Contra la demagogia sobre los inmigrantes y la cuestión sanitaria

Uno de los temas veraniegos que más polémica está generando es el del fin de la atención sanitaria pública a los «sin papeles». El Ministerio de Sanidad de …. (bueno, no recuerdo quién, pero da exactamente igual) ha aprovechado el mes de agosto para lanzar varios globos sonda en esta cuestión. 

Primero, el Gobierno anunció que este colectivo no tendría derecho a las prestaciones sanitarias. Después, poco menos que invitó a estos inmigrantes a abandonar el país y retornar a sus lugares de origen. Y, por último, al final precisó que cuando haya que asistir de urgencia a una persona en situación migratoria irregular se reclamará el coste de dicha atención a su país de origen. De momento, dado que el Gobierno es incapaz de hacer nada serio, aparte de ocurrencias y globos sonda, lo cierto es que a finales de mes se cortará la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes ilegales (aunque los gobiernos autonómicos de Andalucía, País Vasco, Asturias, Cataluña y Canarias dicen que seguirán dándola), al anularse las tarjetas sanitarias pertenecientes a irregulares empadronados, salvo en los casos de las urgencias, las embarazadas y los menores, siendo el requisito para ser atendido, en los demás casos, estar dado de alta en la Seguridad Social. Aparte, hasta el 31 de agosto, los inmigrantes que hubieran obtenido la tarjeta sanitaria en situación irregular y estén ya en condición legal deberán regularizar su situación sanitaria, al igual que aquellos europeos que todavía no se hubieran inscrito en el Registro Central de Extranjeros.

 El Gobierno prevé un ahorro de 500 millones de euros al año, al quedar unos 150.000 extranjeros sin tarjeta sanitaria, aunque esto parece muy exageradamente optimista. Puesto que, tomando en consideración el gasto medio de un español en servicios sanitarios, unos 1.600 euros por persona, en todo caso, la cifra más alta sería de 240 millones de euros. Y eso suponiendo que un extranjero gaste de media lo mismo que un español, lo cual vamos a ver que no es así.

Una idea muy generalmente extendida y un poco demagógica es que los inmigrantes consumen una gran cantidad de recursos sanitarios. Vamos a ver, yo soy el primero que piensa que debemos buscar que la inmigración que llegue lo haga de la forma más racional posible, es decir, la que sea necesaria. La inmigración masiva acaba siendo una fuente de conflictos por la enorme heterogeneidad que crea dentro de un país, aparte de que no tiene demasiado sentido un inmigrante aquí que no tenga empleo y ahora, de hecho, con la crisis muchos están volviendo a sus países de origen, puesto que esto no es una posada ni una hospedería. Hay muchos argumentos tontos como el «total, lo españoles hace años éramos emigrantes también» o, una tontería aún mayor, la dichosa frasecita «ningún ser humano es ilegal», como si lo que fuera «legal» o «ilegal» fueran las personas, no las situaciones o las conductas. Quienes piensan eso creen normalmente que el problema de la pobreza se soluciona con una limosna, con la que, aparte, limpiamos nuestras conciencias, en lugar de ayudar a esa gente a que salgan del subdesarrollo en sus propios países (normalmente, con más libertad y más oportunidades de comerciar libremente con sus productos).

Pero igual de tontos son el considerar que todos sean delincuentes (aunque las estadísticas de delincuencia en España entre inmigrantes sean muy superiores a la de españoles) o que todos vengan solo a chupar del bote y beneficiarse de ayudas públicas (aunque los haya). Muchos vienen solo a buscar un mejor futuro, eso no se pone en duda, aunque el país actualmente poco futuro pueda darles (de hecho, quienes inflan las estadísticas de pobreza relativa actualmente son sobre todo inmigrantes), cuando difícilmente puede dar ese futuro incluso a los jóvenes españoles.

Esta reforma, en teoría, se basa en el gasto que originan los extranjeros en el sistema público de salud. Sin embargo, si miramos la cuestión atentamente, veremos que pretender que este gasto es inmenso o que los extranjeros van a colapsar el sistema sanitario por una «sobreutilización» es algo totalmente equivocado y demagógico:

1. La población inmigrante suele vivir en condiciones que les dificulta acceder a los servicios sanitarios por cuestiones de desinformación o diferencias culturales o lingüísticas (estas últimas, no en el caso de los latinoamericanos, por supuesto).

2. La mayoría de los inmigrantes goza de buena salud debido a que suelen ser los más jóvenes en edad laboral de cada país quienes emigran, quienes no tienen necesidad de usar tan asiduamente la sanidad pública. Precisamente, uno de los dramas de la emigración masiva que hay quienes defienden es que deja los países del Tercer Mundo casi totalmente descapitalizados y con una fuerza laboral precaria, al quedar allí los más ancianos y enfermos.

3. Otra idea muy común es la del «turismo sanitario», según la cual, si los inmigrantes reciben atención sanitaria gratuita, eso es como un «efecto llamada». Este argumento no es muy sostenible, puesto que, según estadísticas, solo el 4% de los inmigrantes se trasladan a España expresamente por cuestiones de salud, de que esperen recibir una atención mejor que en sus países de origen. La inmensa mayoría lo hace por razones laborales, algo cada vez más precario en nuestro país.

4. Otra idea generalizada pero muy discutible es que los inmigrantes sobrecargan el sistema sanitario. Además de por las cuestiones anteriores de edad o desconocimiento, en relación con lo anterior, para este colectivo, la salud no suele ser la prioridad, sino encontrar un trabajo como sea, y en la mayoría de las ocasiones en lo que sea. De hecho, por ejemplo, en Andalucía (aunque no sea la región con mayor cantidad de inmigrantes), en el año 2011 la atención primaria a este colectivo supuso el 1% del total de las asistencias y las de urgencias alcanzaron un 2,3%. En toda España, la frecuencia hospitalaria por 100 habitantes es de 8 para los españoles y 5,8 para los extranjeros. Pero incluso en los ingresados, los extranjeros gastan menos: 4.710,41 euros de los originarios de países pobres por 6.759,94 de los españoles. Ni siquiera usan más las urgencias: el número de visitas a este servicio corresponde con el 40,6% de la población inmigrante frente al 44,6% de la nacional. Solo hay un caso en que es cierto que hay, proporcionalmente, más extranjeras que españolas: en las unidades de maternidad. Algo obvio, dado que los españoles no tenemos hijos, la tasa de natalidad de los extranjeros nos supera, aun siendo ellos menos. La explicación, por supuesto, es la del punto 2: los inmigrantes son, en general, más jóvenes, los fuertes de cada casa, que son los que emigran para poder enviar ayuda a sus familias en los países de origen.

5. Por lo que respecta al consumo de farmacia, la media está en 381 euros por persona y año. Pero la proporción entre autóctonos y extranjeros es casi de uno a cinco: 96,5 euros para los inmigrantes y 446,4 euros para los nacionales.

6. Normalmente, aparte de ser jóvenes que rondan los 30 años, ciertos malos hábitos como fumar o el sobrepeso, no están tan extendidos entre los inmigrantes.

7. Incluso numerosos extranjeros en situación legal en España, cotizando y pagando impuestos, no usan con demasiada asiduidad la sanidad pública al estar contratados en algunos de los sectores más precarios de la economía, lo que les dificulta hacer uso de algunos servicios en los horarios habituales de consulta. Por ello, normalmente suelen acudir más a Urgencias, aparte de que su pertenencia a las clases bajas y su nivel cultural les induzca a un mayor consumo de las prestaciones de urgencia ambulatoria y hospitalaria.

No digo que la sanidad sea un «derecho» (eso es otro debate) ni que no necesite reformas. Lo esencial es que, como en otras cuestiones, el Gobierno, siguiendo la agenda que le marcan desde fuera, solo se dedica a recortar gastos cómo sea, de lo primero que encuentre a mano, en este caso de la sanidad pública (junto con los ajustes que ya hizo a principios de año), en lugar de combinar un ajuste del gasto con un marco asistencial distinto, pero claro, expreso y con unos mínimos de calidad para todos. Parece lógico que se busque más equilibrio entre el coste y los tratamientos que reciben los extranjeros no regulados, pero cuestión diferente es inducir al miedo a que el sistema sanitario va a quebrar por la sobrecarga y la avalancha de extranjeros acudiendo a él (cuando, como he dicho antes, cada vez son menos) o dejar de prestar asistencia.

Y, desde luego, no deja de ser irónico que el Gobierno implícitamente mande el mensaje de que la culpa del colapso de la sanidad pública, como de otras cosas, es de los inmigrantes, como si, a la vista de las cifras, el gasto ocasionado fuera desorbitado, azuzando incluso sentimientos xenófobos, cuando precisamente es gobernando el PP cuando ha entrado en España la cantidad más ingente de extranjeros, sobre todo ilegales (el 11-M, no olvidemos, fue planificado y ejecutado por terroristas moros llegados a España gracias a esas políticas), desde luego, no en menor medida que con el PSOE, que es el partido que tiene la fama de «blandito» con la inmigración.

Motivos para atender médicamente a los inmigrantes, aunque sean ilegales, puede haber varios. Ya sea, el hecho de atenderles, por motivos pragmáticos: puede haber caso de que haya alguno que traiga alguna enfermedad autóctona de su país y, en ese caso, sería un riesgo no solo para ellos sino para los españoles. O ya sea simplemente por motivos humanitarios, aunque después se les repatríe.

Una cosa es que los inmigrantes ilegales y aquellos que queden en el desempleo sean devueltos a sus países de origen y otra que se les niegue asistencia médica, lanzando el mensaje de que son los causantes de todos los problemas. Muchos inmigrantes causan problemas, pero no todos los problemas actuales de España proceden de ellos.