Posteado por: Javier | agosto 14, 2014

Privatización carcelaria en EEUU, el sueño “libertarian” convertido en pesadilla real

Un tema particularmente grave para quienes defendemos la democracia y sus principios, del cual había leído hace algún tiempo, me ha venido recordado por varios comentarios en este hilo y me ha parecido interesante tratarlo un poco más en profundidad: el de la privatización de los servicios penitenciarios en EEUU (aunque, en menor medida, también se está aplicando en el Reino Unido y Australia), es decir, la subcontratación de los mismos por los Estados con empresas privadas que se encargarían de prestarlos, el que fue “sueño dorado” para ese país para muchos “libertarian” y que empezó a hacerse realidad a finales de los años 80 (en el estado de Arizona, por ejemplo, existen desde hace 20 años).

Particularmente grave puesto que es de extrema gravedad que la necesaria imparcialidad que debe caracterizar a la administración de Justicia, a la aplicación de la ley y a las resoluciones que se dicten para el cumplimiento de las sentencias penales pueda verse desvirtuada por intereses privados de determinadas empresas (y determinados lobbys) que tengan el poder suficiente como para presionar a políticos y legisladores a dirigir en un sentido u otro, el más favorable a sus intereses, la legislación penal y la penitenciaria.

Aparte, hay que decir que este fenómeno de las cárceles privadas genera una perversa disputa entre el interés público de rehabilitar a los presos y reducir la población carcelaria, y el objetivo inherente a toda empresa de maximizar sus beneficios.

Concretamente existe un informe de una entidad civil radicada en Washington, llamada In the Public Interest (ITPI), según el cual, de 62 contratos de prisiones privadas analizados a lo largo de EE UU, un 65% disponen de algún tipo de garantía mínima de número de reclusos o penalización por camas vacías. ¿Y eso? Porque para que estos contratos salgan rentables a esos operadores privados es exactamente igual que si fueran un hotel o una posada: necesitan un mínimo de ocupación para que el negocio funcione. Estas empresas privadas cobran en torno a 40-60 dólares por cada preso y cada día de estancia y deben tener garantizado un nivel estable de ingresos que les permitan gestionar la prisión y rentabilizar el coste de haberla construido.

¿En qué deriva esto? Pues, sí, en lo que se pueden imaginar: más sentencias de prisión sea cual sea la tasa de delitos cometidos. Endurecimiento de las leyes que castigan sobre todo delitos menores y una mayor ligereza a la hora de dictar estas sentencias condenatorias. Pues, en caso contrario, estas empresas deberían cobrar tasas más elevadas al Estado para poder garantizar que el negocio les siga siendo rentable.

Un caso muy significativo es el del estado de Colorado. Allí la delincuencia se ha reducido en un tercio en la última década, lo que ha llevado a que varias prisiones estatales hayan tenido que cerrar por falta de reclusos. Sin embargo, las cárceles privadas en ese estado cada vez están más llenas puesto que en los contratos con estas empresas privadas penitenciarias figuran “cláusulas de seguridad” según las cuales tendrían garantizado un mínimo de ocupación, lo que obligó a las autoridades penitenciarias de Colorado a trasladar a miles de reclusos desde las cárceles públicas a las privadas.

Los defensores “libertarian” de este tipo de prisiones insisten en que salen más baratas para el contribuyente y que el trato a los presos es mejor que en las públicas. Pero los datos indican justo lo contrario.

En el año 2010, en todo EEUU, aproximadamente el 8% de los presos estaban en cárceles privadas. Hoy, en el año 2014, se calcula que puede ser en torno al 14%, y, en el caso de los inmigrantes detenidos, de hasta el 50%. Desde finales de los 80 no han parado de privatizarse cárceles, pero ha sido desde 1999 cuando el número se ha disparado, con un aumentos del 80% en el número de reclusos de cárceles privadas, mientras la población reclusa en general subía solo el 18%, es decir, la mayoría de los nuevos reclusos iban a cárceles privadas. Se puede decir, que, para mantener la viabilidad de estas empresas penitenciarias privadas, EEUU vive una oleada de encarcelaciones masivas. Entre 1970 y 2010, la cifra de presos creció un 700% y eso ha impulsado a las compañías privadas ha invertir en el negocio de construir y mantener cárceles privadas. Además, en los últimos años las compañías se han beneficiado del efecto de la crisis económica al ofrecer costes supuestamente más bajos que los del sector público a unos gobiernos cada vez con más necesidad de ahorrar (es el famoso mantra “si es privado es más barato”, de algunos “liberales”, lo de liberales entre muchas comillas, claro, más bien “libegales”).

La expansión de esta epidemia carcelaria ha permitido engrosar sus beneficios a empresas como Corrections Corporation of America (CCA) o Geo Group, los dos pesos pesados del “sector”. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2013 CCA registró un beneficio neto de 51,8 millones de dólares en comparación con los 42,3 millones del mismo periodo del año anterior. Las dos empresas cotizan en bolsa y su elevada rentabilidad ha atraído a grandes entidades financieras y bancos a invertir en ellas. En sus informes públicos, las compañías admiten que el aumento de la población carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio, pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los procedimientos de detención de inmigrantes y las leyes que rigen la duración de las penas. Normal, pues, que empresas de este tipo traten de hacer lobby para aumentar (o, al menos, que no disminuya la población carcelaria). Según ha reportado el Center for Responsive Politics, CCA ha destinado 17,4 millones de dólares en influenciar a políticos y crear lobby entre los años 2002 y 2012, mientras que Geo Group destinó 2,5 millones. Unido a esto, CCA habría donado 1,9 millones a campañas electorales de líderes políticos clave a la hora de adoptar políticas penales, judiciales o penitenciarias favorables a sus intereses, mientras que Geo Group habría donado para este mismo fin unos 2,9 millones. Y luego algunos “libertarian” dicen que “hombreeeeee, es que si se limita por una ley estatal la cantidad de dinero que un político o un partido puede recibir de una empresa privada, estas eliminando la libertad de expresión, socialista, rojo, que eres un rojo”. SINVERGÜENZAS.

Paralelamente, a la vez que se mantienen relaciones políticas muy cordiales para conseguir más contratos y que la población reclusa no disminuya, en busca de un mayor beneficio, estas empresas intentan también reducir costas en sus prisiones. Esto consiste en tener a su servicio el personal estrictamente necesario o en intentar ahorrar en el mantenimiento de las instalaciones, la seguridad o los sueldos, contratando en muchos casos a personal de dudosa cualificación. Hay que decir, no obstante, que cada estado suele mantener una supervisión muy rigurosa de las condiciones en las cárceles privadas (faltaría más, también es cierto), pero, cuando esta se relaja un poco, las empresas privadas carcelarias aprovechan para rebajar sus “estándares de calidad” y ahorrar costes. Hay no pocas denuncias de malos tratos a presos, motines e incluso fugas o intentos de fuga de reclusos. A principios de enero de este año, la autoridades penitenciarias de Idaho decidieron retirar la licencia a una prisión privada de la compañía CCA después de un chorreo continuo de denuncias de malos tratos y violencia de sus empleados hacia los presos, así como el hecho de que estos empleados trabajaban más horas de las legalmente estipuladas. En estos dos enlaces pueden ver algunas controversias en las cuales se han visto envueltas estas empresas: http://en.wikipedia.org/wiki/Corrections_Corporation_of_America  //  http://en.wikipedia.org/wiki/GEO_Group

Luego, por supuesto, el que estas prisiones privadas vuelvan a pasar a titularidad pública, el mandar a las fuerzas de seguridad a sofocar motines o las operaciones de búsqueda y captura de presos fugados, cómo no, sale mucho más caro al contribuyente (que es el que termina pagando todo esto) que el supuesto ahorro que le proporcionan estos subcontratistas privados.

La defensa de las prisiones privadas es otra estupidez propia de “libertarios” y “anarcocapitalistas”, que nos dibuja un pequeño escenario de cómo sería en la realidad su mundo idílico y soñado, de un calibre bastante similar a su defensa de ejércitos privados, como los de compañías tipo Blackwater o Global Risk International, que han actuado en conflictos como el de Irak, entre otros. Igual que la tontería de que “el mercao” se puede ocupar de algo como el mantenimiento y la seguridad de una prisión de forma mucho más eficiente y económica, y sin ningún riesgo para los derechos y condiciones de dignidad y salud de quienes estén internados en ellas, de un modo también muy infantil piensan que aboliendo el Estado y acabando con las FFAA se acabarían las guerras, pues las compañías privadas de seguridad no tendrían fuerza para iniciar grandes conflictos bélicos. Claro, no dicen qué se haría en caso de que dos o tres de estas compañías se declarasen la guerra dentro de un país, usando sus soldados y su armamento, para acabar con otras compañías que fueran de la competencia. Y si hay un ataque terrorista desde el exterior o de un ejército extranjero, ¿quiénes se van a encargar de la defensa nacional? ¿Estos mercenarios? Por otro lado, es significativo que les molesten las FFAA pero les encanten estas compañías privadas de mercenarios, de las cuales se han reportado no pocos abusos arbitrarios contra la población civil (aparte de contratar a miles de milicianos y guerrilleros de países tercermundistas pagándoles sueldos de miseria) en los conflictos bélicos en que han intervenido.


Responses

  1. Otra perfecta entrada, Javier. Es necesario que los liberales denunciemos estas injusticias que sufren los más vulnerables.

    A pesar de que la privatización de la justicia criminal puede parecer un fenómeno reciente, es más bien una regresión al oscuro pasado, no una inovación, es un retorno a los sistemas abiertamente corruptos de los británicos y norteamericanos en el siglo XIX.

    Antiguamente, incluso para ingresar en prisión – y salir – había que pagar algo y si el reo no tenía dinero, tenía que entregar su ropa o trabajar derivando harina y trigo. Una barbaridad.

    Los reos vivían en condiciones totalmente depravadas y, de hecho, fueron las denuncias de los presbiterianos de la época, que protestaron con gran fuerza sobre estas terribles y satánicas condiciones a las que sometían a reos que incluso no habían cometido delitos de sangre ni tampoco violentos. Su único “delito” era ser deudor, o pobre, en no pocos casos.

    En la prisión Newgate de Londres, conocida como el “prototipo del infierno” en la ciudad, había 100 prisioneros por cada guardia y un prisionero cada pocos metros cuadrados. Eso sí, si tenías dinero en aquella época podías ir a las mejores prisiones. Algo así como lo que quiere el PP para la Sanidad española.

    http://www.amazon.com/Newgate-Londons-Prototype-Stephen-Halliday/dp/075093896X

    En muchos casos, los dueños de esas prisiones sobornaban a los jueces porque la remuneración de los jueces anglo-americanos y británicos en aquellos tiempos no era un sueldo sino basado en tasas. Por eso caían en la corrupción (si fuera por algunos “libegales”, volveríamos a ese sistema porque ya sabe, quieren cargarse absolutamente todo lo público).

    Pero se ha estado progresando en este tema, al menos en EEUU. Cada vez hay más concienciación al respecto de que esto es una terrible sombra la justicia.

    Saludos

  2. Muchas gracias, caballero, y gracias también por la información adicional que aporta.

    Y es que, en efecto, esto recuerda mucho a la vuelta al Antiguo Régimen. Realmente, es que es la época que chifla a los anárquicos, junto con la del feudalismo, esa época en que el poderoso era un “dios” sobre su propiedad, que es lo que les preocupa, no la libertad de las personas, y no había autoridad alguna que interfiriera en ello, antes del surgimiento del Estado democrático y de derecho. Algo similar a los gallardones, solo que éste lo que busca es privatizar la Administración de Justicia (y luego tiene la desvergüenza de decir que quienes se oponen a sus tasas quieren “volver al Antiguo Régimen).

    Digan lo que digan individuos como el que hemos tenido la mala suerte de soportar en el foro del Facebook estos días (que van de “amigos de la libertad”, cuando a lo único que se dedican es a propagar ideología de la derecha extrema radical con la excusa del “antiestatismo”), no es nada “despreciable” ni “miserable” denunciar esto (lo despreciable es defenderlo): que la carne de cañón para sostener este negocio van a ser sobre todo jóvenes negros e hispanos pobres que sean detenidos y condenados por pequeños delitos o por hechos que podrían solventarse con una multa o con trabajos en beneficio de la comunidad, como el caso reciente de vender unos cartones de tabaco ilegal. No van a inflar la cifra de encarcelados a base de meter entre rejas a blancos más o menos acomodados. Que a alguno de nosotros no nos vaya a ocurrir esto no quiere decir que no sea una injusticia indignante para esta gente, y esto no es ni “autoodio” ni ser “progre” ni bobadas de esas, simplemente defender la igualdad de trato para todos ante la Justicia.

    Y también, en fin, igual que se aplauden las cosas buenas, de los amigos y aliados, sean EEUU o sean Israel, también hay que dar a conocer las injusticias y cosas malas, sobre todo para que no se trasladen a España, que ganas no faltan a este nefasto Gobierno.

    Saludos.

  3. De nada! Espero que le sea útil.

    “Y es que, en efecto, esto recuerda mucho a la vuelta al Antiguo Régimen. Realmente, es que es la época que chifla a los anárquicos, junto con la del feudalismo, esa época en que el poderoso era un “dios” sobre su propiedad, que es lo que les preocupa, no la libertad de las personas, y no había autoridad alguna que interfiriera en ello”

    Sí. Por eso el propio Rothbard dijo que no estaba nada a gusto con el movimiento de los derechos civiles para negros, y que el voto para la mujer había sido una maldición para EEUU.

    “Que a alguno de nosotros no nos vaya a ocurrir esto no quiere decir que no sea una injusticia indignante para esta gente, y esto no es ni “autoodio” ni ser “progre” ni bobadas de esas, simplemente defender la igualdad de trato para todos ante la Justicia.”

    ¡Claro! Esto es un grave problema para la Justicia, Javier. No, no se trata, efectivamente de “progre” ni mucho menos de “autoodio” – ¡todo lo contrario! Es querer demasiado al ser humano para denunciar los atropellos contra ellos. Se trata simplemente de darse cuenta del enorme privilegio que es “ser blanco” (en las instituciones) y ver que esta gente es víctima de un sistema injusto. Quizá en el caso de España todavía esto no se dé, pero igual en USA haría falta una nueva ley de igualdad de trato o algo por el estílo.

    Saludos

  4. Pues Rothbard eso lo comparte con Ann Coulter, esa también dice que habría que eliminar el sufragio femenino porque favorece a los demócratas.

    En cuanto a injusticias los números cantan, las estadísticas que dio hace unos días Dan García sobre EEUU:

    Es más común condenar a pena de muerte a personas culpables de asesinar a ciudadanos blancos que a quienes matan a personas de otros colectivos, y un acusado negro corre el mayor riesgo de recibir una pena de muerte. Una persona acusada de asesinar a una blanca tiene 1.6 posibilidades más de ser condenada a muerte que una persona que mata a una negra. Un detenido negro culpable de la muerte de una blanca tiene 2.5 posibilidades de ser sentenciada a pena capital que una persona blanca que asesina a una blanca, y 3.5 posibilidades más que en casos en que tanto asesinos como víctimas son negros.

    La posesión de un gramo de cocaína en roca implica una condena de 10 años de cárcel. Pero 500 gramos de cocaína en polvo merecen solo 5 años de condena. Obviamente, el poseedor de la primera cantidad suele ser un negrito o mejicanito traficante de poca monta, mientras que el segundo poseedor suele ser un consumidor blanquito y adinerado.

    Otro ejemplo es el caso de Jamal Mumia del que hemos hablado varias veces. Aparte de las irregularidades y las maniobras (demostradas) para que en el jurado no hubiera ningún negro, el juez que lo condena a lo largo de su carrera, de 32 personas que manda al corredor de la muerte, 27 eran negros.

    Es decir, claro que afirmar esto no es ir de “progre” o ser un “blanquito con mala conciencia”, como dicen quienes se mosquean cuando se dicen estas cosas, sino solamente dar datos fríos que muestran una realidad: es mucho más fácil cebarse con uno oscurito de piel y sin un centavo en el bolsillo cuando se quiere dar una imagen de ejemplaridad y mano dura contra el crimen.


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