Posteado por: Javier | abril 13, 2012

Obamacare y la Corte Suprema (II): ¿Qué es la “Cláusula de Comercio”?

La cuestión más polémica en relación a este “mandato individual” de Obamacare es que se trata de una expansión sin precedentes del poder federal. Los partidarios de la reforma sanitaria afirman que “sin precedentes” no es sinónimo de “inconstitucional”. También han comparado la obligatoriedad de contratar un seguro médico con el seguro obligatorio de automóviles.

La ley se fundamenta en la “Cláusula de Comercio” no para regular actividades que puedan entrar dentro del concepto de “comercio” y que sean susceptibles de desarrollarse entre dos o más estados, sino las situaciones en que alguien NO contrate un seguro médico, es decir una inactividad.

¿Qué es esto de la “Cláusula de Comercio”?

Vamos a empezar por leer, en el Artículo I, 8ª Sección, 3ª Cláusula, de la Constitución de EEUU

“El Congreso tendrá facultad: […] Para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y con las tribus indias”.

La intención de los redactores originales de la Constitución al regular el comercio interestatal era la creación de una zona de libre comercio dentro de los Estados Unidos. Alexander Hamilton predijo en el Federalista nº 11 que el “intercambio irrestricto entre los propios estados hará progresar al comercio de cada uno de ellos mediante un intercambio de sus respectivas producciones”. James Madison, en el Federalista nº 42, destacó que el propósito principal de la Cláusula del Comercio “era el relevo de los estados que importan y exportan a través de otros estados, de las contribuciones indebidas aplicadas sobre ellos por parte de los últimos”. Una unión sin barreras comerciales internas, razonaban los redactores de la Constitución, permitiría a los estados aprovechar la división del trabajo y aminorar las tensiones entre ellos.

Por aquellos tiempos, los opositores jeffersonianos al federalismo temían que la “Cláusula de Comercio” permitiría al gobierno federal interferir con los asuntos locales y estatales, a lo que Hamilton señaló específicamente en el Federalista nº 17 que la “Cláusula de Comercio” no tendría efecto alguno sobre El comercio, las finanzas, la diplomacia y la guerra agotan los objetos que atraen a las mentes a que domina esa pasión; y todos los poderes referentes a esos objetos deben atribuirse en primer lugar al organismo nacional. La administración de la justicia privada entre los ciudadanos del mismo Estado, la vigilancia de la agricultura y de otros asuntos similares, todas esas cosas, en una palabra, a que ha de proveer la legislación local, no pueden ser codiciadas nunca por la jurisdicción general”.

Sin embargo, en base a hinchar el concepto de “comercio”, el gobierno federal ha ido cada vez reclamando regular más y más cosas, y así ha sido avalado por la Corte Suprema en casos muy discutibles.

Uno de los más importantes es Wickard v. Filburn, en 1942, en el que declaró que la “Ley del Ajuste de la Agricultura” de Franklin D. Roosevelt era constitucional.

El caso era el del cultivo de trigo realizado por un granjero con la exclusiva intención de emplearlo para el consumo de su granja. Una actividad local, explicó la Corte, puede “ser alcanzada por el Congreso si la misma ejerce un efecto económico substancial sobre el comercio interestatal”. A pesar de que el trigo sembrado no parecía afectar al comercio entre estados, la Corte razonó que el trigo del granjero, “considerado en conjunto con el de muchos otros situados de manera similar, dista de ser algo trivial”. Debido a que el cultivo del trigo para el consumo hogareño por parte de cientos o de miles de agricultores podría afectar la demanda y el precio de ese cereal, los actos de un único granjero caían dentro de la facultad del Congreso de reglamentar el comercio interestatal.

Desde luego, el precedente no podía ser más liberticida, y, de acuerdo con el espíritu de la redacción de la Cláusula la ley de Roosevelt era inconstitucional, puesto que, considerando que los actos de un individuo debían considerarse en conjunto con los de otros tantos, hasta el cultivo de unas lechugas en un macetero en casa podría ser “actividad económica” susceptible de ser regulada por el Congreso.

De acuerdo con la interpretación de Hamilton, el Congreso no podría regular la agricultura en los distintos estados, sería una cuestión local. Lo que sí podría hacer es regular el tráfico comercial de productos agrícolas entre distintos estados o la importación de tales productos desde países extranjeros. Si miramos, además, en este mismo Artículo, la 9ª Sección, 6ª Cláusula: Los puertos de un Estado no gozarán de preferencia sobre los de ningún otro a virtud de reglamentación alguna mercantil o fiscal; tampoco las embarcaciones que se dirijan a un Estado o procedan de él estarán obligadas a ingresar por algún otro, despachar en el sus documentos o cubrirle derechos”. Esto prohibía al Congreso dictar regulaciones que favoreciesen a los puertos de un estado en detrimento de los de otro. La mención del “comercio” en conexión con los puertos indica que los artífices de la Constitución tenían en mente expresamente el tráfico de mercancías.

Por supuesto, aquí vendría una matización, para sediciosos y drogatas que pensaran en acogerse torticeramente a esta interpretación hamiltoniana de la “Cláusula de Comercio”. El bueno de Hamilton en lo que pensaba era en AGRICULTURA CLÁSICA Y TRADICIONAL. O sea: cultivo de trigo, maíz, patatas, tomates, etc… No en el de plantas productoras de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

El caso al que me refiero es Gonzales v. Raich, en 2005, en el que se planteó si el Congreso podía prohibir el uso medicinal del cannabis a través de la “Ley de Sustancias Controladas” de alcance federal, suscitado a partir de una ley del estado de California llamada “de Uso Compasivo”, que permitía que un paciente o su cuidador primario puede poseer o cultivar cannabis exclusivamente para uso medicinal y personal del paciente según fuera recomendado por un médico. Este era el caso de Angel Raich y Diane Monson, quienes, al ser requisadas y destruidas sus seis plantas de cannabis por los agentes federales encargados de aplicar la “Ley de Sustancias Controladas”, intentaron acogerse a la ley estatal californiana.

Ahora bien, ni era agricultura tradicional, como la entendían los redactores de la Constitución, ni era algo que pudiera decirse que no afectase al comercio entre estados, como para que no pudiera ser regulado por la ley federal. Evidentemente, perseguir el cultivo privado para el autoconsumo de drogas es parte de la política de lucha contra estas sustancias. Pero, aparte de esto, desde el momento en que la marihuana fuera legal en California por motivos terapéuticos, cualquiera desde otro estado se trasladaría allí para conseguir este producto, con lo que ello ya afectaría al comercio entre estados.

En el uso de la “Cláusula de Comercio” hay que distinguir, por tanto, caso a caso. De hecho, desde los 90, la Corte Suprema se ha pronunciado frente a algunos excesos expansivos del gobierno federal que no tenían justificación, como el caso United States v. López, en 1995, en el que sostuvo que la posesión de un arma de fuego en las zonas escolares no afecta al comercio entre estados, pues no constituye actividad económica alguna, con lo que el Congreso no puede prohibir las armas de fuego en estas áreas esgrimiendo la “Cláusula de Comercio”, o United States v. Morrison, en el año 2000, en el que la Corte rechazó las afirmaciones del gobierno federal de que los crímenes violentos motivados por lo que aquí llamaríamos “violencia de género” afectasen al comercio entre estados como para crear un “derecho de acción privada federal”.

Como vemos, unas veces sí y otras no, en función del espíritu original y de la concordancia con los principios de la Constitución, ha sido conveniente el uso de la “Cláusula de Comercio” para regular determinados actos.

¿Qué tiene que ver todo esto con “Obamacare”?

Que es un tema absolutamente novedoso si el Congreso puede utilizar esta cláusula no para establecer regulaciones sobre actividades económicas o comerciales, así como determinadas actuaciones, sino para requerir a un individuo el comprar un bien o un servicio.

Continuará.

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