Posteado por: Javier | agosto 3, 2013

Rapapolvo a Gallardón

Bueno, bueno y bueno. Un tema que, por motivos obvios, me tiene bastante interesado es qué va a ocurrir con la gallardonita e infausta ley de tasas judiciales que se aprobó el otoño pasado.

Pues ya percibimos un pequeño rayo de luz pero, cuidado, no lancemos las campanas al vuelo. Solo es un primer paso.

La Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en un auto dictado esta misma semana, ha dicho que la ley de tasas judiciales “podría” vulnerar la Constitución por dificultar el acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos por los jueces y tribunales, que consagra el artículo 24.1. Esencialmente lo mismo que yo hace unos meses.

Este auto se ha dictado en un proceso consistente en un recurso contencioso-administrativo que interpuso el 9 de abril la asociación de gestión de multas DVuelta, en la que pedía a la Audiencia Nacional que planteara cuestión de inconstitucionalidad por presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. En el auto, la Audiencia acuerda oír a Dvuelta, al Ministerio Fiscal y al Abogado de Estado por un plazo de diez días sobre la pertinencia de plantear dicha cuestión.

Para quienes no conozcan el proceso, la cuestión de inconstitucionalidad se plantea cuando un Juez o Tribunal de oficio o a instancia de parte considera que una norma con rango de ley y de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución. El artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley”. En todo caso debe plantearse la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Sólo se podrá plantear la cuestión una vez concluido el procedimiento, en el momento justo anterior a dictar sentencia, indicando y justificando en qué medida la decisión depende de la constitucionalidad del precepto. Por tanto, la decisión de plantear la cuestión de inconstitucionalidad puede tener su origen bien en una duda de constitucionalidad que le surge al órgano judicial, o bien en una petición de las partes del proceso mediante la que soliciten al Juez o Tribunal que plantee la cuestión de inconstitucionalidad en relación con una de las normas aplicables en el proceso.

¿Qué más dice la Audiencia en su auto? Todo lo contrario a lo que decía el menestro Gallardón cuando se aprobó la ley. La Audiencia considera que determinados aspectos de la ley pueden ser inconstitucionales “en la medida en que establecen un régimen económico de tasas, cuyo importe se determina por la cuantía del procedimiento, así como el posible acceso a los recursos de apelación y casación, que no tiene en cuenta el principio de igualdad material, manifestado esencialmente por la capacidad económica del ciudadano”, explicando que “se entiende que este derecho fundamental de la persona queda conculcado, no por la exigencia del pago de una tasa, sino por las consecuencias procesales y sustantivas derivadas de la falta de dicho pago”. La exigencia de una tasa, dentro de ciertos límites y procedimientos y circunstancias, “es perfectamente constitucional”, lo que es inconstitucional es que “el pago condicione” poder tener tutela. Además, señala que “lo que puede no ser constitucional, es que el pago de dicha tasa, condicione: primero, la posibilidad de acceder a la jurisdicción; y segundo la posibilidad de obtener la tutela judicial”.

Ahora bien, insisto, tranquilidad y los que estemos “en el Antiguo Régimen” (como dijo el “gracioso” de Gallardón de quienes criticamos su ley) no empecemos aún a pensar en descorchar el champán ni nada por el estilo, pues esto solo es un pronunciamiento previo. La Audiencia aún debe decidir si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad, una vez oiga a las partes, y, así y todo, aún quedaría la admisión de la misma y la resolución del Tribunal Constitucional, del que me fio menos que de un mono con dos pistolas. Pero, al menos, ya tenemos un pronunciamiento judicial contrario a esta aberrante ley.


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