Posteado por: Javier | febrero 8, 2013

El Estado y el matrimonio: una relación reciente y tortuosa (II)

En la entrada anterior había tratado cuestiones varias como introducción (la actualidad en el Reino Unido, la democracia interna, el lío que tiene montado Cameron en su propio partido, etc…) y aquí vamos a ver ya cosas más concretas en relación a la legislación matrimonial. Ahora la cuestión no solo va a tratar específicamente acerca del “matrimonio gay” sino de la propia institución matrimonial en sí misma.

Terminé ayer preguntándome si el Estado debe “meter sus manos” en el matrimonio.

Vamos a ver, históricamente, el matrimonio definido como una “institución estatal” es un fenómeno relativamente nuevo. En la propia Inglaterra, al hilo de lo dicho ayer, no fue sino hasta 1837 cuando el Estado comenzó a registrar los matrimonios, y hasta aproximadamente un siglo después no empezó a legislarse civilmente sobre el matrimonio.

Por tanto, la regulación del matrimonio como algo ESPECÍFICO por parte de la legislación civil es algo a lo que como muy pronto tenemos que irnos unos 150 años atrás en el tiempo (en España tenemos que irnos al siglo XIX, cuando la influencia estatista francesa que años antes se había extendido por todo el continente empezaba a hacer sus efectos).

Incluso si nos vamos a los antecedentes del Derecho romano tenemos que en cuanto al matrimonio se contemplaba una regulación aplicable únicamente a quienes ostentasen el estatus de ciudadanos romanos. Es decir, los derechos y obligaciones dimanantes de la institución sólo alcanzaban a quienes tenían una determinada categoría social, siendo según Ulpiano “la unión de varón y mujer consorcio de toda la vida, comunicación de derecho divino y humano”. Pero, sin embargo, pese a esta definición, el matrimonio romano podía finalizar con el divorcio y se basaba en un claro contrato matrimonial. Su base, además, se encontraba también en la procreación, si bien no estaba establecido que la falta de descendencia eliminase el vínculo matrimonial.

Fue primero con la expansión del cristianismo, y posteriormente con la consolidación del poder del catolicismo romano, cuando el matrimonio se convirtió en una institución a la que definitivamente se la consideró indisoluble, dirigida a la procreación y educación de los hijos, elevándose a la categoría de sacramento (aunque la Reforma Protestante en el siglo XVI dejo de considerarlo un sacramento).

En España, desde la Edad Media, estuvo en manos de la Iglesia de Roma la regulación de las condiciones y detalles de cómo se celebraría el matrimonio y de sus causas de invalidez, sin admitir por ello disolución por divorcio. Esta situación se mantuvo sin cambios en España, hasta la aprobación de la Constitución de 1869 que planteó por primera vez la regulación del matrimonio civil; es decir, la regulación de derechos y deberes de aquellas personas que no deseasen casarse según el rito católico, sino siguiendo el rito de otra religión, o bien sin seguir rito religioso alguno, conforme a una forma civil de celebración y causas civiles de invalidez (las causas de invalidez derivadas del consentimiento y el divorcio). Se retomaba así una concepción matrimonial similar a la del Derecho romano, en la que el matrimonio estaba meramente dirigido a ser una relación contractual entre un hombre y una mujer. La situación anterior volvió al entrar en vigor la Constitución de la restauración monárquica, en 1876, reapareciendo fugazmente en el período de la II República (1931-1936) y retomándose desde 1981, al ser aprobada la Ley 30/1981, de 7 de julio. Desde el final de la II República hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, es decir, durante la época franquista, el matrimonio también podía celebrarse sin seguir el rito católico, pero en tal caso los contrayentes se veían obligados a seguir una serie de trámites consistentes en apostatar de la fe papal, que les llevaba en aquellos años a preferir en la inmensa mayoría de situaciones casarse canónicamente, evitando así las consecuencias sociales de su apostasía (no hay ni que recordar que se trataba de la época de aquella dictadura lacaya del Vaticano).

Como algunos sabrán, en la situación actual, careciendo (teóricamente) el Estado español de religión oficial, es el propio Estado el que se encarga de regular los efectos del matrimonio que condicionarán al total de su población, dejándose a las confesiones religiosas establecer cuestiones particulares con respecto al matrimonio de sus fieles, debiendo tenerse en cuenta que sólo cuando el Estado acepte la aplicación de alguno de dichos efectos, éstos serán aplicables por el poder civil sin más problema. Así, por ejemplo, para contraer matrimonio en España, se requiere la intervención de un funcionario cualificado: normalmente, el Juez Encargado del Registro Civil. No obstante, por los dichosos acuerdos de los años 70 entre el España y el Vaticano, se permite que un sacerdote católico que cumpla lo establecido por el Derecho de la Iglesia Papal (el llamado “Derecho canónico”) pueda contar el mismo papel que el Juez Encargado del Registro Civil, equiparándose así un valor excepcional al acto religioso dentro de un Estado supuestamente aconfesional. En 1992 se acordó que los ministros religiosos de los evangélicos, musulmanes y judíos pudieran cumplir también esta función.

La Constitución no es mucho lo que dice, más allá del artículo 32.1, que habla de un “derecho” a contraer matrimonio del hombre y de la mujer con plena igualdad jurídica. Ciertamente, si se supone que el no permitir casarse a dos hombres o dos mujeres era una “discriminación”, no sé porqué no derogan o modifican este artículo, creando como crea una disfunción dislocada con el Código Civil.

El matrimonio actual no es un equivalente al de tiempos pasados, sino una institución con una historia muy reciente. El que sea una institución con efectos civiles en el que se pueda dar la aceptación por las partes contrayentes tanto ante un funcionario civil como ante determinados ministros religiosos no ha sido lo normal, sino lo excepcional en nuestra historia. Sin embargo, algunos ridículos llaman a esto “matrimonio tradicional”, solo porque sigue el modelo histórico del matrimonio en el cristianismo de disparidad de sexos (hombre-mujer). Sin embargo, para los moros esto no es así. Para ellos, el “matrimonio tradicional” consiente la poligamia. Para los mormones, por poner otro ejemplo, tampoco fue siempre así, en el siglo XIX aceptaban la poligamia. Para ellos, durante el siglo XIX, el matrimonio poligamo era lo “tradicional”. Ni siquiera para el Derecho romano era lo mismo, pues, como hemos visto, en esa sociedad el matrimonio solía tener funciones distintas, básicamente salvaguardar la transmisión de un patrimonio personal a un descendiente directo.

Una vez que se ha aceptado la potestad del Estado de regular el matrimonio, vienen las quejas porque no respete el modelo “tradicional” de matrimonio, dando luz verde al matrimonio homosexual. Pretenden proteger el matrimonio “tradicional” (entendiendo que es el de modelo “cristiano”, es decir, hombre-mujer e indisoluble hasta que la muerte los separe… y cristiano, por llamarlo de alguna forma, pues más del 90% de los matrimonios de hoy día en absoluto son “cristianos”, es decir, ¿acaso se rigen por la Ley de Dios?), también llamado “natural”, en base a una legislación secular, la cual siempre se va a basar en las preferencias cambiantes y volubles de la sociedad a la que se va a aplicar. ¿Cómo pueden quejarse porque el Estado no respete esa concepción “tradicional” del matrimonio, cuando muchos actualmente han asumido ya como “derechos” ciertas reivindicaciones de minorías sexuales? ¿Puede ser esto más absurdo?

Y, de momento, un poco de paciencia, que mañana termino. Esto en principio iba a ser solo una entrada, pero al final se ha convertido en una serie de tres.

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