son “en el trascurso de esa discusión verbal y estando de pié frente a frente D. Miguel cogió de repente un cenicero de una mesa, situada a su izquierda, y con un movimiento rápido y brusco con gran fuerza golpeó en la sien izquierda de Dª Marta del Castillo, quién cayó al suelo, boca arriba con la cabeza y cara ensangrentadas, debajo de la mesa el ordenador falleciendo de inmediato. En ese momento se presentó en la vivienda ya citada, D. Francisco Javier García Marín. Tras hablar y discutir durante un rato qué hacer ante esta situación, D. Miguel y D. Francisco Javier García decidieron hacer desaparecer el cadáver de Dª Marta, así como todos sus efectos personales. Entre los dos y con ayuda de al menos de un tercero desconocido colocaron el cuerpo inerme de Dª Marta del Castillo en una silla de ruedas, que usaba la madre fallecida de D. Miguel, y de esa manera lo sacaron de la vivienda haciendo desaparecer el cadáver en lugar que se desconoce”.

Ello en base a la confesión de Carcaño como autor de la muerte, de la que ha llegado a dar hasta seis versiones distintas de la forma en que la perpetró, en unas incriminado a unos, en otras a otros distintos, y tres sobre cómo se deshicieron del cadáver (primero que tiraron el cadáver al río, después que lo tiraron al interior de un contenedor de basuras, cercano a la calle León XIII y, por último, que ayudó a introducir el cadáver en un coche desconociendo que se hizo con el mismo), y unas pruebas periciales sobre el ADN de la sangre encontrada en su domicilio y la situación de su móvil y el de otros acusados la noche de ocurrencia de los hechos.

Lo único cierto es que el cadáver de Marta nunca apareció, jamás se pudo hacer la autopsia del mismo, que hubiera aclarado muchas cosas, y con estos escasos mimbres ha tenido que componer su sentencia el tribunal.

Carcaño ha sido condenado a la máxima pena posible prevista en el Código Penal con la escasa prueba que había, y que no ha dado para condenar al resto de acusados, y es muy probable que en prisión necesite protección frente a un posible linchamiento por parte de los otros presos (la ley contempla penas de prisión para los delitos, no ser arrojado a una turba) o intento de suicidio.

No ha sido una cuestión de falta de penas, sino de FALTA DE PRUEBAS. No hay más cera que la que arde y, por favor, vamos a tener un poco de mesura.

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Responses

  1. Hombre, alguien normal, yo creía que en España todos habían perdido la chaveta…a mi me daría mas miedo encontrarme de frente con uno de esos que opinan que deberían matar en la calle a cualquiera que ellos consideren culpables (porque sí, sin pruebas), que con cualquiera de los EX-ACUSADOS, por no decir INOCENTES ya que en España eso no existe… Antes de opinar conoce en profundidad la sentencia, lee lo que realmente pasó en el juicio, la razón por la que que el juez no consideraba ciertas pruebas (insostenibles), y no la razón por la cual dice el padre de Marta o cualquiera de los periodisticuchos que trabajan con Dª Ana Rosa Quintana o Suanita Griso…Pero lo mas repugnante de todo esto ha sido la información dada (mucha de ella falsa) por esos medios de comunicación “serios” guiados también por la indignación de la ciudadanía desinformada, borreguitos…

  2. Por cierto he olvidado lo fundamental, darle las gracias a quien ha escrito esto, después de oír tanta gente hablando incoherencias, me he incluso emocionado al leer cosas razonables.

  3. Gracias a usted, pues la verdad es que me tiene también un poco cansado escuchar y escuchar sin parar opiniones sobre la sentencia, la ley y la judicatura más propias de “Salsa Rosa” o “La Noria” que de una información seria, eso aparte de los exabruptos de quienes dicen que a Carcaño deberían poco menos que fusilarlo sumariamente o propinarle una dura paliza al día como castigo.

    Saludos.


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