Posteado por: Javier | agosto 29, 2014

Tasa Google: para que te cueste más informarte

A todos aquellos que navegamos mucho por internet nos suena esto de la “Tasa Google”, ¿verdad?

Pues ya la tenemos encima, puesto que, posiblemente en este mes de septiembre que entra el próximo lunes, o en octubre, el Senado votará la versión definitiva de la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

La reforma tiene muchas novedades, pero la más conocida es la nueva redacción del artículo 32, una de las últimas estupideces de los políticos que padecemos en el Congreso de los Diputados (solo se ha opuesto UPyD), en el que se regula el “derecho de cita” de una forma que no puede ser más ambigüa y confusa ni crear mayor inseguridad.

El apartado 2 de este artículo, repleto de perífrasis y frases subordinadas establece que “los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos” no necesitarán autorización para poner a disposición del público “fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento”. Eso sí, “sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa”.

La ya conocida popularmente como “tasa Google” consiste en un impuesto, un “derecho irrenunciable” al que tendrían derecho los editores de prensa, quienes percibirían un beneficio económico de la tasa que tendrían que pagar tanto Google como otros servicios y plataformas electrónicas que realizan agregación de contenidos, como pueden ser Google, Yahoo! o incluso el agregador social Menéame, así como Facebook o Twitter. Esta modificación de la ley, como ocurrió antes con la SGAE, es una concesión del Gobierno a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que incluye a los principales editores de prensa, y que había venido presionando para que Google pagara por usar sus noticias en su Google News.

Esto podría provocar que empresas como Google News dejasen de prestar sus servicios de agregar noticias, así como otras empresas más modestas, como la citada Menéame. Ya venía de lejos el intento de que Google y otros buscadores pagaran por publicar estractos de noticias, pero solo en España de momento se ha convertido en una ley en tramitación. El problema es que viendo la porquería de redacción del artículo 32.2, ¿quiénes, aparte de las empresas que prestan estos servicios, se pueden ver afectados?

A finales de julio, el Ministerio de Cultura sacó una nota de prensa para aclarar que este tasa “no implica en ningún caso que los usuarios de Internet tengan que realizar pago alguno por enlazar a noticias creadas por las editoras de prensa”, añadiendo “Por tanto, las redes sociales no son objeto de esta medida, tal y como algunas partes interesadas están informando en estos días”. El problema es que lo que informan esas “partes interesadas” que dice el Ministerio de Cultura se debe a la redacción tan lamentable del artículo, que deja una horquilla amplísima de quienes son susceptibles de pagar por citar a otros en internet, aparte de que un comunicado ministerial no es ley. Quién sabe a cuántos puede afectar una norma creada “ex profeso” para que Google pague por enlazar noticias, intentando dar una definición tan amplia de quienes estarían sujetos a la tasa con tal de que Google no se escape, con lo que, en teoría, al final nada impide que se la exijan a un usuario común y corriente de internet que cree una web y la convierta en un agregador de noticias.

Otra de las cosas aberrantes de la redacción es cuando se dice que el derecho a cobrar una eventual tasa “será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”. Irrenunciable aunque alguien no tenga inconveniente en que le citen y no tenga interés económico alguno. Lo que ocurre es que, aparte de AEDE, hay otra asociación de editores de prensa, la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP), que no está a favor de esta tasa y cuyos medios publican con licencias libres que permiten utilizar su material bajo ciertas condiciones. De modo que estos, tomando la redacción del artículo, tampoco pueden negarse a que quienes les enlacen tengan que pagar pero, aún así, sus medios no verán ni un euro por no estar afiliados a AEDE. Cualquiera de nosotros que genera contenido en los blogs, si nos citan, generaríamos a su vez una obligación de pago por parte de quien nos ha citado (aunque tengamos licencia de cita y enlace libre)… pero, al no estar afiliados tampoco a AEDE, no tendríamos posibilidad de cobrar nada. Como ocurre con la SGAE, esta asociación es la que se encarga del cobro de los derechos de autor, que luego reparte entre sus miembros, no siendo ellos quienes cobran directamente. Aunque, como he dicho, la intención de esta modificación legal es expresamente que Google pague, hay que insistir que nada impide en la ley que se llegue a estos extremos.

La realidad es que, diga lo que diga la AEDE, no está tan claro quién se aprovecha del trabajo de quién. Google da mucha visibilidad a las noticias y más visitas es más dinero en publicidad. Además, los editores de prensa se podrían dar de baja enseguida de Google News, si les parece mal que esta empresa se lucre gratuitamente publicando extractos de sus contenidos. De rebote, con esta nueva redacción de la ley afectan a otros agregadores como Menéame que no tienen tanto dinero como Google y que ya se plantean cerrar o marcharse de España, pues la actividad de sus usuarios, colgar constantemente y a toda momento enlaces de distintos medios de comunicación, puede hacer que tengan que pagar facturas multimillonarias.

Esta ley lo que va, ante todo, es a obstaculizar la búsqueda de información en internet, al desaparecer herramientas tan útiles y cómodas como los agregadores de noticias que ahorran muchísimo tiempo y trabajo. Un país libre no puede permitir que unas empresas paguen a otras directamente por la presión de un lobby. Menéame por ejemplo, es un generador de tráfico muy importante y que sirve a medios grandes y pequeños para darse a conocer, para actuar de altavoz, para tener visiones alternativas y contenido que sin Meneame por ejemplo, su acceso hubiera sido bastante complicado. Lo mismo pasa con Twitter, con Facebook o con cualquier estructura social que se apoye sobre la difusión libre de información respetando la jerarquía del enlace y la cita. Pues esto sí se va a permitir ahora en España.

La facturación total de estas pequeñas empresas es ínfima en comparación con las de los medios afilliados a AEDE. Sin embargo, el mero hecho de que millones de personas cada hora del día enlacen estos medios en sus agregadores les generaría una cantidad multimillonaria en pago de tasas por cita completamente inasumible.

¿Es “casualidad” que quieran colocar una tasa impagable a todas esas pequeñísimas empresas que facilitan el tráfico fluido de información entre la gente? O es, más bien, el intento de favorecer a un “lobby” por parte del poder político de forma que los medios que lo integran sean dóciles y amables con este poder, en medio de toda la que esta cayendo. Y, por otro, una forma de obstaculizar todo lo posible el que la gente pueda encontrar información independiente a la que ofrecen los medios “oficialistas”, totalmente domesticada a base de subvenciones y ayudas ante el cada vez menor número de lectores que van teniendo.

Viendo otras actuaciones anteriores del PPSOE y de este Gobierno tan mierda, en su intento por crear en España una clase de ciudadanos más autista, adormilada y pasiva, si cabe, de lo que es ya de por sí el español medio, piensa mal y acertarás.


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