Allende: la verdad (II)

Segunda parte de la entrada anterior. Aquí seguiremos comprobando que las cosas no son tan simplonas como pudiera darnos a entender una película de Costa Gavras.

Estuvimos viendo cómo el gobierno de Allende comenzó con una apariencia de legalidad y sin mayores sobresaltos. De hecho, cuando el 21 de diciembre de 1970, Allende propuso una enmienda constitucional para autorizar la nacionalización de la industria del cobre, pese al carácter casi marxista de esta medida, la misma ya había sido intentada en el pasado por otras fuerzas políticas chilenas, hasta el punto de que recibió el apoyo unánime en el Congreso el 11 de julio de 1971. Sin embargo, pronto empezó a violar con sus acciones las leyes, el Estado de Derecho y la democracia chilenas, mientras acusaba a la oposición de ser la responsable de la desastrosa situación económica de Chile y de realizar actos «subversivos». A otra cosa no podía llevar la totalitaria ideología tanto de Allende como del conglomerado de partidos que le sostenían: el marxismo-leninismo. Es evidente que es imposible desarrollar una acción de gobierno respetuosa con la legalidad cuando el preciso objetivo que se busca es hacerla saltar por los aires y respetuosa, igualmente, con la oposición cuando la visión que se tiene de la realidad está estructurada en torno a la lucha de clases, en la cual, el objetivo es buscar constantemente el conflicto, la fractura y el enfrentamiento de cualquier forma, todo vale, hasta llegar enfrentamiento final que antecederá a la instauración de la dictadura del proletariado.

Más hemerotecas de la época: el presidente del Consejo Económico, Clodomiro Almeyda Medina, habla de la «necesidad» de instaurar una dictadura económica, ello en medio de una atroz crisis.

Más medidas revolucionarias de Allende. El 2 de marzo de 1971, el MIR hizo un llamamiento para ocupar las fincas sin reserva ni indemnización, sin que Allende pusiera objeción alguna. En septiembre de 1971, vetó la extensión de los canales de televisión a provincias, en un intento de amordazar a los medios de comunicación que le pudieran resultar incómodos. El 19 de marzo, la Cámara de diputados tuvo que dictaminar que la manera en que Allende estaba llevando a cabo la nacionalización de la banca era contraria a la ley. El 31 de diciembre de 1971 anunció su proyecto de nacionalizar la banca. En enero de 1972 creó unos «tribunales populares» a la manera cubana, a la vez que indultaba a terroristas de extrema izquierda. El 5 de febrero de ese año, anunció solemnemente que no era el presidente de todos los chilenos. Más claro no podía estar. Su objetivo, junto con el control de la banca y de la justicia, era el de los medios de comunicación. En mayo, se promulgó el «Decreto de requisición de empresas textiles», por el cual se permitía la ocupación de fábricas por parte de los trabajadores sin ningún tipo de trámite legal. En septiembre, numerosas fincas agrícolas eran violentamente ocupadas por bandas armadas envalentonadas ante la vista gorda de las autoridades, mientras la justicia decretaba la ilegalidad de cada una de las medidas del Gobierno.

Aquí vemos una de las muchas manifestaciones que en aquellos días solían desfilar desafiantes por las calles de Santiago, Valparaíso y Concepción, amenazando a la oposición al régimen con el paredón. Su grito favorito era: «¡los momios al paredón y las momias al colchón!»

En el régimen que estaba construyendo Allende, los chilenos pacíficos no tenían sitio. Mientras se intentaba dinamitar la libertad de expresión de la oposición, el marxismo-leninismo fue difundido ampliamente por medio de cientos de publicaciones, libros y revistas, algunos de origen soviético o cubano. Los Ministerios, las universidades e, incluso, los colegios contaban con la participación de instructores políticos extranjeros procedentes de distintos países del mundo socialista, mientras la Televisión Nacional (TVN) emitía programas especiales de adoctrinamiento ideológico, ambientados con hilo musical cubano.

Al aumentarse el salario mínimo en un 35%, de golpe, el paro se disparó. Era imposible que llegasen inversiones del exterior, al acosarse a las empresas y expropiarse compañías extranjeras. La ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo se redujo en un 95% y el Banco Export-Import, que previamente había autorizado créditos, los suprimió por completo. Se bloqueó la venta de repuestos y herramientas destinadas a los medios de producción, con lo que, en pocos meses, los vehículos que no podían circular por esta razón ascendían a varios millares. De la carestía de alimentos y otros bienes básicos que esto provocó ya he hablado en la entrada anterior. El socialismo es un romántico y bonito sueño y algo «chic» para imbéciles que no tienen que sufrir sus consecuencias. El caso es que esté sujeto debía sentirse como un iluminado satisfecho mientras construía su Cuba andina. Nada de esto debía importarle puesto que el medio de subsistencia del régimen habría de ser el mismo que Cuba: el subsidio soviético.

  Las reacciones «subversivas» de la oposición. La primera, en diciembre de 1971, en Santiago, la «marcha de las ollas vacías». Cinco mil amas de casa recorrieron la capital chilena protestando por la carestía y después haciendo ruido con cucharas y perolas ante el despacho del presidente. Durante 1972, las huelgas y las manifestaciones contra el Gobierno, protagonizadas por miles de ciudadanos de a pie que sufrían cada día la escasez, se multiplicaron, como el caso de los mineros de la mina de cobre de Chuquicamata o del carbón, de los envasadores de refrescos, de los fabricantes de electrodomésticos o de los propietarios de pequeños comercios. ¿Qué hizo Allende? Caldear y exaltar los ánimos con llamamientos a la violencia, afirmando en un discurso que «la juventud debe poner atajo a los fascistas» y que «si hubiera una guerra civil la ganaríamos». La mayor de las huelgas se produjo el 10 de octubre de 1972, cuando, ante el panorama de requisas arbitrarias e ilegales, los miembros de la Confederación Chilena de Propietarios de Camiones la convocaron, temerosos de ser las siguientes víctimas. La huelga produjo la paralización del país, al no recibir bienes de consumo las tiendas ni materias primas las fábricas por falta de materias primas. Allende decretó la ley marcial en un área de 500 kilómetros en torno a Santiago, estableciendo una precaria red de transporte basada en camiones militares y ordenó la detención de los líderes huelguistas por «sediciosos».

El 22 de agosto de 1973, ante la degradación a la que había llegado ya la democracia chilena, la Cámara de Diputados aprobó por 81 votos contra 47 un Acuerdo en el que se explicitaban los actos antiliberales, antidemocráticos y anticonstitucionales de Salvador Allende, ese «demócrata ejemplar» y «héroe de la libertad»:

«Considerando:

1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado;

2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que, en la práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;

3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición;

4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar;

5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;

6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;

7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:

a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en «resquicios legales», siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;

b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destinar a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y

c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho «tabla rasa» de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;

8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:

a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;

c) Ha violado leyes expresas y ha hecho «tabla rasa» del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un «juicio de méritos» a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;

9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República –un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa– el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;

10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas «cadenas» ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;

c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;

d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;

e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista;

f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 «tomas» ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de «tomas» de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;

g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;

h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;

i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;

j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado «Poder Popular», cuyo fin es sustituir a los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas;

12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros;

13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. señor Presidente de la República lo denominó «de seguridad nacional» y le señaló como tareas fundamentales las de «imponer el orden político» e «imponer el orden económico», lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República;

14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la Nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo;

15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

PRIMERO: Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5 a 12 precedentes;

SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;

TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional, y

CUARTO: Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización».

El golpe, la dictadura de Pinochet y la llegada de la democracia (¿se puede hablar de regreso viendo el proceder de Allende) serían otra historia pero respecto al trienio marxista: juzguen por ustedes mismos.