Posteado por: Javier | febrero 9, 2017

EEUU: imperialismo judicial desbocado

La suspensión por parte del juez federal de distrito James Robart, de Seattle, de la orden de prohibición temporal de entrada de los ciudadanos de siete países es un caso más de imperialismo judicial en los EEUU, pero, en este caso concreto, especialmente grave, ya que esta medida inconstitucional contra el Poder Ejecutivo, caso de que finalmente fuera validada por el Tribunal Supremo, podría sentar un precedente muy peligroso para la seguridad nacional.

Es verdaderamente preocupante que un juez no elegido, y que no representa a nadie, sea el que pretenda determinar si una orden ejecutiva del Presidente es legal o no, más aún en la materia a la que se refiere esta orden. Si el Tribunal Supremo decidiera que la orden no es legal sería como decir que cualquier orden presidencial, incluso en cuestiones de guerra y seguridad nacional, estaría en manos de un grupo de jueces, con el peligro que ello podría suponer en caso de que el Presidente tuviera que tomar decisiones de urgencia que, sin embargo, pudieran ser bloqueadas judicialmente a demanda de cualquier iluminado.

Evidentemente, parte de la prensa norteamericana ha hecho una caricatura sesgada de la orden, presentando con gran sensacionalismo lacrimógeno casos concretos de ciudadanos con doble nacionalidad norteamericana y de alguno de esos siete países que, sin embargo, han sido resueltos rápidamente, y casi que ha salido a festejar con champán la suspensión (lo de la prensa española, que bebe de esas fuentes, añadiendo a ello la ignorancia y los prejuicios, ha sido aún peor), pero hay que tener en cuenta una serie de puntos:

1) Los requisitos para la suspensión de la efectividad de una orden ejecutiva son muy estrictos. El demandante debe demostrar que es probable que tenga éxito sobre el fondo y que sufrirá un daño irreparable si no se concede la suspensión. En este caso, la gente de los países excluidos no puede demostrar un daño irreparable, sólo que su entrada a EEUU se retrasará. Y, a su vez, es poco probable que se tenga razón sobre el fondo, puesto que el presidente no tiene ninguna obligación legal de permitir a los extranjeros en el país.

2) Por cierto, los demandantes aquí no son ni siquiera las personas de los países excluidos. Son los estados de Washington y Minnesota, que afirman que sus ciudadanos serán perjudicados si la prohibición temporal no se levanta (bueno, quizás Microsoft o alguna otra gran empresa está siendo privada de algo de mano de obra barata). En el mejor de los casos, es un argumento endeble. Esta decisión no tiene ningún efecto sustancial en los residentes de los estados, contrariamente a lo que ha dicho el juez Robart.

3) El Presidente claramente tiene discreción para decidir a quién admitir en EEUU y a quién no a cuando se trata de personas que no son ciudadanos estadounidenses.

4) En cualquier caso, claramente no es una “prohibición musulmana”, como se ha dicho con tanto histerismo, en tanto que en esos países no vive más del 6% de la población musulmana mundial. En todo caso, es una prohibición de viajes desde ciertos países durante 90 días.

5) Los tribunales tradicionalmente otorgan a los presidentes una amplia libertad en materia de seguridad nacional, y esto es, en gran medida, una cuestión de seguridad nacional.

6) Es altamente cuestionable que los tribunales federales de distrito pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional. Precisamente, se llama tribunal federal de distrito porque la autoridad del tribunal se limita a un distrito. Si no fuera así, no habría necesidad de tribunales de circuito, y nunca veríamos diferentes circuitos federales con leyes diferentes. Un tribunal de distrito podría simplemente imponer lo que quisiera en la todo el territorio de EEUU.

Hay quienes han alegado que Trump no puede suspender la emisión de visas a nacionales de países específicos porque la Ley de Inmigración de 1965 prohibe toda discriminación contra los inmigrantes sobre la base del origen nacional. Sin embargo, el propósito de la disposición contra la discriminación (firmada por el Presidente Lyndon Johnson en 1965) era poner fin a la práctica migratoria racial y étnicamente discriminatoria de los “orígenes nacionales” que estaba sesgada en favor de Europa Occidental. La orden ejecutiva de Trump, por el contrario, no es, en modo alguno, un intento de discriminar en la composición racial o étnica de la nación o de sus inmigrantes. La directiva es un esfuerzo para proteger la seguridad nacional de una amenaza terrorista cuya raíz el propio Congreso la ha encontrado en varios países específicos de mayoría musulmana.

Debido a esta diferencia entre la orden de Trump y los objetivos de la Ley de Inmigración de 1965, no es posible interpretar las dos normas como contradictorias, y los principios de interpretación constitucional advierten en contra de hacerlo de ese modo. Sin embargo, aún admitiendo que hubiera conflicto, se trata de un asunto relacionado con la conducción de los asuntos exteriores -una cuestión del más alto orden de importancia, ya que implica amenazas externas a la seguridad nacional. Si hubiera un conflicto aquí, la clara autoridad constitucional del presidente para proteger a los EEUU tendría prioridad sobre la dudosa autoridad del Congreso para limitar la negativa del Presidente a la entrada de extranjeros.

Pero no hay conflicto. La ley federal de inmigración también incluye la Sección 1182 (f), que dice: “Cuando el Presidente considere que la entrada todos o de cualquier clase de extranjeros sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos, podrá, por el período que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a los extranjeros las restricciones de entrada que considere apropiadas”. La sección 1182 (f) autoriza clara y ampliamente al presidente a emitir prohibiciones temporales sobre la entrada de todos o de algunas clases de extranjeros por motivos de seguridad nacional. Esto es precisamente lo que ha hecho el Presidente Trump. De hecho, al hacerlo, cita expresamente esta sección. Dejando a un lado que Trump se basa principalmente en su autoridad constitucional inherente, y que la restricción de ciertas clases de extranjeros se basa en la seguridad nacional, no en consideraciones religiosas, raciales o étnicas, la orden ejecutiva también se fundamenta expresamente en una disposición de la Ley de Inmigración, la Sección 1187 (a) (12), que rige el Programa de Exención de Visa. Este estatuto autoriza al Poder Ejecutivo a eximir de los requisitos de documentación a ciertos extranjeros. Bajo esta disposición, el Congreso provee que un extranjero es candidato a esta exención solamente si no ha estado presente (a) en Irak o Siria en cualquier momento después del 1 de marzo de 2011; (b) en cualquier país cuyo gobierno haya sido designado por el Departamento de Estado como “patrocinador reiterado de actos de terrorismo internacional”; o (c) en cualquier país que ha sido designado por el Departamento de Seguridad Nacional como un país “de riesgo”. Trump se basa principalmente en su autoridad constitucional inherente.

Por lo tanto, el Congreso no solamente nunca ha revocado la amplia autoridad del Presidente para excluir la entrada de ciertas clases de extranjeros por razones de seguridad nacional, sino que décadas después de la disposición contra la discriminación de 1965, el Congreso autorizó expresamente la discriminación basada en el origen nacional cuando se trata de terrorismo internacional. De hecho, a pesar del estatuto antidiscriminatorio de 1965, el presidente Jimmy Carter prohibió la entrada de ciudadanos iraníes en 1980, después de que la revolución de Jomeini condujera a la crisis de rehenes estadounidenses en Teherán. El tratamiento discriminatorio de los iraníes estaba racionalmente enraizado en las preocupaciones antiterroristas, y era claramente apropiado.

Como ya iba siendo hora, el Presidente Trump ha hecho muy bien al explayarse vía Twitter contra Robart, al que ha calificado de “supuesto juez” (y reconozco que viendo quiénes son algunos de los que más aspavientos escandalizados han estado haciendo en estas dos semanas de soberbio desempeño presidencial de Trump, sobre todo los europeístas, el Donald me va cayendo cada vez un poquito mejor): “La opinión de este supuesto juez, que esencialmente pone la aplicación de la ley fuera de nuestro país, es ridícula y será derrotada”.

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Con el Twitter y el Facebook, Trump se puede decir que está siguiendo la línea estratégica que aplicó en su día Franklin D. Roosevelt. Como los perio-listos de esa época daban también versiones sesgadas y manipuladas de sus declaraciones y sus medidas, el bueno de Roosevelt por lo que optó fue por dirigirse a la nación directamente a través de la radio. Los tiempos han cambiado y ahora hay medios tecnológicos más modernos.

Pues bien, los perio-listos actuales han salido ya a atacar a Trump por “insultar” al juez. Se supone que insultar es “ofender a alguien provocándolo o irritándolo con palabras o acciones”. Si calificar al juez de “presunto juez” y cuestionar su decisión es “insultar”, resulta entonces injusto decir a la vez que ningún presidente antes ha hecho esto. Más bien al contrario, ya antes algún presidente ha “insultado” al poder judicial.

Sin ir más lejos, en 2011 el propio Barack Obama, en el Discurso sobre el Estado de la Unión, les cantó las cuarenta a los jueces del Tribunal Supremo (estando ellos allí presentes, además) por la decisión por la cual permitieron a las grandes empresas aportar fondos ilimitados a las campañas políticas. Obama acusó a los jueces de haber dado “un golpe a la democracia” (evidentemente, la leida de cartilla se centró en los cinco jueces del ala conservadora que votaron a favor del fallo, o sea, Samuel Alito, Clarence Thomas, Anthony Kennedy, el recientemente fallecido Antonin Scalia y John Roberts). Previamente, en 2009, cuando Obama nominó para el Tribunal Supremo a la jueza de origen portorriqueño Sonia Sotomayor dijo que era una “mujer latina lista que con sus experiencias llegaría casi siempre a mejores conclusiones que jueces blancos masculinos que no han vivido ese tipo de vida”. Hay que suponer que eso sería un “insulto” a los jueces blancos masculinos.

Pero por estos “insultos” no verán a nadie tan escandalizado en la prensa que tiene o no tiene la piel tan fina dependiendo de quién vengan.

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PD: Un video interesante. No se pierdan las respuestas de este negro simpatizante de Trump a una francesita europeísta (es varios meses anterior a las elecciones de noviembre).

 

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