Posteado por: Javier | julio 31, 2013

Doctrina Parot NO

Aunque con el escándalo Bárcenas es algo que ha pasado bastante desapercibido, es preciso recordar aunque sea brevemente otra cuestión judicial del máximo interés en España: la próxima sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) sobre la conocida como “Doctrina Parot”, una de las mayores aberraciones jurídicas en nuestro país, después del recurso presentado por el Gobierno español tras la primera sentencia de este organismo contra la misma, dictada hace justamente un año, en la que condenaban por unanimidad al Estado español a pagar 30.000 € por daños morales a la etarra Inés del Río, instando a que fuera liberada en el plazo más breve posible.

Cuestión previa: pase lo que pase con el recurso, en cuanto al dinero, a la etarra asquerosa y golfa QUE LE DEN POR DONDE AMARGAN LOS PEPINOS. España podría perfectamente negarse a pagarle esa cantidad salida del bolsillo de todos los contribuyentes, puesto que la sentencias del TEDH no son ejecutivas en España (para eso tendría que cambiar la legalidad española a fin de articular los medios para la ejecución), sino declarativas. El TEDH no es una última instancia, no es un órgano de apelación, ni de casación, ni de revisión que pueda anular o corregir las decisiones de las autoridades judiciales o administrativas, ni anular una norma de Derecho interno de uno de los países miembros. Recomiendo leer esta entrada de don Alfredo, de hace un par de años, en el caso de la sentencia del TEDH sobre el batasuno Otegui.

La “doctrina Parot” fue establecida por el Tribunal Supremo el 28 de febrero del año 2006, y según la misma los beneficios penitenciarios se aplican al total de las condenas y no al máximo legal de permanencia en prisión (30 años según el antiguo Código Penal, el de 1973, y 40 según el actual). La etarra Inés del Río, miembro en los 80 del comando Madrid, había sido condenada a más de 3.000 años de cárcel e ingresó en prisión en febrero de 1989. Al haber una conexión jurídica y cronológica entre los delitos que había cometido, la Audiencia Nacional acumuló las diferentes penas y fijó en 30 años la duración total de cumplimiento de condena, conforme al límite previsto en el Código Penal de 1973. Durante el tiempo de su condena la terrorista había acumulado varias redenciones de pena por trabajos en prisión. Pero en mayo de 2008, dos meses antes de la fecha fijada para la salida de la prisión, la propia Audiencia Nacional solicitó a Instituciones Penitenciarias un nuevo cálculo de la pena en aplicación de la doctrina Parot, retrasando la salida de la terrorista hasta el 27 de junio de 2017.

La etarra recurrió y en julio del año pasado el TEDH le pegó el tirón de orejas a España. No es que me guste que un tribunal “supranacional” venga a enmendar la plana a los órganos judiciales y penitenciarios españoles (menos todavía si vienen de esos que dicen defender los conocidos como “derechos humanos”), pero es lo que tenemos actualmente, puesto que a muchos españoles no es algo que parezca que les importe.

Y, obviamente, con independencia de que sea un órgano que no me guste, estoy de acuerdo con la sentencia. Hay que cumplir estrictamente con lo establecido en la Constitución, y eso es algo que viola esta “doctrina Parot”.

La aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo modificando la forma de aplicar los beneficios penitenciarios se había hecho de forma retroactiva, vulnerando principios constitucionales básicos en la aplicación del Derecho penal, así como el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no se pueden dictar condenas que no estén sujetas a la ley. También habría que añadir que impide el fin de la reinserción al cual va dirigida la política penitenciaria, de acuerdo igualmente con la Constitución. Además, la etarra, en el momento de ser condenada, podía tener la certeza tanto sobre el alcance de la condena como sobre su forma de ejecución. Por el contrario, lo que no podía haber previsto era que el método para calcular la redención de pena iba a verse afectado por un cambio de la jurisprudencia (el fallo del Tribunal Supremo del año 2006) que crease dudas sobre la fecha de su puesta en libertad. La aplicación de la nueva interpretación del Tribunal Supremo había prolongado de forma retroactiva la condena de esta sujeta en casi nueve años, porque la redención de pena por trabajo realizado en prisión, de la que habría podido beneficiarse, se declaró inválida. Por tanto, esta medida no solo afectó a la ejecución de la condena impuesta a esta individua, sino que también tuvo una repercusión decisiva en el alcance del castigo.

Yo entiendo que haya gente que desconozca el tema jurídico y que de buena fe apoye la doctrina Parot, así como también entiendo que es muy doloroso el terrorismo, pero hay que respetar estrictamente y en todo caso la irretroactividad de las normas penales. Lamentablemente, en España también hay mucho salvaje que lo que seguramente apoyaría sería una tortura cruel al día para estos etarras dentro de la prisión, así como mucho bobo que incongruentemente rechaza la pena de muerte para estos terroristas o se opondría a una modificación legal por la cual el Ejecutivo tuviera una amplísima discrecionalidad para espiar, detener o incluso abatirlos de ser necesario, pero en cambio apoya con entusiasmo violaciones tan groseras como esta de la legalidad constitucional vigente. Por supuesto, si se plantease una reforma de la Constitución y del Código Penal para introducir la pena de muerte y que esos tipejos terroristas acaben en el cadalso (por los crímenes que cometan a partir de que entrase en vigor) la apoyaría, cómo no, pero los liberales no debemos dejarnos llevar por la histeria visceral provocada por el telediario de las tres de la tarde, sino ser totalmente exquisitos y legalistas.

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Responses

  1. […] En julio ya hablé de la doctrina Parot, ASÍ QUE A ESA ENTRADA ME REMITO EN BUENA MEDIDA. […]


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