Posteado por: Javier | diciembre 27, 2013

Contra la reforma gallardonita de la ley del aborto

Toca hoy hablar del último esperpento del Ministro de Justicia del Reino de España, Ruiz Gallardón, su proyecto reforma de la ley del aborto.

Aunque la mayoría estará al tanto, en resumen, la nueva ley sustituirá a la actual, que permite el aborto hasta la semana 14 (y hasta la semana 22, sólo si se apreciaban malformaciones fetales o si hay riesgo para la salud de la madre). Una ley que era bastante asimilable a las de otros países europeos, y que ahora pasa a ser de las más restrictivas (hasta el punto de que solo ha recibido el apoyo del ultra-derechista Le Pen en Francia, aunque hay algunos izquierdistas bananeros sudamericanos, tipo Evo Morales, que tienen una opinión similar): con la nueva ley, la mujer sólo podrá abortar cuando exista grave peligro para su salud física y psíquica y cuando el embarazo sea consecuencia de una violación. De este modo, se elimina el supuesto de malformación para abortar.

¿Habrá menos abortos? “Oficialmente” sí. Y digo oficialmente, pues, evidentemente, para el gusto de extremistas repugnantes como los de Hazte Oír y otros grupos, solo se contabilizarán los que se practiquen legalmente bajo los dos supuestos, con lo que estadísticamente bajará el número de abortos. Otra cosa será la cantidad de abortos que se realicen al margen de la ley, en la clandestinidad y en pésimas condiciones sanitarias e higiénicas para las mujeres (las que no tengan recursos), o mediante el “turismo abortista” (las que sí los tengan). Tener que dar a luz un niño no deseado puede suponer para muchas mujeres la obligación a la “no vida”, es decir, a dar fin a un desarrollo personal que se ve truncado por tener que hacer frente al coste que supone criar y educar a un niño y tener que adaptar la vida a esta nueva circunstancia. Este aspecto es especialmente grave en las clases bajas, cuando las mujeres no disponen de medios para financiar una familia. Y a pesar de que hoy en día existe muchísima información sobre la prevención de los embarazos, la falta de medios y de conocimientos unida a la inconciencia es muchas veces causa de embarazos no deseados. Y cuanto más joven sea la mujer, más grave puede ser el impacto del embarazo no deseado. Para las clases altas los embarazos no deseados nunca han supuesto un problema, pues siempre han podido viajar a países donde el aborto estaba permitido, y con dinero todo se puede hacer. Incluso teniendo hijos no deseados sus vidas no tenían por qué sufrir las consecuencias de la nueva responsabilidad.

Como puntualización, AQUÍ NADIE ES “PRO-ABORTO”. Ya sé que, entre ciertos ultras y gente que vive en una realidad paralela, mi opinión es muy polémica, pero sigo pensando lo mismo. Como el aborto me parece moralmente malo y muchas veces un drama, lo que me gustaría es que cada vez hubiera menos. Lo que está demostrado que no se consigue con leyes más represivas. Por eso, es evidente que lo único que consigue reducir los índices de abortos es, precisamente, evitar al máximo los embarazos no deseados, mediante la educación sexual y sobre anticonceptivos, junto con una ley que permita el aborto en unos plazos seguros y científicamente razonables.

La legislación restrictiva, que en el fondo apunta a imponer a toda la sociedad unos criterios morales o éticos particulares, además nunca ha tenido un efecto real sobre el número de abortos realizados. Curiosamente, los países más prohibicionistas suelen ser lugares tercermundistas donde se dan las mayores tasas de aborto del mundo y mayores casos de muertes de mujeres por abortar clandestinamente. Por ejemplo, en África y América Latina, donde el aborto o es ilegal o está muy restringido, las tasas de interrupciones voluntarias del embarazo son de 29 y 32%, respectivamente. En cambio, en Europa Occidental, donde con leyes en general muy permisivas, la tasa se reduce a 12 abortos por cada 1.000 mujeres (solo del 1,2%, por tanto). La clandestinidad provoca que el aborto lo realicen personas no cualificadas que usan métodos muy dudosamente efectivos, que ponen en riesgo la salud y la vida de la mujer. Las complicaciones en este tipo de intervenciones representaron ese año un 13% del total de muertes maternas en todo el mundo. Es interesante el caso de Sudáfrica, donde tras liberalizar el aborto en 1997, el número anual de muertes relacionadas con las interrupciones voluntarias del embarazo disminuyó de forma radical. Entre 1994 y 2001, el descenso fue del 91%.

Estas cifras espeluznantes en países subdesarrollados se deben no solo a la pobreza, sino a la falta de educación, de medios anticonceptivos y de medidas que apoyen a las mujeres que quieran continuar con su embarazo pese a las dificultades. Un buen ejemplo de lo que digo es Holanda, que tiene una de las leyes más permisivas de Europa (las mujeres pueden abortar desde los 16 años hasta prácticamente la semana 24 de gestación) y, a la vez, una de las tasas de aborto más bajas del mundo  (en EEUU ocurre algo similar en los estados donde hay leyes más permisivas). Claro, a la vez, en Holanda se ha incluido la planificación familiar en el sistema público nacional de seguros médicos y se proporcionan anticonceptivos de manera gratuita. Pero, en fin, tanto Gallardón como la cuadrilla de Hazte Oír (o “Hazme-reír”, gentileza mía) parece que prefieren colocarnos más cerca de África que de Holanda. Lo que nunca dirán es que en España hace casi cuarenta años, en 1974, la memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo estimaba que en España se practicaban 300.000 abortos cada año que dejaban una espeluznante cifra de 3.000 mujeres muertas por infecciones y complicaciones derivadas de aquellos métodos tan inseguros. O sea, que el idílico mundo que pintan quienes defienden la ilegalización total no es tal, cuando este número se ha reducido muchísimo en años posteriores con leyes más permisivas y más educación sexual y promoción del uso de anticonceptivos (parece que incluso que desde 2009 con la nueva ley siguió bajando también).

En realidad, el tema del aborto en España no es más que la expresión de dos bandos ideológicos irreconciliables, mientras que no se analiza el problema de fondo. Normalmente, el bando progresista o izquierdista lo que se pretende es dar el máximo de libertad para abortar sin asumir otras responsabilidades como son la educación, la información exhaustiva, la asistencia psicológica y toda una estructura para apoyar a quienes no desean abortar, pero que optan por esta medida tan drástica por razones primordialmente económicas. Por su parte, lo que los autodenominados “pro vida” quieren vendernos es el “derecho a la vida” como una imposición ideológica, igual que los “pro aborto” nos venden el derecho al aborto como un logro en derechos sociales. Pero ambos bandos parecen olvidarse de los derechos del no nacido, cada uno a su manera.

Lo que no creo acertado es permitir el aborto más allá del tercer o cuarto mes de gestación, ya que a partir al menos del quinto mes y gracias a los avances tecnológicos el no nacido tiene grandes posibilidades de supervivencia, con lo que ya tiene derechos que nadie debería poder quitarle. La mujer que quiere abortar debería tener claro qué hacer en el plazo de los primeros tres meses. Aún así, es finalmente la mujer la que debe decidir y es ella la que tiene que vivir con las posibles (y probables) consecuencias psicológicas y físicas que tiene un aborto voluntario, y es precisamente en este punto en el que corresponde al Estado, a la sanidad pública o privada, dar el mejor consejo y un máximo de información y asistencia psicológica a quien esté en la difícil situación de decidir sobre la vida del no nacido. El aborto voluntario no deja de ser un acto cruel por el que se quita la vida a un nuevo ser humano por razones principalmente egoístas.

En cambio, los diferentes grupos a favor y en contra sólo se dedican a polemizar y plantear una batalla política. En el caso concreto de esta ley, parece que el Gobierno lo que busca es fidelizar a su electorado más ultraconservador, una vez que parece que han perdido al más “centrista”, olvidando, igual que olvidaba la anterior ley, o quienes reclaman el aborto desregulado, que lo que falta es todo un sistema de apoyo del Estado que facilite la gestión de los trámites para adopciones y de ayudas durante el embarazo a mujeres socialmente desfavorecidas. El aborto debe ser la última opción después de todos los métodos anticonceptivos que deben ser accesibles y velando por una educación sexual amplia, clara, temprana y libre. En situaciones así, el aborto será el último recurso.

Ahora bien, creo que existen circunstancias excepcionales en las cuales debería suspenderse esa legalidad del aborto. Pongamos, por ejemplo, un país que tenga una crisis demográfica considerable, en la que nacen menos personas de las que mueren. En ese contexto concreto, al margen de la cuestión moralista, el aborto es perjudicial para el desarrollo demográfico ese país. Eso sí, el Estado debería hacerse cargo de los niños que nacieran, a fin de no perjudicar a las madres que tuvieran que engendrar a la fuerza. Para ello es necesaria la construcción de orfanatos, así como disponer de un buen servicio público de pediatría. Y eso debe correr a cargo del Estado.

Que quede claro que hablo de circunstancias excepcionales. Una vez superada la excepción, debería restaurarse la legalidad del aborto.


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  2. […] Diciembre. Contra la reforma gallardonita de la ley del aborto […]


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