Posteado por: Javier | febrero 5, 2013

Guerra a los “derechos humanos” (II)

La Declaración de “Derechos Humanos” hace continuos cantos a la “igualdad” y “libertad”. Sin embargo, originariamente dichos términos tenían un significado muy distinto a como los entiende la modernidad. La Declaración de Independencia de EEUU de 1776, uno de los documentos “liberales” más importantes de la historia, junto con su propia Constitución, dice: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. En este sentido, “igualdad” significaba igualdad ante la ley, y la “libertad” se refería a la libertad de hacer cosas que eran moralmente rectas ante Dios. Estos conceptos, en su idea original, difieren radicalmente de las ideas que se aplican al texto actualmente, a pesar de que estaba, al menos, parcialmente influenciado por un espíritu jacobino (Jefferson era un gran admirador de la Revolución Francesa) que lo hacía vulnerable a un mal uso.

Cuando un significado descontextualizado se une a estos conceptos, tal como se hace en nuestros días, el mismo es completamente contradictorio con el sentido original de estas afirmaciones: sin duda sabemos por las Escrituras y nuestra experiencia de la realidad que no todos los hombres son creados iguales – no para con Dios (Malaquías 1:2-4) o entre sí (Efesios 6:5-9). Además, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad no pueden considerarse como “derechos inalienables” sin tener en cuenta el contexto histórico y moral. El “derecho a la vida” (no me gusta ese concepto pero es la letra de la Declaración de Independencia), por ejemplo, evidentemente no es un absoluto durante la guerra o en los casos de pena capital. La libertad debe ser considerada como algo bueno en todas las circunstancias normales y algo que buscar, sin embargo, a veces Dios castiga a los malhechores quitándoles su libertad. Un claro ejemplo de esto es la destrucción de la libertad nacional de Jerusalén y de Israel como un medio providencial de llevar a la gente de Dios al arrepentimiento (Isaías 10:1-6). Esta responsabilidad del gobierno civil de castigar al malhechor quitándole la libertad está basada en su responsabilidad de reprimir el mal (Romanos 13:4). Si la libertad fuera un “derecho” absoluto y universal, no sería posible encarcelar a ningún malhechor ni criminal. Por último, la búsqueda de la felicidad sin duda puede ser virtuoso cuando se hace en el Señor (Juan 15:7), pero cuando la “búsqueda de la felicidad” se convierte de alguna manera en un obstáculo para el avance del Reino de Cristo, no puede ser considerado como algo bueno. Tal era, desde luego, el sentido originario de lo que los Fundadores entendían por “derechos”.

Un concepto más “sano” de “derechos” que el actual sí es cierto que tenían, hasta un personaje como Jefferson (y el sentido del cual he hablado: ”derechos” y “libertades” para vivir conforme a lo prescrito por Dios, seguramente era compartido por no menos del 90% de los americanos de aquella época), lo cual no quita que, como he dicho antes, el lenguaje era tan abierto e impreciso que llevaba dentro el germen del anárquico concepto actual de “derechos”.

Al igual que el posterior “Bill of Rights”. Otro buen ejemplo de esto es la Primera Enmienda a la Constitución de los EEUU, de la que he hablado muchas veces, que garantiza la libertad religiosa. Lo que hoy en día, sin embargo, se considera como la “libertad de religión” está lejos de lo que James Madison pensaba y de lo que la Primera Enmienda transmitía en su contexto original. El derecho a practicar libremente la religión tiene que tener un contexto social y moral.

Mucho mejor era, a efectos de definir lo que son “derechos”, la Declaración del Primer Congreso Continental de 1774, donde se recogen los mismos atendiendo al carácter nacional de sus depositarios, es decir, el seguir siendo ingleses y súbditos de la Corona inglesa, pese a haber emigrado a las tierras de Norteamérica (nada de “derechos humanos” o “globalistas”), sino “inmunidades”, parcelas de la vida de los colonos, las cuales como súbditos de la Corona que eran, debían respetarse (en virtud de un pacto entre súbdito y monarca, y éste último en virtud de la delegación de poderes que había recibido de Dios). En la Declaración, los representantes legítimos de los colonos protestaban frente a la violación de los “derechos” (o “inmunidades”) que habían sido previamente reconocidos en virtud del pacto.

La Declaración es muy precisa:

“Se resuelve, N. C. D. 1. Que (ellos, los colonos) tienen derecho a la vida, a la libertad ya la propiedad, y que nunca han cedido a ningún poder soberano un derecho de disposición sobre cualquiera de ellos sin su consentimiento.

Se resuelve, N. C. D. 2. Que nuestros antepasados, que se asentaron en estas Colonias, eran en el momento de la emigración de la madre patria, titulares de todos los derechos, libertades e inmunidades de los sujetos nacidos libres y naturales, en el Reino de Inglaterra.

Se resuelve, N. C. D. 3. Que esa emigración de ninguna manera significa que se perdieran o entregaran alguno de esos derechos, sino que tenían, y sus descendientes tienen ahora, derecho a ejercer y gozar de todos ellos, según las circunstancias locales y otras se lo permitan”.

En absoluto eran derechos “globales”, sino derechos de los colonos como súbditos del Reino de Inglaterra.

“Se resuelve, 4. Que el origen de la Libertad Inglesa, y de todo gobierno libre, es el derecho de las personas a participar en su Consejo Legislativo: y como los Colonos Ingleses no tenían representación, ni sus circunstancias locales ni de otro tipo tampoco estaban adecuadamente representadas en el Parlamento Británico, tienen derecho a un libre y exclusivo poder de legislación en sus distintas Legislaturas Provinciales, único lugar donde su derecho de representación puede ser preservado, en todos los casos relativos a los impuestos y la política interna, con sujeción únicamente a la negativa de su soberano, en la forma que se ha utilizado siempre hasta ahora […].

Se resuelve, N. C. D. 5. Que las respectivas colonias están sujetas a la ley común de Inglaterra, y muy especialmente por el gran e inestimable privilegio de ser juzgados por sus pares en la vecindad, de acuerdo con lo dispuesto en esa ley.

Se resuelve: 6. Que tienen derecho al beneficio de la aplicación de tales leyes inglesas tal y como existían en el momento de la colonización.

Se resuelve, N. C. D. 7. Que estas Colonias, Majestad, tienen igualmente derecho a todos los PRIVILEGIOS E INMUNIDADES OTORGADAS Y CONFIRMADAS PARA ELLOS POR LAS CARTAS REALES, o garantizados por sus distintos códigos de leyes provinciales.

Se resuelve, N. C. D. 8. Que tienen el derecho a reunirse pacíficamente,  a que se tengan en cuenta sus quejas y peticiones al rey, y que todas las causas de prohibición de las mismas, son ilegales.

Se resuelve, N. C. D. 9. Que el mantenimiento de un ejército permanente en estas colonias, en tiempos de paz, sin el consentimiento de la Legislatura de la colonia en la que se mantiene tal Ejército tal, es contrario a la ley.

Se resuelve, N. C. D. 10. Es indispensable para el buen gobierno que las ramas constitutivas de la Legislatura sean independientes entre sí, y que, por lo tanto, el ejercicio del poder legislativo en varias colonias, por un Consejo nombrado por la Corona, es inconstitucional, peligroso y destructivo para la libertad que otorga la legislación americana”.

Eso es: “INMUNIDADES” y “PRIVILEGIOS” por ser súbditos de la Corona inglesa. Actualmente diríamos que los “derechos” son inmunidades de los ciudadanos de un Estado, precisamente por esa condición.

Los “derechos humanos”, tal como se formularon siglo y medio después, nada tienen que ver con la libertad humana, pues la pretensión que tienen es convertirse en el “supremo patrón moral y ético de toda la humanidad”. Pero la razón humana es depravada e incapaz de llegar a una comprensión correcta de la verdadera ética sin la iluminación del Espíritu Santo (Romanos 1:18-27). La idea moderna de los derechos humanos no tienen nada que ver con los derechos (o, mejor dicho, libertad) otorgados por Dios sobre los que se fundó la civilización occidental, ni de ninguna manera honran a Dios o son útiles para el progreso de la humanidad. Están más bien en oposición directa al avance del Reino de Cristo sobre la tierra, pues pretenden crear un estándar moral absoluto de origen humanista. El progreso de la humanidad se produjo no por formulaciones a bombo y platillo de “derechos humanos”, sino cuando los occidentales se convirtieron en preponderantes en todo el mundo, extendiendo esta libertad.

El concepto de “derechos humanos”, sobre todo tal y como se entienden hoy en día y se defienden son completamente anticristianos y antagónicos a la Palabra de Dios. Eso sin contar que normalmente se utilizan por organismos extranjeros para pretender violar la soberanía nacional. Los “derechos humanos” no resuelven ningún problema y de hecho contribuyen a crear más dilemas, puesto que muchas veces se utilizan para enfrentarse contra patrones culturales nacionales, códigos locales de conducta, etc. Decía el ilustre jurista William Blackstone, en su famosa obra “Comentarios sobre las leyes de Inglaterra”, que el hombre tiene que estar sujeto a las leyes de su Creador, ya que dependemos completamente del Señor. De acuerdo al modelo jurídico bíblico, empezamos con libertad y establecemos leyes para restringir el desarrollo completo de nuestra naturaleza depravada. No hay libertad sin leyes, y el modelo antibíblico de los “derechos humanos” establece derechos “amplios” que pretenden limitar esas leyes. En una sociedad en decadencia con un poder judicial cada vez peor, y decadente, los “derechos humanos” contribuyen a avanzar en la construcción del camino hacia la anarquía. Curiosamente, se utilizan los “derechos humanos” para invalidar leyes nacionales pero la ONU misma se ha “protegido” de la inversa en el artículo 29 apartado 3 de la Declaración.

Algunos otros artículos que escenifican lo que es la Declaración de la ONU.

El artículo 2 dice que Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, el 10 que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, el 14.1 que “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”, o el 29.1 y 2 que “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. Todo muy bonito, ¿no? Sonaría muy bien si no fuera porque el apartado 2 del artículo 14 y el 3 del 29 dicen, respectivamente, que “Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas” y que “Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

O sea, que estos “derechos” no se aplican a los “enemigos” de la ONU. La discriminación es, en realidad, perfectamente legal cuando se dirige contra quienes resulten política, ética o religiosamente “contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”, lo que quiere decir que la declaración hipócritamente deja a un lado su propio primer principio (que todos los hombres poseen los mismos “derechos humanos” inalienables), negando los “derechos humanos” a aquellos con los que sus autores no están de acuerdo política, ética y religiosamente. Todo el que no comparta los objetivos de la ONU no tiene derechos humanos. Puede parecer un disparate, pero es la literalidad de lo que está escrito: la propia Declaración se contradice a sí misma, en caso contrario. Y puesto que en la Declaración se establece que todos los seres humanos tienen “derechos humanos”, esto nos lleva a creer que sus autores consideraron que sus oponentes ideológicos (no hay que ser muy avispado para identificarlos: cristianos, patriotas, enemigos de tiranos marrones y bananeros, etc…) como menos que “humanos”.

Por otra parte, si el artículo 2 entiende que cualquier tipo de distinción es contraria a los “derechos humanos”, la misma ciudadanía de una nación, o el establecer requisitos para obtenerla, iría en contra. Así es la membresía de una iglesia y así es la pertenencia a una familia o a cualquier asociación Todo esto impediría la libertad de asociación.

El artículo 12 dice que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. No se especifican qué son “injerencias arbitrarias” en la vida privada, familia, domicilio o correspondencia, pero los redactores estarían encantados en España, donde no se pueden publicar las fotos y nombres completos de numerosos delincuentes, ni hacer públicos sus antecedentes penales y policiales. Se trata de una prohibición en contra de las “verdades incómodas”. Aquí tenemos ante nosotros es una codificación inicial de la “corrección política”, en la que se prohíbe no la verdad sin defensa, sino la verdad en sí misma. En una palabra, una barbaridad.

Dice el artículo 1, yéndonos al principio, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No puede ser más clarificador esto y una buena explicación del siniestro historial de la ONU cada vez que ha habido que luchar contra tiranos liberticidas o terroristas (el caso de Saddam Hussein uno de los últimos y más negros para esta organización). Este es el lenguaje que se forjó en los fuegos de la Revolución Francesa, entre cabezas rodando o clavadas en picas por las turbas: “Liberté, égalité, fraternité”. Fue el grito de batalla de la rebelión rousseauniana contra la civilización.

Para no alargarnos mucho más, miremos el artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

¿No es agradable y encantador para ellos el informarnos de que todas las personas, independientemente de su origen y condición, tienen “derecho” a vivir en su internacionalista sistema de gobierno mundial y que nadie tiene derecho a lo contrario? Es decir, a no vivir en su orden. Porque eso es lo que se puede inferir de la redacción: tienes derecho a vivir en ese sistema mundialista, pero no derecho a oponerte a ello.

Muestra esto a las claras el alma totalitaria que hay tras esta “Declaración” y cómo (sobre todo si tenemos en cuenta las contradicciones que lleva dentro de sí misma entre unos principios y otros) equivalen a un sistema de gobierno sofísta y enrevesado, arbitrario y corrupto por parte de élites internacionales, así como, de acuerdo con sus propios estatutos, inalterable e incuestionable: una tiranía absolutista y una destrucción de toda soberanía.

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