CorruPSOE en Andalucía

Como lo prometido es deuda (dije en el hilo de comentarios de mi entrada sobre el “barcenazo” que a ver si me ponía e intentaba explicar de forma sencilla, si es posible, en qué consiste la trama de corrupción que tiene enfangada a Andalucía) aquí va la entrada sobre el “Caso ERE”, la gran trama de corrupción de la PSOE en el sur de España. También conocido popularmente como “ERE gate” o “Caso del fondo de reptiles”. Hasta ahora he dado caña con la corrupción en el PP pero esto no es en absoluto una compensación ni nada por el estilo. Solo quiero que en el resto de España sepan porqué, si se diera el milagro de que el PSOE algún día perdiera el poder, habría que hacer una desinfección en profundidad a causa de los olores nauseabundos que hubiesen quedado.

La historia empieza en 2001, cuando “la Xunta”, presidida entonces por Manuel Chaves, creó un fondo con el objetivo de respaldar económicamente a empresas con problemas y que tenían que presentar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Con el dinero de ese fondo se ayudaba a las empresas a realizar prejubilaciones o despidos de los trabajadores que fueran incluidos en esos ERE. Para el año 2011, el fondo había recibido 721 millones de €, y se preveía que el aprovisionamiento del mismo llegase a los 1217 millones.

Pero hete aquí que las investigaciones realizadas por la ya archiconocida juez Mercedes Alaya y la Guardia Civil han revelado irregularidades en la gestión de estos fondos: prejubilaciones presuntamente fraudulentas pagadas a personas que nunca han trabajado en las empresas afectadas (12,3 millones), subvenciones a empresas que nunca han presentado un ERE o, incluso, a personas que nunca han llegado a crear empresa alguna (73,8 millones) y comisiones muy por encima del valor de mercado a intermediarios entre “la Xunta” y los trabajadores, tales como compañías de seguros, consultoras, despachos de abogados o sindicalistas (se cree que puede ascender a 68 millones), con lo que el fraude podría ascender a más de 150 millones de euros.

De eso trata, en resumen, el famoso “Caso ERE”. Del fondo que ha sido conocido como el “fondo de reptiles”, después de que el ex director general andaluz de Empleo, Javier Guerrero, se refiriese así en una declaración ante la Policía Nacional en diciembre de 2010, la partida 31L de los presupuestos de la Junta de Andalucía, una parte habrá ido a prejubilaciones y despidos realizados legalmente, pero presuntamente otra buena parte se habría perdido por las alcantarillas y las cañerías de toda una maraña de individuos interpuestos, empresas pantalla, empresas ficticias, comisionistas variados, etc, sin que hubiese ningún control sobre cómo, cuánto y para qué se sacaba de ese dinero.

¿Cómo se destapó este caso?

Mediante una denuncia de los propietarios de la cadena de restaurantes “La Raza” de que los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce les habían pedido comisiones ilegales en nombre de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En unas cintas grababas se habla del pago de una comisión a cambio de otorgar una subvención para la creación de una escuela de hostelería. La investigación sacó a la luz la presencia de varios de los “instrusos” que he mencionado arriba en la lista de trabadores beneficiados por cuantiosas prejubilaciones subvencionadas por la Junta en el ERE de Mercasevilla, y es a raíz de éstas cuando Mercedes Alaya decidió investigar el ERE de Mercasevilla así como otros ERE de otras empresas, financiados igualmente con fondos públicos concedidos por el Gobierno andaluz. Así comenzó a destaparse toda la trama.

Supongo que en otras partes de España algo habrán oído sobre un “chofer cocainómano”. Bien, se trata de un tal Juan Francisco Trujillo, chófer del mencionado ex director general de Empleo, Javier Guerrero, uno de los imputados que ya ha pisado la prisión, quien declaró ante la policía que su jefe y él se gastaban parte del dinero de los ERE en comprar cocaína y en copas (si también se lo gastaron en putas lo ignoro, aunque no hubiese sido extraño). Según su declaración, el “camello” habría sido un tal Gregorio Martínez Piñero, también detenido, y quien también habría cobrado ayudas ilegales, y al que habrían intentado enchufar (posiblemente como agradecimiento por la buena calidad de la coca) en la empresa consultora Vitalia, según declaró Antonio Albarracín, ex directivo de esta empresa.

Según las investigaciones de Alaya y la Guardia Civil, todo se habría hecho con el beneplácito de “la Xunta”, es decir, no sería el trabajo de unos advenedizos al gobierno andaluz. El propio gobierno de Manuel Chaves (o “Manuel ChaveZ”, el que decía que cada vez que iba a Marruecos se sentía “como en casa”… y normal que este personaje tenga esa afinidad y esa querencia por Marruecos) se habría encargado de que esas subvenciones a empresas y trabajadores eludieran los protocolos ordinarios legales. Para ello, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el también ex consejero Antonio Fernández, que entonces era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmaron un convenio para darle aspecto de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica suponía saltarse todos los protocolos formales. Se firmó el 17 de julio de 2001. Y ello pese a que los interventores de la Junta (aunque no lo parezca, ahí dentro hay funcionarios de carrera que hacen muy bien su trabajo, pese a la peste nauseabunda que emana de las alturas) advirtieron de las irregularidades del convenio mediante informes remitidos al Consejero de Economía y Hacienda, quien por aquel entonces era José Antonio Griñán, el actual Presidente de “la Xunta”. El ex interventor general Manuel Gómez llegó a afirmar: «El procedimiento violentó los más elementales princios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero que deben presidir el actuar de la Administración».

Todas las ayudas concedidas de la partida 31-L (el “Fondo de reptiles”), por tanto, son ilegales, al tramitarse sin el procedimiento previsto en la Ley de Subvenciones (con lo que, en total, aparte de las cantidades que mencioné antes, se puede hablar de 1.217 millones de fraude, todo lo aportado al fondo, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas). Lo que la investigación judicial debe determinar es qué parte fue al fin previsto en el supuesto objetivo inicial del plan y qué parte se ha ido en prejubilaciones y despidos fraudulentos, por un lado, y comisiones infladas, por otro.

Tan alto llega la trama que entre los imputados hay ex altos cargos como Antonio Fernández (ex consejero de Empleo), Agustín Barberá (ex viceconsejero de Empleo), el mencionado de la coca Javier Guerrero (ex director general de Empleo), y los ex delegados provinciales de Empleo Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Rivas. Además está imputado también el ex diputado socialista y ex dirigente del PSOE de Sevilla Ramón Díaz. Guerrero y Fernández son los que ya han estado en prisión por este asunto de los ERE, aparte de Antonio Rivas, condenado por cobro de comisiones.

Justo antes de acabar el pasado mes de julio comenzó a materializarse la posibilidad de que el Presidente de “la Xunta”, Griñán, sea imputado, tras la declaración ante Alaya del ex interventor general, con lo que el caso tendría que elevarse a una instancia superior, al haber aforados entre los imputados.

Esto todavía va para largo, así que habrá que esperar a ver por dónde avanzan las investigaciones policiales y judiciales, pero estas notas que he dado, sin muchos nombres ni cantidades para no marear al que no conozca demasiado de la realidad andaluza, muestran una trama de corrupción más propia de un país latinoamericano. Por eso he dicho en alguna ocasión que el PSOE no es precisamente el más indicado para dar lecciones de ética y honradez absolutamente a nadie, como en el caso de Bárcenas y el PP, cuando mantiene un sistema en Andalucía de dependencia continua y de pobreza controlada de una parte de la población, mientras en torno a “la Xunta” se organizan estos tinglados fraudulentos de cientos de millones de euros. Fundamentalmente, en esta situación de pobreza controlada y dependencia tienen a la población rural, a la que han convertido en un lastre para la población emprendedora y profesionalizada de las ciudades (en todas las capitales de provincia andaluza gobierna la derecha). De hecho, por algo he pensado desde hace mucho es que, si hubiera una derecha liberal decente y en condiciones gobernando en España, una medida que debería poner en marcha es incentivar la población en las grandes capitales, a fin de ir despoblando el campo en Andalucía todo lo posible e ir dejando a la izquierda casi sin apoyo en el medio rural, así como fomentar la industrialización y el comercio en esas grandes capitales. No sería nada descabellado, pues pienso que el andaluz, en el fondo quiere ser libre, pero le cuesta salir del sistema que le ha inculcado la izquierda de que solo puede llegar hasta donde ellos crean conveniente que puede llegar. La mentalidad del dirigente izquierdista es que los andaluces más pobres con 400 euros para poder comer cada mes van bien apañados. Los “malvados” derechistas, por el contrario, lo que pensamos es que esa gente debe tener posibilidades y oportunidades de mejorar y tener mucho más que esa limosna, y que no tiene que conformarse con el nivel de bienestar que la izquierda cree que debe tener.