¿Quién es español? (II)

Continuamos en esta entrada, con la adquisición derivativa de la nacionalidad.

Antes de nada, sobre la originaria. Realmente, para el supuesto de los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada ni pueda determinarse en modo alguno por filiación o lugar de nacimiento y la presunción de dicho nacimiento en nuestro territorio cuando éste sea el primer lugar conocido de estancia, sería muy problemática la posibilidad de aplicar un último inciso como “En caso de llegar a conocerse la filiación o el lugar de nacimiento, y la primera no fuera la española por parte de padre o madre y el segundo no fuera territorio español, se deberá estar o a la nacionalidad de los padres o a la ley del lugar de nacimiento”. Por un lado, como es idea de estas dos entradas, no es cuestión de ir regalando la nacionalidad española a cualquiera, eso por supuesto, pero, por otro, no se deben crear situaciones de inseguridad jurídica generando un “baile” de nacionalidades cada vez que aconteciera la eventualidad de que se descubriera el verdadero origen de un sujeto que hasta ese momento se hubiera presumido como nacido en España. 

Tenemos, aparte, el artículo 11.2 de la Constitución, “Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. Entre tanto esto no se modifique (y bien que con gusto lo modificaría para despojar de su nacionalidad a terroristas y traidores a la patria) es ley y hay que respetar este precepto legal, eso seguro, guste o no, así como los rigurosos procedimientos de reforma que prevé la propia Constitución (artículos 166 a 169).

¿Una posible solución?

Llevar este supuesto a los de adquisición derivativa de la nacionalidad, en concreto, al artículo 21.1 del Código Civil, “La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales”. ¿Una circunstancia excepcional? Pues por ejemplo, esta misma: nacidos en España cuya filiación no resulte determinada ni pueda determinarse en modo alguno por filiación o lugar de nacimiento. En este caso, la adquisición de la nacionalidad española sería derivativa. En caso de alguna circunstancia, como el descubrimiento de su verdadero origen o la condena penal por un delito que lleve aparejada pérdida de nacionalidad ,según el actual Código Penal se les podría privar de la misma.

¿Por qué tanto interés en esto? Por algo que lo podrán entender hasta algunos elementos de la derecha más paleta, cutre, cañí y torrenteril, como el botarate pervertido del hilo anterior, que van ahora y me tachan de “pro-inmigracionista”: porque yo, parafraseando al bueno de Hamilton, tengo el deber de exponer las cosas como son, no como deberían ser.

De momento, salvo episodios puntuales, no tenemos un gran problema de tensiones raciales, no ha habido nada aún como las revueltas morunas de Francia en 2005, pero ya están a la vuelta de la esquina. Mientras respeten las leyes, legalmente no se les puede expulsar ni es justo, pero, aún así, son los sectores de la población más proclives en el futuro a motines, rebeliones y sediciones, sobre todo si el paro les sigue castigando. Sin ánimo de “criminalizar” a nadie, solo exponiendo la realidad. A más de uno no se podría privar de su nacionalidad con la redacción actual del Código Civil, en uno de estos casos, gracias no solo al PSOE, también, no lo olvidemos, a la política de su partido favorito, el PP. Pues esta es una buena vía, no para los que ya la tengan, sino para quienes que la adquieran en el futuro.

Del resto del articulado del Código Civil sobre esta materia solo voy a apuntar algo más en materia de adquisición de la nacionalidad por residencia, el artículo 22.1 y 2, más concretamente. El resto lo tienen en el Código y lo pueden consultar AQUÍ.

Dispone este precepto que:

“1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:

a. El que haya nacido en territorio español.

b. El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.

c. El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.

d. El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.

e. El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.

f.  El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.”

Por otra parte, dice el apartado 3 que “El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. Una soberana tontería, lo del “suficiente grado de integración en la sociedad española”, digo, por motivos que ya he mencionado anteriormente.

Otra posible redacción:

“1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.

2. Bastará el tiempo de residencia de cinco años para:

a. El que haya nacido en territorio español.

b. El que hayan obtenido la condición de refugiado por motivos de persecución política, ideológica o religiosa.

c. El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.

d. El que al tiempo de la solicitud llevare cinco años casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.

e. El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.

3. Bastará el tiempo de residencia de tres años para el nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.”

¿Qué ocurre entonces con iberoamericanos (sean hispanoamericanos o brasileños), andorranos, filipinos, guineanos, portugueses o sefardíes? Irían al plazo general de diez años de residencia, salvo que se encontrasen en cualquiera de los otros supuestos.

Son países que se independizaron hace dos siglos (Portugal a mediados del siglo XVII y, con este país, Brasil) y hoy día sus ciudadanos son tan extranjeros como un búlgaro, un ruso, un japonés o un australiano. No existe ningún motivo objetivo para establecer preferencias y es más muchas de ellas son residuos que quedan de la época diplomática franquista cuando el aislamiento internacional de los años 40 obligaba a buscar relaciones exteriores en Iberoamérica y los países árabes (la “tradicional amistad con el mundo árabe”, la Guardia Mora de Franco y demás,…). Sí, cierto que muchos españoles fueron allí durante el siglo XX, pero lo mismo podrían decir alemanes o franceses, y, en todo caso, habría que ver también a dónde fueron mayoritariamente: todavía, un argentino podría decirlo, pero un ecuatoriano o un habitante del altiplano boliviano…

Por lo demás, fin al plazo de un año. Solo 365 días pisando nuestro suelo es casi un suspiro para tener ya la nacionalidad y, más aún, cuando se contraiga matrimonio ex profeso para ello. Con descendientes de españoles se puede tener cierta deferencia pero, para alguien sin ningún vínculo anterior con España, que no haya visto nuestro país ni en las postales, cinco años es un tiempo más equitativo cuando concurran las circunstancias especiales de los hipotéticos 2 y 3 para el artículo 22 del Código Civil.

Lo mismo que lo anterior, una propuesta.