Posteado por: Javier | noviembre 20, 2013

Ejecutado

Esta mañana, por fin, después de que la Corte Suprema de EEUU desbloquease la ejecución (el lunes había sido denegado el indulto por el Gobernador de Missouri, Jay Nixon), ha muerto el asesino en serie Joseph Paul Franklin, después de la administración de la inyección letal:

.

¿Quién era este individuo? Un supremacista blanco condenado por el asesinato a tiros de Gerald Gordon en 1977, en los aparcamientos de una sinagoga de St. Louis, hiriendo a dos personas más, así como del dos negros en Utah, una pareja interracial en Wisconsin y un atentado contra una sinagoga en Tennessee. En total, Franklin cometió 22 asesinatos entre 1977 y 1980, reivindicados por él mismo, con la intención de “provocar una guerra racial” en EEUU. Uno que ya no va a hacer más daño a inocentes.

Dice que cometió esos crímenes “para hacer la voluntad de Dios”. Vale, OK. Pues la voluntad de Dios es que fueras ejecutado, y así se ha cumplido a primera hora de esta mañana.

En varias entradas anteriores ya he defendido el carácter bíblico de la pena de muerte, así que no me voy a reiterar más, e incluso pienso que los cristianos debieran ofrecerse voluntarios para las ejecuciones allí donde esté implantada.

A favor de la pena de muerte se pueden encontrar diversos argumentos a favor. Uno de ellos sería el castigo como fin mismo en el cual la proporcionalidad del delito es muy importante, ya que éste tipo de castigo nos señala que la retribución es el justo castigo por el mal que se ha causado y por ende es proporcional al delito. El castigo cómo fin mismo lo podemos encontrar en la Ley del Talión, que se reduce a que se considere justo quién ha cometido una acción destructiva sufra un mal equivalente al que ha provocado con ella.

Otro argumento a favor de la pena de muerte es el que respecta a la seguridad colectiva y a restaurar la armonía social eliminando a quienes la ponen en peligro– se hace necesario amputar los miembros infectados del organismo humano para evitar la gangrena. Hay que saber cortar a tiempo los miembros podridos, para que no perjudiquen ni afecten a los demás miembros sanos. Un buen sistema de Justicia pasa a ser remedo del buen cirujano.

Otro argumento favorable a la pena capital es el índole económica. Desde el punto de vista presupuestario se trata de un tipo de castigo que además de expeditivo, es barato, y es eficiente para aplicarlo sobre delincuentes peligrosos que difícilmente se van a re-adaptar en la sociedad. Os parecerá un argumento frívolo lo que expongo, pero se puede esgrimir en contraposición al dispendio material que implica la manutención de reclusos a criminales que, además de peligrosos, serán imposibles de rehabilitar, a la par que socialmente inútiles y perjudiciales.

Y por último, otro argumento a favor de la pena de muerte es su posible capacidad disuasoria, tal como demuestran algunas estadísticas. En el caso de los EEUU, donde se han hecho más estudios al respecto, Gary Becker, premio Nobel de Economía, estima que que hay una reducción de ocho asesinatos por cada ajusticiamiento. Considero al igual que Becker, que esto es un dato suficiente para mostrarse a favor.

Hay que añadir que la pena de muerte es mucho más justa que encarcelar a alguien durante toda su vida, generando así un sufrimiento brutal al reo. Pero el que le quite la vida de forma criminal, fuera de la ley entiéndase, a otro, debe pagar con su vida. También los que cometen alta traición al Estado, o colaboren con ejércitos extranjeros enemigos o, incluso, que se dediquen a envenenar a niños con drogas. Daría la orden inmediata de ejecutarles, tras un debido proceso y juicio con toda garantía.

En cuanto a este caso particular, hasta el último momento, los abogados de Franklin estuvieron intentando utilizar la maniobra legal de impugnar el fármaco a utilizar para la inyección, el pentobarbital, a fin de suspender la ejecución, con el argumento de que el uso de esta droga violaría la Octava Enmienda constitucional, que prohíbe los castigos crueles e inusuales (esta es una de las maniobras judiciales que, de hecho, más usan los activistas anti-pena de muerte en EEUU: intentar cargarse uno a uno los métodos de ejecución a fin de dejar finalmente completamente desactivada la pena capital). A esto hubo que sumar un “papelón” más (cómo no) de la Unión Europea (desconozco si también hubo presiones papales desde el Vaticano en contra de la ejecución, pero no me extrañaría nada). Gracias a Dios, EEUU es un país soberano que no ha de responder ante UE que valga, pero la vía de presión de la entidad europeísta fue advertir de que caso de usarse propofol, la droga que inicialmente se había previsto, se suspenderían los envíos de la misma, lo que provocaría su escasez para uso médico. Por tanto, en octubre, el estado de Missouri anunció que iba a utilizar el pentobarbital, lo que provocó que Franklin intentara eludir la ejecución alegando que era inconstitucional el uso del mismo.

Hoy no tengo mucho más tiempo de extenderme con este tema de la inyección letal (puede que en otra ocasión), más allá de manifestar mi alivio porque se haya hecho justicia, pero mi opinión es muy similar a la que manifestó el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas en el caso Baze v. Rees (2008). Thomas se adhirió a la opinión de Roberts, Kennedy y Alito acerca de la constitucionalidad del método de la inyección letal, pero discrepando de sus argumentos esgrimidos y, en particular, del “estándar” que consideraban ellos adecuado para determinar la constitucionalidad de los métodos de ejecución. Para Thomas, dicho estándar debía fijarse atendiendo a las razones que históricamente justificaron la aprobación de la Octava Enmienda y a los previos pronunciamientos del tribunal, que en varios precedentes había considerado conformes con el texto constitucional el fusilamiento, la silla eléctrica e, incluso, el sometimiento del reo a una segunda descarga eléctrica cuando hubiera fallado la primera. El estándar sería de naturaleza fundamentalmente subjetiva, según el cual un método de ejecución sólo vulnera la Octava Enmienda si está diseñado deliberadamente para infligir dolor al reo, lo que no se podía decir de la inyección letal. Según Thomas, pretender que los jueces tengan que pronunciarse sobre qué método es el más adecuado para producir menos dolor al ejecutar la pena capital es una hábil táctica de los opositores a la pena para conseguir, mientras no llega su abolición, que las ejecuciones se dilaten indefinidamente cuestionando cualquier aspecto del método aplicado. Además de que no existen precedentes de ello en EEUU. El criterio de valorar las ventajas o desventajas de posibles métodos solo tiene como consecuencia un aumento de la litigiosidad de los presos que esperan el cumplimiento de la sentencia en el corredor de la muerte y un retraso inaceptable en la ejecución de las sentencias.


Responses

  1. Obviamente comparto absolutamente todo lo dicho en esta entrada, Javier.

    Todas esas cuestiones sobre los métodos de ejecución deben quedar exclusivamente en manos de los poderes LEGISLATIVOS, no de los jueces. Los jueces NADA deben hacer más allá de dar su sello de aprobación judicial a las leyes aprobadas por el Congreso.

    El diseño de la enmienda en su dia tenia en mente métodos europeos continentales que se usaban para inflingir dolor a los “enemigos” del estado, como ocurría con los protestantes en manos de la Iglesia Católica. En no pocas ocasiones fueron arrojados a la hoguera, entre otras cosas.
    Esos métodos, que no castigos, se usaban para el dolor y para torturar, produciendo asi un resultado peor que la muerte. Ocurre AL REVES en este caso de Kentucky, pues como usted ya ha dicho, el protocolo tenia en mente REDUCIR el dolor en vez de provocarlo. ¿Qué relevancia hay en que hay otros métodos mejores? Ninguna.

  2. Correcto. La determinación de los métodos más apropiados para la ejecución es potestad de las legislaturas estatales, no de los jueces, pues es evidente que eso a lo que lleva es a una discusión interminable sobre cuál es mejor o peor y a paralizar indefinidamente el cumplimiento de las sentencias. Los jueces en cualquier caso por lo que deben velar es por el cumplimiento de la Constitución, y que no se viole la Octava Enmienda introduciendo una forma de ejecución que busca a propósito aumentar el dolor del condenado. Es lo más lógico sobre el sentido original de la redacción de la Octava Enmienda, teniendo en cuenta, en efecto, que los colonizadores de Norteamérica habían salido de una Europa en la que había métodos de ejecución que eran verdaderas torturas y en los que se buscaba que el reo muriera en medio de sufrimientos. Eso es lo que se pretendía evitar y por eso ha sido el criterio que se ha seguido, en eso tiene razón Thomas.

    Por eso estoy de acuerdo con Kennedy, Roberts y Alito en que la defensa del reo no puede cuestionar el método de ejecución solo mostrando una alternativa que no sea evidente que sea menos dolorosa, pues eso fuerza a los jueces a entrar en debates científicos que les son ajenos, obligándoles a inmiscuirse en un ámbito de decisión que corresponde a los legisladores, pero no con el argumento de que la Octava Enmienda se vulnera cuando un Estado, sin que exista una justificación legítima, se niega a adoptar un método alternativo que sea viable y que reduzca el riesgo sustancial de causar sufrimiento, es decir el argumento del “riesgo sustancial”. No era ese el riesgo que buscaba evitar la Octava Enmienda.


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