Posteado por: Javier | febrero 9, 2013

Privatizar el matrimonio: la salida

Bien, ya voy a concluir y voy a dar una noticia que seguramente no será muy del agrado de quienes la lean: con la situación actual del matrimonio, es casi de cajón que de aquí a unos años (no se cuántos) las iglesias y aquellas confesiones que tengan acuerdos con el Estado no tengan más remedio que casar a homosexuales.

Es más, es muy dudoso que en la situación actual, habiendo aceptado la legislación civil el matrimonio gay, aquellas confesiones que tengan acuerdos con el Estado por los cuales sus ministros religiosos tengan concedida la facultad de actuar como pseudo-funcionarios dando fe a efectos civiles de la celebración del matrimonio (suplantando al Juez del Registro Civil) puedan continuar negándose a celebrar estos matrimonios. Lo contrario sería una disfunción total: aceptas y estás encantado con relacionarte con el Estado para “lo bueno” (que tus ministros puedan actuar como fedatarios públicos y que la aceptación al matrimonio dada en tus templos despliegue plenos efectos civiles), pero no lo aceptas “para lo malo” (no poder discriminar por motivos de orientación sexual). Estás desempeñando una función pública, pero solo aceptas lo que te interesa de esa función pública. No digo que me guste pero es lo que hay. No es que fuera muy positivo para la libertad religiosa obligar a esas confesiones a casar a gays y lesbianas en contra de sus creencias, pero cuando te dedicas a realizar una función públicas tienes que aceptar una serie de normas en el cumplimiento de esas funciones. Y las leyes españolas, aprobadas de forma legal y legítima, a día de hoy dicen que negarse a celebrar el matrimonio de dos gays es “discriminación”. Podrá gustar o no (a mí muchas no me gustan y no consisten más que en la creación de “derechos” artificiales para minorías) pero son tanto legítimas como legales. El gobierno que las aprobó salió de unas elecciones libres y aquí no estamos, pese a las fantasías de algunos, ni en la Alemania nazi ni en la Unión Soviética.

El melón por el cual podemos diseñar casi cualquier “derecho” que nos venga en gana, adaptado a cualquiera que se nos ocurra, se abrió en los años 60, en los EEUU, con las leyes de derechos civiles. Dirigidas en un principio a los negros, fueron siendo torticeramente cada vez más usadas por cada vez más grupos, a cual más dispar: primero los negros, luego otras minorías raciales, luego homosexuales, y luego vendrán otras minorías sexuales, de eso no nos debe caber duda.

Y es indudable que con la homosexualidad la espita está abierta: en el mismo momento en que una condición de la persona se convierte en “derecho civil” es casi imposible que se pueda ejercer la discriminación, aún la privada, por “motivos religiosos”. La referencia a EEUU viene al pelo. Allí las universidades privadas, muchas de ellas de orientación cristiana, podían discriminar por motivos de raza u orientación sexual, teniendo el beneficio de ser instituciones sin ánimo de lucro que no pagaban impuestos. En la década de los 80 el Tribunal Supremo dictaminó que las universidades que discriminasen por estos motivos (los de raza concretamente) debían pagar impuestos. Fue el famoso caso Bob Jones University v. United States (1983). La Universidad Bob Jones, en Greenville (Carolina del Sur), cristiana protestante, debido a su interpretación de los principios bíblicos excluyó a los solicitantes negros hasta el año 1971 (su fundador Bob Jones Sr. consideraba que la segregación racial estaba ordenada por Dios y que ir contra ella era ir contra Dios mismo). Desde 1971 hasta 1975, los estudiantes negros solo eran admitidos si estaban casados. A partir de 1975, la Universidad comenzó a admitir a estudiantes negros solteros pero siguió denegando la admisión a quienes fueran cónyuges en un matrimonio interracial o a quienes lo defendieran. La Universidad también impuso una regla disciplinaria interna que prohibía las relaciones interraciales entre sus alumnos. La Corte Suprema, de forma inevitable, dados los precedentes que existían desde la aprobación de la Civil Rights Act en 1964, dictaminó que era totalmente incompatible la exención de impuestos con el ejercicio de la discriminación racial por entidades educativas privadas, ello pese al apoyo de Ronald Reagan a la libertad de la Universidad para organizar privadamente sus asuntos. Finalmente se levantó la prohibición a las relaciones interraciales en el año 2000, después de un alboroto formado en los medios de comunicación por una visita de George W. Bush, entonces candidato a Presidente, a la Universidad.

Pues algo similar a esto igualmente puede ocurrir con los homosexuales, al estar cada vez más aceptados la sodomía y el matrimonio gay como derechos civiles.

¿Cuánto creen que falta para que algo similar se aplique en España? Tiempo al tiempo. La ley que legalizó el matrimonio homosexual se aprobó hace ocho años. Seguramente es cuestión de tiempo el que las iglesias (como he dicho, las que tienen un reconocimiento de los efectos civiles de sus ritos matrimoniales y cuyos ministros tienen la potestad otorgada por el Estado de suplir a funcionarios públicos a efectos de dar fe del matrimonio, esas desde luego) se vean obligadas a no denegar a homosexuales la celebración de sus matrimonios. Y qué decir en el caso de las que cobren subvenciones públicas.

Y aquí llegamos al problema esencial: ¿qué hacer para defender la libertad?

No, no voy a defender el “matrimonio tradicional”, pues ese concepto en absoluto tiene que ver con la Biblia. Creo que Dios condena la sodomía en la Biblia, con lo que el matrimonio gay no tiene encaje bíblico (OJO: condena la sodomía tanto HETEROSEXUAL como la HOMOSEXUAL, las dos indistintamente). Pero claro, ya deje entrever en la entrada anterior que pretender que en una nación apostata, anticristiana y en la que hay tanta inmoralidad como España el Estado, a través de sus leyes seculares, defienda el matrimonio cristiano es poco menos que de memos. Aparte del hecho de que esto del llamado “matrimonio tradicional” o “natural” es una construcción humanista sin ninguna relación con la Biblia ni la soberanía de Dios. Ninguna otra razón se me ocurre para defender el matrimonio como algo constituido por la unión entre un hombre y una mujer, dirigida a fructificar, engendrar descendencia y ocupar toda la tierra, más que el que así fue instituido por Dios. Nada con que “¡hombreeee, es que así ha sido de toda la vida!”, “¡es que eso es lo natural!” (lo “natural”, hablando de “naturalidad” de algo, realmente, es que en un mundo caído en el pecado, que también ha afectado y corrompido a “la naturaleza”, y en rebelión contra Dios,  fuera algo normal el matrimonio homosexual, puesto que va contra la Ley de Dios, con lo que sería algo muy “natural”; así que no puede ser más tonta esta idea del matrimonio “natural”), o las peras y manzanas de la Ana Botella.

Ciertamente, mejor sería ir pensando en argumentos más convincentes que los de estúpidos videos como este:

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O sea, los “liberales Hazte Oír”, ahora llaman al matrimonio hombre-mujer, “matrimonio natural”, basado en “razones biológicas de la naturaleza”: acabo de enterarme de que en la naturaleza hay “matrimonios”, que los leoncitos se casan con las leonitas, los gacelos con las gacelitas, los palomos con las palomitas y esas cositas. El gobierno “promueve” el matrimonio. No, no, si no debe “promoverlo”, lo que debe es permitirlo, mientras haya un mutuo acuerdo libre entre las partes.

Volviendo a lo serio, las leyes en España cada vez van a ser menos permisivas con la “discriminación” incluso en el ámbito privado. Lo que hay que hacer es buscar la mejor solución para la libertad de todos.

Casi la totalidad de lo que constituye un matrimonio moderno podría ser acordado en privado en un contrato entre dos (o incluso más… habrá que asumir que la poligamia llegará a ser legal por esta vía) adultos que consienten en obligarse mutuamente. Las cuestiones patrimoniales y económicas, los motivos de disolución, etc…, todo ello puede acordarse en un contrato privado. Por ejemplo, una pareja puede ponerse de acuerdo por adelantado sobre un procedimiento de arbitraje o sobre el Juzgado competente para llevar a efecto el divorcio, llegado el caso. También podría existir la posibilidad de elevar a público ante Notario este contrato, aunque en el resto de casos la gente podría firmar sus contratos matrimoniales donde quisiera -en una iglesia, una sala de fiestas, un bosque o una cocina- y con cualquier tipo de ceremonia que quisieran. Como instituciones privadas, las iglesias tendrían la libertad de participar o no de la ceremonia que quisieran, casando o negándose a casar a quien entendiesen oportuno. Que cada cual considere o no, según la libertad de su conciencia, a estos contratos como “matrimonio”.

En España ya existe la posibilidad de un acuerdo de naturaleza contractual en el que los cónyuges pueden pactar el régimen económico del matrimonio y otras cuestiones, llamados “capitulaciones matrimoniales”. El artículo 1315 del Código Civil dice que “El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este Código” y el 1316 A falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales”.

La propia concertación del matrimonio como contrato entre las partes y la aceptación del mismo podría pactarse en este tipo de acuerdos, que podrían elevarse a escritura pública si lo desean los firmantes, pues ésta es en el Derecho español en gran parte de los contratos un requisito “ad probationem”, no “ad solemnitaten”. De todas formas, si se quisiera dar más “rigor” al contrato matrimonial, se podría establecer la obligación de formalizarlo en escritura pública ante Notario (las propias capitulaciones actualmente requieren pasar por un Notario), como formalidad que constituya un requisito de existencia o validez del acto en cuestión, y ante cuya omisión el acto sería nulo, inexistente, o no produciría efecto jurídico alguno.

Junto a esto, en el contrato se podrían recogerse las cuestiones a que ahora mismo se pueden referir las capitulaciones:

El régimen económico del matrimonio: de quién son los bienes, cuál es el sistema de administración y disposición de los bienes de los cónyuges, cómo se pagan los gastos y quién responde de las obligaciones que contraigan los cónyuges.

Para quien no lo sepa, en España existen tres tipos de regímenes: el régimen de gananciales (cuando existe comunicación en la titularidad de determinados bienes, de modo que se hacen comunes para ambos cónyuges independientemente de quien genere los fondos para su adquisición), régimen de separación (cuando cada cónyuge mantiene la titularidad de sus propios bienes) y el régimen de participación (en el que, si bien durante la vigencia del mismo los patrimonios de cada cónyuge son independientes entre sí, característica del régimen de separación de bienes, al finalizar el régimen económico matrimonial cada cónyuge tiene derecho a participar en el incremento patrimonial que pueda haber conseguido el otro). En España, la regla general en defecto de pacto es el régimen de gananciales. Excepcionalmente, en Cataluña, Valencia y Baleares, en defecto de pacto, se aplica el régimen de separación de bienes.

Las atribuciones patrimoniales a la comunidad conyugal, pasando a ser de titularidad común, o al otro cónyuge: pactándose el derecho de reembolso al término del matrimonio, o sea, que en caso de extinción del matrimonio por la causa que sea, el cónyuge aportante tenga derecho a detraer del patrimonio común el valor del bien aportado o un derecho de adjudicación preferente al cónyuge aportante del bien aportado en caso de disolución del matrimonio.

Los acuerdos para el caso de nulidad, separación o divorcio, o el de extinción del matrimonio por muerte de alguno de los cónyuges: el reconocimiento de derechos de reembolso o pactos de atribución preferente de determinados bienes a uno de los cónyuges, de los que ya se ha hablado más arriba. Puede pactarse la venta de uno o varios bienes y el reparto del precio, la regulación del uso de determinados bienes o una forma de extinción de los condominios resultantes a través, la regulación del uso de la vivienda habitual, la posible pensión compensatoria para el que quede en peor situación económica por la ruptura (en cambio, la pensión de alimentos a los hijos menores es una materia sobre la que las partes no tienen libre disposición), etc…

Y los pactos sobre la contribución de cada uno a las cargas del matrimonio y otras como las sucesorias.

Menos cuestiones como las relaciones paterno-filiales, casi todo es acordable y negociable dentro de un matrimonio, ¿por qué no puede ser el propio matrimonio en sí mismo, y no solo las regulaciones por las que se rigen sus distintos aspectos, sobre todo económicos, un contrato privado? ¿Qué sentido tiene que el reconocimiento de algo como “matrimonio” siga en manos del Estado? Mediante un matrimonio privado, cada cual tendría total libertad para reconocer moralmente una determinada relación como matrimonio o no, pero en cualquier caso, los efectos económicos del acuerdo sí serían oponibles frente a terceros, puesto que, se le quisiera dar o no el nombre de “matrimonio”, en todo caso estaríamos ante un contrato privado más. Y nada impediría, por otro lado, que los miembros de una iglesia considerasen verdadero “matrimonio” lo que sus conciencias les dictasen: no tendrían obligación legal alguna de tener por matrimonio cualquier otro tipo de relación.

Aún suponiendo que se pudiera hablar de matrimonio “tradicional” o “natural” con el modelo que sus defensores quieren (algo muy dudoso, y fenómenos tan usuales en la historia como la poligamia así lo acreditan) depender del Estado para defender sus valores es un juego muy peligroso. La mayoría de los miembros del Parlamento en países como Bélgica, España, Holanda, Canadá y, de aquí a unos meses ya seguro Reino Unido, han  aceptado como “matrimonio” las uniones homosexuales. La mejor manera de proteger y defender una idea moral propia sobre el matrimonio es ponerlo fuera de las manos del Estado.

Una “tradición” puede ser buena, pero sólo cuando es capaz de sostenerse por sí sola sin necesidad de promoción ni apoyo estatal. Cada vez que se habla de que el Estado debe promover algo porque ha sido “lo de toda la vida” me recuerda a cuando la Aguirre, junto con los gobiernos de Valencia y Murcia, decicieron declarar hace unos años a las corridas de toros como “Bien de Interés Cultural”. Absolutamente ridículo.

La privatización del matrimonio es, desde luego, la solución menos mala que se me ocurre para salvaguardar la libertad religiosa. Y no solo ésta. Es la mejor y más liberal solución.


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