Posteado por: Javier | junio 27, 2013

DOMA y el TS useño

Este miércoles ha llegado una de las sentencias más esperadas, sobre todo por el lobby gay (y para la Administración Obama también), en EEUU. Se trata del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ley DOMA (la “Defense of Married Act”), aprobada el 21 de septiembre de 1996, durante la presidencia de Bill Clinton.

Esta ley, por una parte, permite que los estados denieguen el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados, y, por otra, entendía por matrimonio a efectos federales únicamente el heterosexual. Es decir, a efectos de cualquier ley o medida de carácter federal el único matrimonio que reconocía era el formado por un hombre y una mujer, aunque a nivel estatal permitía que cada estado legislase sobre si consideraba o no “matrimonio” a la unión de dos personas del mismo sexo. En consecuencia de ello, ningún matrimonio homosexual podía recibir ayudas federales ni aplicársele deducciones ni exenciones fiscales.

Pues, finalmente, hoy el TS ha declarado la inconstitucionalidad de la definición a nivel federal del matrimonio como una “unión entre un hombre y una mujer”, consagrado en la Sección 3 de DOMA. La balanza la ha inclinado el juez Anthony Kennedy (era previsible), quien ha apoyado la postura de los progresistas Gisburn, Breyer, Sotomayor y Kagan. Como también era esperable, Roberts, Alito, Scalia y Thomas se opusieron.

El caso contra la DOMA es el United States v. Windsor, presentado inicialmente por una señora llamada Edith Windsor, una mujer de 84 años que se vio obligada a pagar más de 350.000 dólares en impuestos federales por el patrimonio heredado de otra mujer con la que estaba casada, Thea Spyer, fallecida en 2009, dado que su matrimonio no estaba reconocido como tal a nivel federal. Las dos se habían casado en Canadá en 2007, después de 40 años de relación, en un matrimonio que el Estado de Nueva York consideró válido. Spyer murió, y dejó Windsor todo lo que tenía. El Servicio de Impuestos determinó que, en virtud de DOMA, Windsor y Spyer no se consideraban como casadas a efectos de la exención de impuestos federales, por lo que la misma no se aplicaba a los bienes que Spyer dejó a Windsor, quien, de esa forma, adeudaba al gobierno de EEUU la cantidad de 363.053 dólares en impuestos inmobiliarios. Windsor pagó el impuesto y luego reclamó un reembolso, que le fue denegado, con lo que decidió acudir a la vía judicial. El Juzgado de Distrito del Distrito Norte de Nueva York consideró que DOMA era inconstitucional por violar la cláusula de igualdad de la Quinta Enmienda, y ordenó al gobierno devolver el impuesto pagado, más intereses. El gobierno federal apeló y el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó íntegramente la sentencia anterior sobre la misma base, la vulneración de la cláusula de igualdad.

Y, seguidamente, el caso llegó al Tribunal Supremo con el resultado que ya conocemos. Previamente, el Fiscal General de los Estados Unidos ya había informado al Congreso de que la Administración Obama opinaba que la ley era inconstitucional y no iba a defenderla. La declaración de inconstitucionalidad de la DOMA implica que los matrimonios entre personas del mismo sexo podrán comenzar a recibir beneficios federales (puesto que, a estos efectos, los federales, ya no hay obstáculos para que se reconozca una unión de este tipo matrimonio, si un estado previamente lo ha hecho así), pero no obligará a ninguno de los estados que prohíben las bodas entre personas del mismo sexo a permitirlas.

La cuestión jurídica que se ventilaba, como vemos, era la distribución de competencias entre la Unión y los estados. Lo único que ha dicho el Tribunal es que el Congreso federal no puede definir qué es matrimonio, porque esto es una cuestión reservada a los estados. Éstos pueden validar o no una unión homosexual como “matrimonio”, es su competencia, no la del Congreso de los EEUU, pero el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre “matrimonio gay sí” o “matrimonio gay no”.

Mi opinión: DOMA es inconstitucional. Pero no por los motivos aducidos por Kennedy y el sector progresista de que “viola la Quinta Enmienda de la Constitución al hacer unos matrimonios más respetados que otros” o que “viola los principios del debido proceso y la igualdad de protección aplicables al Gobierno federal” (que, además, han abierto la puerta a más gasto público puesto que las ayudas federales a los matrimonios heterosexuales ahora no se podrán denegar a las parejas homosexuales reconocidas en sus estados como “matrimonios”), sino porque es una ley centralista y una intromisión del poder federal que no es constitucional. El Congreso no tiene la competencia para definir el matrimonio, además de crearse con esta ley situaciones absurdas como el que un matrimonio sea considerado como tal a nivel estatal, pero no a nivel federal.

Nada más que añadir.

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