Posteado por: Javier | febrero 14, 2012

El oscuro proceder garzonita (III): no, así no

Entramos ya en la tercera y última parte de esta serie en la que intento desmitificar a este personaje, Baltasar Garzón, pero, sobre todo, igual que expuse sobre el caso de Marta del Castillo, demostrar cómo existen unos principios y garantías que la Constitución y las leyes nos reconocen a todos, sin que ningún juez pueda vulnerarlos, por muy nobles que, hasta concediendo eso, pudieran ser sus motivaciones.

No sé hasta cuando durará el griterío de la calle, pero es algo bastante molesto, sobre todo, desde la desinformación que procede. Eso, sí por parte y parte. Igual que muchos vociferan que los miembros del Tribunal Supremo son “franquistas” o “totalitarios”, seguramente gran parte de los que ahora están encantados de que se condene y se empapele a Garzón por prevaricación, hubieran estado muy contentos si el tribunal que juzgó el caso de Marta del Castillo hubiera prevaricado condenando injustamente a Carcaño a una pena superior a la que finalmente le ha caído o hasta condenando al resto de imputados, aún sin haber pruebas de cargo contra ellos. Pero este es el país y la opinión pública que tenemos.

Algo previo, el juez instructor del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha decidido este lunes archivar la causa contra Garzón por los cursos que dirigió en Nueva York. El magistrado imputaba al juez un delito de cohecho impropio al acusarle de recaudar 1,2 millones de euros en patrocinios de empresas y bancos para la celebración de jornadas académicas. En la causa de los cursos de Nueva York, la Fiscalía pedía el archivo de la causa precisamente porque el delito de cohecho impropio había prescrito, mientras que la acusación popular, ejercida por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, reclamaban hasta cinco años de prisión por extorsión.

La que vamos a ver ahora es la tercera causa.

Como he dicho en la primera entrada, no tengo nada en contra, todo lo contrario, de que se investigue sobre los hechos de la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, así como sobre la represión en cada uno de los bandos. Sin embargo, la situación es que, obviamente, al ser el vencedor el bando nacional, las víctimas de la represión en la zona republicana están bien identificadas y sobre su número existen menos controversias que sobre las de la represión franquista. Al concluir la Guerra Civil, el régimen franquista inició un exhaustivo estudio que quedó reflejado en la llamada “Causa General Instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España”. El estudio recoge las consecuencias del denominado “terror rojo” desde febrero de 1936 hasta el fin de la contienda. Se trata de un minucioso estudio realizado municipio por municipio y que ocupa más de 1.500 legajos, hoy conservados en el Archivo Histórico Nacional. Según los datos que obran en este archivo, el número de víctimas de la represión en la zona republicana sería de 38.563, las identificadas, lógicamente. Es decir, las dudas existen sobre muchas víctimas de la represión franquista, se estima que cerca de unas 150.000, entre ejecutados durante la guerra y los primeros años de la dictadura, encerrados en campos de concentración y desaparecidos y enterrados en fosas comunes, puesto que, en muchos casos, fueron denigradas, sus cadáveres enterrados sin más y sus muertes no anotadas en ningún tipo de registro civil, y sobre las que ha habido un manto de silencio durante décadas. Hasta aquí algo que es evidente: con independencia de que hubiera muchos criminales de una parte y otra, también hubo muchísimas víctimas inocentes, con la diferencia de que unas pudieron ser identificadas y honradas por sus familiares y otras no.

Pero ¿era Garzón quién debía ocuparse de esto usando sus facultades como juez?

Como en la entrada anterior, voy a relatar los hechos de una causa que aún está pendiente de sentencia:

Allá por el mes de diciembre de 2006, presentadas varias denuncias sobre desapariciones de personas durante la Guerra Civil, formuladas por diversas asociaciones conocidas como de “memoria histórica”, éstas fueron turnadas al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, el de Garzón, quien abrió las Diligencias Previas nº 399/2006, ello mediante un auto que dictó el 19 de diciembre de 2006.

Once meses después de la apertura, Garzón dio traslado al Ministerio Fiscal en noviembre de 2007. El Ministerio público emitió un informe el 1 de febrero de 2008 por el que se oponía a la admisión a trámite de las denuncias en base a que la Audiencia Nacional carece de competencia para conocer de las mismas y que la tipificación de los delitos de lesa humanidad no es susceptible de aplicación retroactiva” y que, asimismo, la Ley de Amnistía de 1977 es aplicable en toda su amplitud, y que no cabe atribuir competencia a la Audiencia Nacional, sin que fuera de aplicación el fuero por persecución universal, ya que los delitos denunciados se habrían cometido en España”.

Nuevamente, volvemos a lo dicho sobre el supuesto anterior: la Ley de Amnistía nos podrá parecer mejor o peor, pero es parte de nuestro ordenamiento. Luego vamos a ver como, encima, Garzón YA LA HABÍA APLICADO ANTES.

Garzón no declaró su competencia hasta el famoso auto del 16 de octubre de 2008, que recibió tanta atención mediática en aquellos días. Antes, habiéndola asumido “de facto”, había requerido a una serie de ministerios, ayuntamientos, archivos y a todas las parroquias de España a que aportasen todos los datos que permitiesen dictaminar el número de desaparecidos “como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional del 17 de julio de 1936, durante la guerra civil que provocó y posguerra”. Es decir, con un informe desfavorable del Ministerio Fiscal y sin haber declarado aún su competencia, ya comenzó a desarrollar labores de instructor. Aparte, no podía ser más inconcreto lo que ordenaba Garzón a los funcionarios y rectores de todos estos organismos: ponerse a hacer listados de personas sin concretar su número y el lapso de tiempo en que había que buscar.

El auto es este y, si lo leen, verán que parece más un ensayo sobre investigación histórica y subjetiva de la Guerra Civil que una resolución judicial. Que a Garzón lo que le gusta es llamar la atención lo demuestra el hecho de que la causa llevaba casi dos años en el cajón de su despacho y el que, tras dictar este auto, diera traslado del mismo a los medios de comunicación, que esa misma noche anunciaron la noticia.

En este auto figuran una de las excentricidades de Garzón en este asunto: el requerir los certificados de defunción de Francisco Franco y otros personajes de su régimen, para asegurarse de que las responsabilidades penales estuvieran suspendidas. Individuos como el propio Franco, Emilio Mola o Queipo de Llano que es público y notorio que están muertos, a los que atribuía la comisión de delitos de genocidio.

Aparte, en el auto existe un relato de hechos que se propone investigar que más que una serie de hechos posiblemente delictivos constituye una serie de consideraciones y valoraciones personales del propio Garzón. Desde luego, independientemente de las cuestiones técnico-legales, leyendo el auto cualquiera pensaría que la intención de Garzón era ser historiador, no juez instructor. Puede ser de mayor o menor calidad como reflexión histórica, o estar más o menos acertado en su tesis, pero NO era el lugar para formularlas la resolución en un procedimiento penal. Garzón se apartó de su labor instructora, utilizando el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional del que era titular, como tribuna para comparecer ante la opinión pública y formular una tesis personal de su ideología y de su visión de la historia de España. Garzón podía estar más o menos acertado en su visión u opinión histórica, pero era totalmente subjetiva y personal.

Pero más allá de todo eso, lo más escandaloso es que Garzón fundamentó la posible tipicidad penal como delitos de genocidio de los hechos a los que alude en base no al Derecho, sino ¡a citas de libros históricos de diversos autores! Garzón no va en ningún momento a los medios de prueba reconocidos como tales por la ley: declaraciones de los denunciados (esto imposible, claro, estaban todos muertos y bien muertos), testificales, documentales o periciales. No, no acudió a fuentes directas y personalmente contrastadas por él como juez instructor, como hubieran sido archivos consultados directamente, testimonios personales, declaraciones recibidas en su Juzgado, documentos originales de los que dispusiera o de sus testimonios, sino que lo que toma son artículos periodísticos, entrevistas y libros divulgativos, mediante notas a pie de página (de las que está lleno el auto), es decir, fuentes indirectas en los que los hechos objeto del procedimiento son vistos a través de la mirada de terceros.

Garzón, no contento con eso, llega a ¡¡AUTOCITARSE A SÍ MISMO!!, en concreto párrafos de su libro “Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente”, publicado en el año 2002. Personalmente, no recuerdo excentricidad mayor cometida por un juez, y reconozco que, leyendo el auto, es imposible no preguntarse si de verdad Garzón estaba en su sano juicio cuando se le ocurrió citarse a sí mismo como prueba de los hechos que estaba instruyendo.

La conclusión fundamental de Garzón es “que existió un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a partir del alzamiento o sublevación militar de julio de 1936 y que se llevaría a la práctica de forma sostenida hasta el año 1952 por parte del bando vencedor”.

Repito que NO ESTAMOS HABLANDO DE LA LABOR DE UN HISTORIADOR NI DE LA DE UN ARTICULISTA, SINO DE LA DE UN JUEZ INSTRUCTOR. Garzón atribuye, como juez, esos hechos delictivos que concluye que existen a una serie de individuos (todos esos participes, ya fallecidos y enterrados bajo una losa, del alzamiento nacional y de los primeros años de la dictadura franquista) en base no a las pruebas que marca la ley, sino a citas de libros divulgativos, transcripciones de entrevistas y recortes de prensa.

Otra muestra, a modo de ejemplo, se vale de una entrevista a Franco del periodista Jay Allen, del “Chicago Daily News”, fechada el 27 de julio de 1936, en la que el general ferrolano asiente a una afirmación del periodista según la cual, para llevar a efecto su plan, tendría que acabar con media España. Pero no de un documento original (o ni tan siquiera una copia fidedigna de esa declaración), un testimonio de alguien presente a quien hubiera tomado declaración o una certificación literal, sino de una traducción al español de esa entrevista recogida en los libros “Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952” y “Víctimas de la Guerra Civil”, sin siquiera preocuparse si la traducción literal es correcta y veraz. Que el susodicho, Franco, pudiera pensar eso… ¿Quién sabe? Probablemente sí. Pero eso es opinión, no algo acreditado como para llevarlo a un procedimiento judicial penal.

Por otra parte, Garzón fija como fecha límite de los hechos a instruir el año 1952. ¿Los fija así en base a una libro que ha leído? ¿Y por qué no 1964? ¿O 1975? Lo que ha parecido pretender es aplicar retroactivamente la doctrina sentada en los Juicios de Nuremberg, por algo introduce las supuestas declaraciones de un tal “mariscal Keiter”. En realidad, se referiría al mariscal nazi Wilhelm Keitel (ni siquiera pone bien el nombre), buscando un paralelismo entre dos hechos distintos, la Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial. Como vengo diciendo, los paralelismos que pueda haber son cuestión de historiadores, no de buscar analogías en tipos penales para además aplicar retroactivamente una doctrina.

Hablando de citas de libros, Garzón también se vale de ellos para fijar a los autores de algunos hechos. Por ejemplo, sobre la represión posterior a la guerra, los saca del mencionado “Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952” y “Víctimas de la Guerra Civil”, los atribuye a la Falange (¿qué Falange?), con dos conclusiones: que en la persecución de los huidos de la guerra participaron falangistas y que los hechos a investigar se produjeron hasta el año 1952. Habla de la participación de la “Falange Española”, pero no dice si es la “Falange Española de las Jons” o la “Falange Española Tradicionalista y de las Jons”, que fue creada en abril de 1937. Es como si en una demanda o denuncia frente a varios individuos o empresas no se determina qué hechos concretos son atribuibles a cada uno.

Algo que llama enormemente la atención es el Fundamento Jurídico Séptimo del auto: “Los principales escollos que se plantean en el caso de autos son, a parte de la caracterización de la conducta como crimen cometido en el marco de un crimen contra la humanidad, los siguientes:…”. Estos “escollos” de los que habla Garzón son la irretroactividad de la ley penal, la amnistía, la competencia objetiva y la identificación de los responsables, todo lo que hemos estado viendo. A las prohibiciones legales, por tanto, él las llama “escollos”. Sobre la Ley 46/77 de Amnistía dice: “Parece claro que no pueden considerarse incluidos en este artículo, ni en el artículo segundo (delitos de rebelión y sedición) los hechos y delitos que con arreglo a las normas de derecho penal internacional son catalogados como crímenes contra la humanidad y por tanto, sin naturaleza de delito político. Frente a esta naturaleza, ninguna ley de amnistía puede oponerse. Así se desprende, en el ámbito internacional, de la Jurisprudencia emanada por por Tribunales Internacionales: “(Tribunal Especial para Sierra Leona, Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Corte Interamericana de Derechos Humanos) […] En resumen, cualquier ley de amnistía que buscara eliminar un delito contra la humanidad que no puede catalogarse como crimen o delito político, sería nula de pleno derecho y por ende no se aplicaría al supuesto […] Como se infiere de lo dicho, la Ley de Amnistía de 1977 (y 1984) deben interpretarse a la luz del Derecho internacional Humanitario que prohíbe medidas generales de gracia (indultos, amnistía) que impidan la exigencia de responsabilidades criminales a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos”.

Eso, por supuesto, se lo saca Garzón de la manga, utilizando su auto para impugnar y resolver sobre la Ley de Amnistía, teniéndola como no aplicable al supuesto que está instruyendo sobre la premisa de unos hechos, un plan preconcebido y sistemático de genocidio, de los que establece que hay indicios de su comisión delictiva a través de las referencias de unos libros que ha leído.

Es decir: nadie dice que el Derecho internacional pudiera no contemplar la prescripción de los delitos de genocidio. Pero aparte de que todo el Derecho internacional debe incorporarse a nuestro ordenamiento por el legislador, porque, si no, ¿para qué están los parlamentos de los diferentes países?, lo escandaloso es el procedimiento que adopta Garzón COMO JUEZ para argumentar porqué los hechos presentan indicios de ser “genocidio”,  y así decir que puede saltarse la Ley de Amnistía y ¡pam! aplicar Derecho internacional: las citas de una serie de libros.

¿Le había tocado a Garzón con anterioridad aplicar esta Ley, la de Amnistía?

Sí. En 1998, un grupo llamado “Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio en Paracuellos del Jarama”, presentó ante la Audiencia Nacional, una querella frente a Santiago Carrillo, siendo turnada en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, bajo las Diligencias Indeterminadas nº 70/98. A Garzón le cayó el mochuelo, por tanto.

Sin embargo, en aquella ocasión se despachó frente a la querella, en un auto de fecha 16 de diciembre de 1998, de esta forma: “Con el respeto que merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y 1 y 2 de la LOPJ, como acontece en este caso en el que, positivamente se sabe, o al menos debe saberse por quien ostenta el título que permite la posibilidad del ejercicio del derecho, que los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los que se relatan en el escrito, y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad (artículo 9.3 de la Constitución Española) y tipicidad (artículo 1 del Código Penal). Si esto es así, y a pesar de ello se presenta un escrito que pretende y de hecho consigue la puesta en marcha –al menos parcialmente- de la maquinaria judicial debe emplearse ésta exclusivamente para dos cosas, primera, resaltar la mala fe de los querellantes y segunda, archivar de plano la irregular querella, haciendo advertencia expresa de que queda en tela de juicio la deontología profesional de quien tan a la ligera se toma las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico”.

Esto no es cuestión de si Carrillo tuvo o no que ver en lo de Paracuellos del Jarama, ni en si fue genocidio o no. A mi eso me es indiferente en este punto. Lo fundamental es que Garzón echaba en cara por aquel entonces… justo lo que él hace en su auto de 2008.

Peor aún. Su auto de 24 de enero del año 2000 le deja aún más retratado. Si leemos su Fundamento Jurídico quinto:

 “1.- Los hechos que se imputan a los querellados son, de forma sintética, los fusilamientos perpetrados durante nuestra guerra civil en la localidad de Paracuellos del Jarama, entre noviembre y diciembre de 1936.

Pues bien, estos hechos están prescritos, con independencia de los delitos que se quieran imputar a los querellados, al haber transcurrido más de veinte años desde aquella fecha.

2.- Son de aplicación a estos hechos los decretos-leyes y leyes de amnistía dictados: el 25 de noviembre de 1975, por el que se concede indulto general, con motivo de la proclamación de Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón, como Rey de España; y de 14 de marzo de 1977, sobre indulto general; que vedan de una forma total y absoluta cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos realizados en nuestra guerra civil.

3.- En todo caso, el delito de genocidio no se encontraba tipificado en España en la fecha de los hechos, y dicho sea de paso, tampoco existía en el derecho internacional.

El termino genocidio, de “genos”, raza, clan y “caedes”, matar, es acuñado por el jurista polaco Rafael Lemkin en 1944, para designar crímenes de una particular barbarie. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se despertó en la conciencia de las naciones la necesidad de castigar lo que Sir Winston Churchill llamó “un crimen sin nombre”.

4.- En cuanto a la pretendida aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal, tal y como solicita el recurrente, es de significar que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe categóricamente el principio de retroactividad de la ley penal contra reo, y sólo se admite la retroactividad de las leyes penales que sean favorables“.

Aún cuando Garzón tuviera pruebas más sólidas que fragmentos de libros, artículos de opinión y transcripciones de entrevistas periodísticas como para calificar la existencia de un genocidio entre 1936 y 1952, él mismo sabía que el concepto de “genocidio” ni siquiera existía en los años 30 y que, en todo caso, las leyes penales no pueden aplicarse retroactivamente, salvo si son más favorables. 

Si durante la Guerra Civil hubo, desde el punto de vista histórico, o no un genocidio por parte de miembros franquistas, si Paracuellos, también desde el punto de vista histórico, fue genocidio o no, ello es materia de opinión por parte de los historiadores. El caso es que Garzón abrió un proceso calificando algo dentro del concepto jurídico-penal de genocidio sin pruebas ni indicios de ello. Y lo que aplicó bien a unos hechos, la irretroactividad y la Ley de Amnistía, en 1998, lo ignoró escandalosamente en 2008. Pretendiendo, además, dar por incorporados al Derecho español una serie de principios internacionales no incorporados por el legislador a nuestro ordenamiento. Aquí lo tenemos, aparte de todas las demás irregularidades: otro juez metido a legislador. Pero Garzón ni podía servirse del procedimiento que instruía para declarar nula de pleno derecho la Ley de Amnistía, ni para impugnar la validez del principio de irretroactividad de la ley penal, ni para incorporar él por su cuenta el derecho penal internacional sin que lo haya traspuesto previamente el legislador, ni para obviar la prescripción de los delitos.

El objetivo teórico de la apertura de la causa, según el Fundamento Jurídico decimosexto del auto de 16 de octubre de 2008, era la “búsqueda y localización para, en un tiempo razonable, ofrecer a las víctimas, interés prioritario en este momento, una respuesta acorde con las peticiones deducidas”, y para ello compuso dos grupos de expertos y de Policía Judicial. Respecto a este último remitió un oficio al Comisario Jefe de la Comisaría General de Policía Judicial en 20 de octubre de 2008, siendo revelador del verdadero objetivo de la causa que instruye, pues, por un lado, les advierte que “su actuación deberá estar coordinada con el Grupo de Expertos y en su caso, seguir las instrucciones. Grupo de “expertos”, por supuesto, designado por él y que comenzaron a realizar exhumaciones en determinados puntos de España.

En esto llegamos a los avisos que, como en el caso de las escuchas, comenzó a recibir del Ministerio Fiscal, produciéndose otra de las actuaciones procesales por las que se le juzga por prevaricación: presuntamente habría realizado todo tipo de maniobras a fin de evitar ser obligado a archivar la causa.

Como se dice en el propio auto de 3 de febrero de 2010 del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, instructor de la actual Causa Especial nº 20048/2009, que se sigue contra Garzón por este tema, éste conocía a través de los medios de comunicación que el Fiscal iba a recurrir su auto de 16 de octubre de 2008 (cosa que, además, el propio Garzón reconoce en un informe que envió a la Audiencia Nacional, un mes después), con lo que, sin motivo alguno, decidió transformar lo que era un Procedimiento Abreviado en un Ordinario. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Pues que en el Procedimiento Ordinario es obligatorio, antes de recurrir en apelación ante una instancia superior, interponer previamente el conocido como “Recurso de Reforma” ante el propio juez autor de la resolución impugnada. Con lo que cualquier resolución de Garzón debía ser recurrida primero obligatoriamente ante él mismo y resuelta por el mismo, con lo que podía jugar con el tiempo dilatando la resolución. Si hubo intención dolosa y prevaricadora o no, deben juzgarlo los magistrados del Tribunal Supremo, pero, en fin, juzguen también por ustedes mismos.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con fecha 7 de noviembre de 2008, acordó requerirle para que paralizara todas las actuaciones acordadas en el sumario, y en particular las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resolviera la cuestión de la competencia. Por aquellos días, Garzón causó baja laboral, algo que tuvo muchísima trascendencia mediática, por motivos de “ansiedad” supuestamente (hubo quienes culparon a los “malvados derechistas” que agobiaban y acosaban al hombre), reincorporándose a su destino al cabo de unos días, dictando al día siguiente, el auto de inhibición, de fecha 18 de noviembre de 2008, antes incluso de informar, como es preceptivo según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Audiencia en la cuestión de competencia y, anticipándose a la previsible decisión negativa de la Sala sobre su competencia. Sin embargo, entre tanto, mediante una providencia de 29 de octubre de 2008, ordenó más exhumaciones, la del posible lugar de localización de los restos de Federico García Lorca, por ejemplo. Garzón parecía querer convertirse en “el señor de las exhumaciones”, y es que el fin prioritario parecía ser llamar la atención, ni más ni menos.

Como he dicho, el 18 de noviembre de 2008 se inhibe declarando extinguida la responsabilidad penal por fallecimiento de Franco y su cuadrilla (menos mal, gracias a Garzón, nos enteramos de ello). Finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aceptando la queja del Ministerio Fiscal, estableció en resolución de 2 de diciembre de 2008 que el Juzgado servido por Baltasar Garzón no era competente para instruir la causa.

Esperemos la sentencia del Tribunal Supremo pero, siendo grave la actuación en el “caso Gürtel”, esta tiene peor pinta aún. De haber actuado dolosamente, Garzón lo que habría hecho es llevar su ideología y una determinada visión de la historia al estrado de su puesto como Juez de la Audiencia Nacional. Garzón puede tener las ideas y las opiniones sobre la historia que le den la gana, pero cuando se pone su toga es un servidor público y sus obligaciones son dar tutela judicial efectiva a los justiciables, instruyendo las causas que le correspondan con sujeción a la ley, no meterse a activista ni a crear estados de opinión, saltándose, no solo toda norma procesal, sino hasta toda lógica, que es lo que presuntamente habría hecho.

Conclusión: Garzón, vete a Nueva York, a alguna agencia de la ONU, rodeado de tercermundistas o tiranos marrones, que ahí estarás en tu salsa, o dedícate a escribir el “best seller” de tu vida… pero, por favor, déjanos ya en paz.

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