Lo que debiera hacer el nuevo gobierno

Pues si antes estaba claro, después del “debate”, aunque no lo seguí con mucho interés, más todavía: el próximo gobierno va a ser del PP. Y no precisamente por lo convincente que es Rajoy, sino porque, aparte de la situación general en que está España, enfrente tiene a un Rubalcaba más interesado en salvar los muebles dentro de su partido y en una derrota honrosa para poder continuar como líder, tras la escabechina que parece que se avecina después del 21-N. Realmente, ha sido sorprendente, Zapatero parecía casi Churchill en el de 2008, al lado del Rubalcaba del otro día, ofuscado y preguntando a Rajoy como si fuera un periodista de “El País” o del “Público” dirigiéndose al Presidente del Gobierno, en lugar de a un candidato.

Ahora está de moda, por parte del PSOE, lo del “programa oculto de Rajoy”, no hay más que mirar este ridículo video, dan ganas de contestar a gritos a los del megáfono: “¡OJALÁ!”. El “programa oculto de Rajoy” es más o menos lo mismo que el que ha seguido Zapatero estos años, un poco maquillado, con algunas medidas cosméticas, y quizás unos ministros, en apariencia, más presentables (que eso, teniendo en nómina a elementos como Pepiño, la Pajín o Trini Jiménez, tampoco es que sea muy difícil) pero poco más.

El PSOE es un partido nefasto pero, aunque le hayan obligado y no haya tenido más narices, algo de gasto público ha recortado, en cambio, el PP, hace un año y poco se dedicaba al populismo y a defender no el aligerar el peso del Estado, sino a contenerlo. Pero más importante aún, porque van antes que la libertad económica, la libertad religiosa, la de expresión y otras libertades políticas, no es que estén muy boyantes ahora mismo con el PSOE, pero el PP no da muestras de que vaya a tener un respeto muy escrupuloso con ellas.

En estas elecciones puede que esté casi por sentado que no participaré, pero para que mi voto vaya en algún futuro al PP, tendrán que pasar cosas.

No estaría de más que el nuevo gobierno empezara por reducir gastos judiciales y penitenciarios innecesarios reformando el Código Penal y convirtiendo en faltas algunos de los delitos más insignificantes que llevan aparejadas penas de prisión, y que podrían solventarse con una multa o con trabajos en beneficio de la comunidad. Ahora mismo la pena de muerte es inconstitucional y sería una cuestión a debatir la constitucionalidad de la cadena perpetua. Por supuesto, debería haber más disuasión policial, pues, en definitiva la mayoría de pequeños delitos, sobre todo los vandálicos, se cometen por falta de eso. Lo que se ahorrase en esas partidas, podría destinarse, por ejemplo, a dotar a los juzgados de medios para ejecutar las sentencias más rápida y eficazmente, o, para otras medidas, como los nuevos desahucios introducidos en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Más rápidos sobre el papel, sí, pero, sin medios, estamos en las mismas. Es papel legal mojado. Algo que podría ser bueno para fomentar un poco el alquiler de viviendas pues es comprensible que un propietario tenga recelos cuando teme que se le pueda colar un sinvergüenza que, después de no pagarle, siga viviendo como un gorrón durante todo el tiempo, a veces hasta un año, que pueda durar el procedimiento judicial.

Tampoco estaría de más que hiciera una “purga” en el Código Penal de una serie de delitos ideológicos, que no son más que violaciones de la libertad política. Vamos a ver si al PP no le da por reintroducir algo como lo que metió a capón, en un nuevo artículo, el 506 bis, mediante la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, un momento particularmente escandaloso para la historia de la democracia española, puesto que no fue más que una respuesta al anuncio del “Plan Ibarretxe”, el 28 de noviembre de 2003. El Gobierno de Aznar aprobó añadir al Código Penal un artículo por el que se consideraba un delito castigado con penas de entre tres a cinco años de prisión y entre seis a diez años de inhabilitación absoluta el que un cargo público convocase elecciones o referendos sin la autorización de las Cortes. La reforma fue tramitada rápidamente y aprobada como una enmienda del PP a la Ley Orgánica de Arbitraje. Una norma, aparte, creada “ex profeso” frente al ex lehendakari del gobierno vasco. La reforma del Código Penal que protagonizó el Gobierno de Aznar también introdujo, en el artículo 521 bis, un castigo de hasta un año de cárcel o una multa de 12 a 24 meses a los interventores o a quienes asegurasen la celebración de un referéndum. Unas reformas del Código Penal que el PP efectuó a última hora y de tapadillo, ya que las introdujeron, como he dicho, dentro de la Ley de Arbitraje, en las que también se incluyó el artículo 576 bis, que sancionaba con penas de entre tres y cinco años de prisión a la autoridad que subvencionase con ayudas públicas a formaciones políticas ilegalizadas.

No sería de extrañar que volviera a pretender introducirse algo parecido, pues no hace mucho, desde el PP se formó bastante escándalo con los estúpidos “referéndums independentistas” que se celebraron en varias localidades de Cataluña y que no eran más que eso: una soberana estupidez. Como lo es el nacionalismo catalán, pero eso no quita la existencia de ciertas libertades políticas. También es cierto que, aparte de la derogación de este artículo en 2005, el TC ha declarado en julio de este mismo año que la reforma fue ilegal, por saltarse el trámite legal y por introducirse en un Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, sin ninguna conexión.

Bien estaría que se eliminase la figura de los “delitos contra la Corona” y que se recondujeran a los tipos comunes de injurias, calumnias, etc., para garantizar la igualdad ante la ley de la que tanto presume la CE, así como los relacionados “con injurias a España”, a sus símbolos, etc. Como dije hace tiempo, un terrorista conmigo lo iba a pasar muy pero que muy mal, pero, mientras tanto, hablar no es más que hablar.

Fuera también los “delitos contra los sentimientos” (así los llamaría), así como los agravantes por estos motivos de “odio”, raciales, religiosos, ideológicos (¿Por qué coño es más “grave” cometer un delito contra unos individuos que contra otros?).

¿Qué podría hacer en economía? Como poder, podría empezar por reducir impuestos y gasto público y liberalizar los mercados clave de la economía (laboral, energético, minorista y de transportes). Liberar de la tenaza política y sindical la creación de empleo y riqueza y hacer el país más atractivo para inversores españoles y extranjeros. Eliminar la negociación colectiva, la verdadera sopa boba de esos lastres que para empresas y trabajadores son los sindicatos, e introducir la negociación individual, reformar el mercado eléctrico dejando atrás fantasías ecologistas de las hipersubvencionadas renovables y estudiar qué ventajas pueda tener la energía nuclear en las centrales que todavía sean viables y puedan seguir en funcionamiento, o suprimir tantísimas trabas a los comerciantes tanto para constituir una empresa como para el ejercicio de su actividad y, más aún, todo tipo de regulaciones estúpidas.

Y no solo en el plano de los resultados económico sería esto interesante, sino en el de la propia libertad. Una buena limpia de disposiciones que no permitan al dueño de un establecimiento, aunque sea privado, “porque está abierto al público”, decidir que allí entre quién le salga de las narices. Porque ¿quién es el Gobierno para decir que alguien no puede limitar la entrada a su local a mujeres, homosexuales, feos, bajitos, chinos, hindúes o lo que sea? Lo urgente de verdad sería fijar de una vez por todas por ley qué es un “lugar público”. Sobre todo si son tonterías basadas en molestias particulares como la “Ley Antitabaco”. Algo bueno, por lo menos, ha anunciado Rajoy, que veremos si lo cumple, la vuelta a la ley anterior, algo es algo.

Al hilo de todo esto, otra cosa que debiera tener en cuenta el nuevo gobierno (aunque no pongo la mano en el fuego por ello), y también en conexión con la cuestión penal y otros ámbitos de actuación: el Estado, aunque pueda ofrecer algunos otros servicios, en concurrencia con los privados, básicamente, para lo que está es para disuadir a enemigos exteriores e interiores (pues, a mucha menor escala, un criminal es un enemigo y un peligro para la sociedad, la diferencia es que no tiene los medios de un ejército extranjero), no para resolver “problemas” sociales o morales. No está para resolver «injusticias» ni para crear un nuevo «hombre moral», como gusta tanto al socialismo. Si hay problemas de drogas, violencias o disturbios es porque saben que pueden y que les va a salir muy barato, no porque el Estado tenga que meter las narices en pretender hacer “buenecitos”. Si se reforman, mejor, pero la cuestión es disuadirlos de hacerlo, aunque es lógico que siempre los habrá que se pasarán por el forro esa disuasión y harán sus tropelías, sí o sí. Es una obligación del Gobierno ponerles esa perspectiva enfrente y si se saltan la ley a la torera castigarles. En realidad, lo raro es que alguien sea más o menos respetuoso con la ley y con el prójimo, teniendo en cuenta la naturaleza caída que tiene el hombre, y estos estúpidos burócratas creen que desde un despacho pueden arreglar la sociedad con su planificación.

Volviendo a lo económico, tenemos un grave problema de deuda y empleo. ¿Qué necesitamos? AHORRO. Público y privado. Necesitamos empezar a tener un cierto superávit que de algo de confianza en nuestra economía. Sería necesario reducir los impuestos sobre el ahorro, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y demás. Por ejemplo, es cierto que el modelo irlandés de crecimiento, una de cuyas medidas fue esto, un impuesto de sociedades muy bajo que atrajo a numerosas empresas extranjeras, fue burbujístico y no acabó bien, pero PORQUE NO SE FOMENTÓ EL AHORRO, PERO así y todo, su situación no es tan mala como la de España, por más que los apóstoles del socialismo se regodeasen en el “fracaso neoliberal de Irlanda” (y el fracaso keynesiano de España, ¿qué?). Hay algo de lo que algunos no entienden ni se enterarán en la vida: que lo que importa es EL VALOR DE LA MONEDA que tienes en el bolsillo. ¿De qué te sirve mucho dinero en el bolsillo si no vale nada? Sin ahorro (ya que no tenemos soberanía monetaria) es imposible empezar a pensar en reducir la inflación. ¿Qué más? Eliminar personal público a granel, sobre todo laborales y, por descontado, una auténtica limpia de “enchufados”, eliminar todas las subvenciones, LAS QUE SEAN (de nada vale que se eliminen las subvenciones tercermundistas de la izquierda y que la derecha las sustituya por otras), privatizar todas las empresas públicas e instaurar el copago en la sanidad (por lo menos en urgencias, según los casos, penalizando las visitas innecesarias y los abusos) y en la educación universitaria, y empezar a instaurar una cultura de que los llamados “derechos sociales» no son más que una excusa para despilfarrar comprando voluntades y haciendo propaganda electoral e introducir rigideces en la creación de empresas y empleos.

España no tiene porque ser un enfermo incurable, pero es evidente que el nuevo gobierno debiera dar un lavado de cara de arriba abajo, cosa bastante improbable (por no decir imposible) con los dos candidatos a presidirlo.