Posteado por: Javier | noviembre 23, 2012

Contra la tasa judicial gallardonita

Uno de los mayores escándalos que está recorriendo España de Norte a Sur y de Este a Oeste es el que cualquiera conoce o, por lo menos, sobre el mismo algo ha escuchado: las nuevas tasas judiciales, gentileza del Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón.

Allá por el mes de enero, al tratar la reforma judicial que había anunciado Gallardón, mencioné que una ligera subida de las tasas para recurrir podía ser una buena medida disuasoria a la hora de evitar recursos absurdos y que en muchas ocasiones el único objetivo que tienen es dilatar los trámites y obstaculizar la acción de la Justicia, tupiendo los tribunales innecesariamente. Ello con devolución de las tasas a aquellos cuyo recurso en segunda instancia fuera estimado. Pero, por supuesto, lo que no dijo Gallardón, posiblemente por tener una afición a contar embustes bastante similar a la de su jefe, es que las tasas fueran a ampliarse también en la primera instancia. Dice Gallardón que las tasas son plenamente ajustadas tanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (no es que sean órganos que me gusten, pero jurisprudencia es), lo cual ES MENTIRA, como vamos a ver.

Lo que podía haber sido una tasa útil y ajustada a lo constitucional, se ha convertido en una chapuza meramente recaudatoria, rematada con el espectáculo más propio de una república bananera de una ley tramitada deprisa y corriendo, publicada en el BOE el miércoles (Ley 10/2012, de 20 de Noviembre) y teóricamente en vigor al día siguiente… todo para que aún no puedan practicarse las liquidaciones al no haber aprobado todavía Hacienda los modelos.

Y, en fin, también ha hecho la gracieta de soltar la estupidez de que quienes critican la nuevas tasas quieren “volver al antiguo régimen”… volver, no sé, en el “Antiguo Régimen” seguramente lleva él desde que nació. O, más bien, quizás no tanto en el Antiguo Régimen como en el feudalismo directamente.

Tampoco es que tengan toda la razón los que claman que la nueva ley instaura “una justicia para ricos y otra para pobres”, pues, siendo un poco serios, tiene sus excepciones en las que no se devenga la tasa e incluso algún recoveco para evitar el pago en algunas ocasiones. El verdadero problema no es tanto el hecho de la tasa como lo brutal de la cantidad a pagar en algunos supuestos, que convierte casi en inviable plantearse acudir a la Justicia. Por ejemplo, tengan cuidado cuando cojan el coche, puesto que para recurrir una multa de tráfico que no conlleve la retirada de puntos y sea inferior a 100 euros, deberán rascarse el bolsillo perdiendo el cariño a 200 euros. ¡Más dinero que la cuantía de la multa! Con lo que, con este tipo de multas (y con otras incluso de cuantía superior), Tráfico y los Ayuntamientos tienen vía libre para hacer absolutamente lo que les venga en gana. Total, nadie las va a recurrir.

Es más interesante decir en qué no hay que pagar, las exenciones de la tasa, que en qué hay que pagarla (en todo lo demás): no hay que pagar en el procedimiento penal, en las peticiones iniciales de procedimiento monitorio y demandas de juicio verbal que no superen la cuantía de 2000 euros (ambas son procedimiento civil), las ejecuciones de títulos judiciales (sentencias o autos), la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, la solicitud de concurso de acreedores por el deudor, la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración y en las demandas en materia de derechos fundamentales y libertades públicas. Tampoco hay que pagar cuando quien demande en la jurisdicción social sea un trabajador, los funcionarios públicos en el contencioso-administrativo, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el Ministerio Fiscal, y, CÓMO NO, la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (la ley gallardonita no puede ser más totalitaria, en ese sentido).

Hay supuestos aberrantes, como los 800 euros para recurrir en apelación en la vía civil, o los 1.200 para llegar al Tribunal Supremo en casación. Aunque bien es verdad que, ya de por sí, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permitía recurrir en apelación cuando la cuantía del procedimiento no superase los 3.000 euros, sin necesidad de tasa disuasoria ninguna, desde la Ley 37/2011, de 11 de octubre, que reformó el artículo 455.1, suprimiendo de plano la posibilidad de recurrir por estas cuantías.

La Exposición de Motivos de la Ley 10/2012, al intentar justificar la implantación de la tasa, no puede empezar de forma más torticera, sesgada y subjetiva, retorciendo la doctrina constitucional y pretendiendo fundamentar la reforma en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en especial la sentencia 20/2012 de 16 de febrero. Pero, al contrario de lo que se dice en la Exposición de Motivos de la ley gallardonita, esta sentencia se refiere exclusivamente a un control de la constitucionalidad de las tasas en la jurisdicción civil (es el supuesto de una compañía de seguros que no acompañó a su demanda el justificante del pago de la tasa), no en la contencioso-administrativa, ni en la social, ni en materia de recursos. Es decir, la supuesta “constitucionalidad” del proyecto anunciada en su Exposición de Motivos no tiene sustento ninguno, ya que la sentencia a la que dicha argumentación tan chusca se remite, excluye expresamente del control constitucional, los supuestos de las tasas en el orden social y contencioso, así como en materia de recursos, cuando la ley extiende la obligación de pagar la tasa a los recursos, a la jurisdicción social y a la contencioso administrativa. Es decir, no se pronuncia sobre la constitucionalidad o no de las tasas en estos casos, luego, no hay jurisprudencia que avale la nueva ley.

MÁS AÚN, el supuesto que motivó el control de constitucionalidad se refería a la intervención de una compañía de seguros de gran tamaño, y la sentencia justamente lo que hacía era justificar la existencia de las exenciones que entonces había al pago de la tasa: las personas físicas, ya que ninguna persona física que litigase debía abonar tasas judiciales, fueran cuales sean sus circunstancias económicas y el objeto del litigio que promovieran; y de entre las personas jurídicas, se encontraban exentas las entidades sin fines lucrativos, las que no estaban sujetas al impuesto de sociedades y las empresas consideradas de reducida dimensión. Ahora, la ley gallardonita grava como sujeto pasivo a toda persona física o jurídica que promueva sus derechos ante los Juzgados y Tribunales.

Pero es que, para más INRI, ya que, seguramente, Gallardón será un europeísta de cuidado, encima, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que seguramente tendrá tanta estima, ya determinó en el año 2001, en la Sentencia Kreuz contra Polonia que la cuantía de las tasas no debía ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impidiera satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia. Por tanto, ¿se puede saber de dónde se saca el del “Antiguo Régimen” que su ley de tasas judiciales es conforme con la “jurisprudencia europea”?

La ley además incurre en otra idiotez: impone toda la carga de costear los gastos de la Administración de Justicia a quien va a iniciar el proceso, al demandante. ¡Claro! Como si acaso el demandado no generase gastos también a la Administración. Evidentemente, la ley va a fomentar la morosidad y la picaresca.

Es verdad que una cosa es el derecho a la tutela judicial efectiva y otra distinta que la Justicia sea gratuita. Pero eso no equivale a dejar este derecho prácticamente como un cascarón vacío en muchos casos, hasta el punto de convertir muchos pleitos como absolutamente inviables económicamente para la gente de clase media.

Al menos, algo bueno pudiera tener esta ley: destruir la carrera política de Gallardón. Si tal cosa ocurre, se podrá decir que hasta habrá merecido la pena que se apruebe.

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Responses

  1. […] A todo esto hemos de añadir la infame ley de tasas judiciales del no menos inefable Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. […]

  2. […] La Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en un auto dictado esta misma semana, ha dicho que la ley de tasas judiciales “podría” vulnerar la Constitución por dificultar el acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos por los jueces y tribunales, que consagra el artículo 24.1. Esencialmente lo mismo que yo hace unos meses. […]


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