Posteado por: Javier | octubre 1, 2014

La consulta-pantomima de Mas

Este fin de semana fue convocada la ya famosa consulta independentista en Cataluña y pocas horas ha tardado el Tribunal Constitucional en suspenderla, al dictar una providencia admitiendo el recurso nº 5830/2014 presentado por el Gobierno contra el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de esta comunidad autónoma.

Aunque la norma general es la no suspensión de las disposiciones impugnadas, debido a que la propia legislación del Tribunal Constitucional no lo permite (como así lo confirmó el propio Tribunal en el Auto 90/2010, de 14 de julio), algo lamentable, por cierto, pero esa es otra historia, sin embargo, para la suspensión se ha utilizado la regla especial del artículo 161.2 de la Constitución, donde se dice que: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

O sea, esto solo es posible en casos de recursos del Gobierno de la nación contra disposiciones o resoluciones autonómicas, no cabe contra los de otros entes estatales o contra los de las entidades locales, y, durante un máximo de cinco meses, con lo que, a lo largo de su plazo máximo, Artur Mas va a ver paralizado legalmente su consulta.

¿Qué va a hacer Mas a partir de ahora? ¿Va a seguir adelante a las bravas y va a sacar las urnas de todas formas el 9 de noviembre? ¿O va a optar por adelantar las elecciones autonómicas, haciendo una propaganda para darles un carácter “plebiscitario” y usarlas como arma de presión para poder convocar legalmente su consulta, caso de que los nacionalistas consigan una amplia mayoría? Aunque sus más “asilvestrados” socios de ERC seguramente intentarán presionarle para que la consulta se celebre sí o sí, es posible que Mas, ante el descrédito internacional que supondría para él presentarse como un rebelde al ordenamiento jurídico español, es probable que opte por lo segundo, aunque tampoco es fácil hacer una predicción, sabiendo que las mentes y los designios de los nacionalistas catalanes suelen ser retorcidos y sinuosos.

Hace poco ha intentado presentarse como un “mártir de la causa nacional”, diciendo que está dispuesto a ir a la cárcel con tal de celebrar la consulta, pero esto no es más que un pufo, como no es más que un pufo toda esta historia del nacionalismo catalán desde sus propios orígenes. Cataluña no va a independizarse puesto que no es la independencia el objetivo final de estos caraduras, sino una forma de presionar al gobierno central para obtener más dinero y más poder para las oligarquías políticas y económicas catalanas (aparte de lo ya dicho alguna vez, buscar confrontaciones y cortinas de humo para tapar las corruptelas en las que llevan enfangados desde que montaron allí su chiringuito a finales de los 70). Lo que Artur Mas y sus amigos buscan es una consulta hecha a su medida y a su antojo para que el SÍ obtenga una buena mayoría, y poder, de esa forma, tener una buena arma de presión para obtener más competencias y una mejor financiación.

Es un caso muy paradigmático de cómo unas élites han conseguido manipular, embrutecer y analfabetizar a mucha gente en las clases populares de una región para que estos últimos pasen a defender los intereses particulares de los primeros, bajo la máscara de un romántico “sueño nacional”. No es más que humo, misticismo, odio y victimismo muy bien empaquetado y presentado que ha sido vendido al populacho por parte de las clases dominantes de Cataluña.

La idea de una secesión en alguna parte de España es absurda, desde luego, bajo la actual redacción de la Constitución, que dice en su artículo 1.2 que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, el artículo 2, “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” o el artículo 8.1, “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Y los nacionalistas catalanes lo saben de sobra, puesto que se pasan por el forro la ley fundamental gracias a la cual algunos están desempeñando los cargos que ocupan en las instituciones autonómicas de Cataluña. La posible secesión de un territorio de España es un asunto que afecta a todos los españoles, no solo a los que vivan en ese territorio, puesto que las consecuencias políticas, sociales y económicas son para todos, mientras que los secesionistas radicales lo plantean como si fuera algo que unilateralmente (y encima dinamitando la ley) se pudiera plantear sin ningún problema. ¿Qué ocurre con los derechos y libertades de los españoles no catalanes que vivan allí? ¿Deben quedar en manos de la voluntad de los políticos secesionistas?

Ello no implica que no pudiera introducirse una reforma constitucional que legalizase la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en cualquier región de España, pero, por supuesto, bajo las condiciones claras que se fijen por el Congreso, donde están representados todos los españoles, no bajo las que salgan de las narices a la minoría separatista de Cataluña.

Sobre el porqué es una tontería eso que se ha venido diciendo desde hace tiempo de que el Reino Unido es mucho más “democrático” que España porque ha permitido un referéndum de independencia en Escocia, al contrario de lo que harían los “malvados” y “antidemocráticos” españoles con Cataluña, la explicación es muy sencilla: los británicos no tienen Constitución escrita ni ninguna traba legal para que su Parlamento dé luz verde al referéndum escocés. Por el contrario, aunque el Gobierno o el Parlamento español quisieran, legalmente no podrían autorizar ese tipo de consultas o referéndums. Además, habría que decir que si el Parlamento británico, donde los conservadores (casi todos ingleses) están en mayoría, autorizó el referéndum fue por la confianza que tenían en dar una paliza en cuanto a votos a los independentistas escoceses. Paliza que, al final, no fue tal y, es más, hasta las últimas horas hubo cierta incertidumbre. Habría que ver si el mucho más “democrático” Parlamento británico habría autorizado el referéndum cuando las encuestas daban la victoria al SÍ.

Fuera de un procedimiento legal amparado por la Constitución, la única posibilidad es algo que, en el caso concreto de Cataluña, es tan ridículo que es difícil imaginar a Artur Mas planteándolo, si es que no tiene ganas de ser el hazmerreír internacional: presentarse como “pueblo colonizado” u “oprimido”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre descolonización de 14 de diciembre de 1960, tras sentar que la sujeción de los pueblos a la dominación extranjera constituye una denegación de los derechos fundamentales, afirma sin paliativos que “todo intento dirigido a destruir total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta”. La Declaración de Relaciones Amistosas de 1970 señala que ninguna de sus disposiciones debe interpretarse en el sentido de autorizar o fomentar cualquier acción dirigida a destruir o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que actúen conforme al principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos antes descritos y, por tanto, tengan un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”.

Pues eso, presentar a los catalanes como pueblo que está sufriendo “colonización”, “opresión” o “discriminación” es una ridiculez como un piano. Cataluña, aparte de que es una de las regiones europeas con más autonomía, hoy día tiene mecanismos representativos, tanto a través de sus instituciones autonómicas como las estatales, como para reivindicar de forma legal un trato más “justo” si considera que necesita más competencias dentro de las que permite el marco constitucional o que la financiación que recibe no es ajustada, siendo una de las que más aporta al común del Estado.

De hecho, es legítimo y perfectamente debatible tanto si la Constitución puede o debe modificarse para celebrar consultas o referéndum de ese tipo, siempre sujetos a la ley (y no a lo que digan unilateralmente los nacionnalistas, hay que insistir), si se deben traspasar más competencias, mejorar la financiación, etc.

Todo lo demás son milongas de parte de una “casta” como la de Cataluña, que lo único que busca a través de esta pantomima es un arma con la que consolidar sus privilegios políticos y económicos, mediante un proceso que no tiene nada de legal ni de democrático, sino que sería desde la Generalitat y sus medios de comunicación afines, a través de mentiras, propaganda, victimismo, demagogia y presiones para asegurarse de que el SÍ esté ganado ya de antemano.

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